El objetivo es analizar la trasparencia en las relaciones Iglesia-Estado El Estado debe ser ‘indiferente’ a las ‘opciones de conciencia’ de los ciudadanos
Un estudio sobre el laicismo y las religiones en España denuncia la "total falta de transparencia" de las administraciones públicas sobre las cifras de financiación de las confesiones religiosas y, en especial, la Iglesia católica, que recibe "entre 7.000 y 10.000 millones de euros" anuales.
El "Anuario de la laicidad en España 2011", elaborado por la "Fundación Ferrer Guàrdia", detalla las relaciones Iglesia-Estado y la implantación y evolución de las distintas "opciones de conciencia" religiosas o no religiosas en España.
El estudio tiene como objetivo analizar la transparencia en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, observar "cómo la pluralidad de opciones de conciencia sufre en el espacio público y observar la tendencia social a lo largo de los años", ha explicado en conferencia de prensa el director de la Fundación, David Prujà.
La falta de transparencia y de unas "cuentas claras" con la Iglesia católica es una de las principales conclusiones del informe, que destaca que no es pública la cantidad de dinero que recibe la Iglesia a través del IRPF, ni lo que le cuestan al Estado los curas castrenses o los profesores de religión.
Tampoco "está agrupada ni es suficientemente pública" la cantidad de dinero que recibe el "entramado de instituciones católicas" en el sector educativo o sanitario, como tampoco se sabe qué le cuesta al Estado el mantenimiento del patrimonio cultural de la Iglesia.
Las aportaciones públicas para la celebración de actos culturales y litúrgicos, o para el funcionamiento de organizaciones asistenciales o de cooperación internacional, tampoco están detalladas públicamente.
"Todo ello resulta en un cálculo de unos 7.000 a 10.000 millones de euros anuales que la Iglesia utiliza para incrementar su influencia social de futuro e imponer su moral privada a la ética pública", ha denunciado Prujà.
El director de la fundación ha advertido, además, que estos cálculos no incluyen "las exenciones de impuestos de los que gozan la Iglesia y sus donantes", ni los costes públicos de la celebración de grandes actos como la visita del Papa a Santiago y Barcelona o la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud prevista para este verano.
"Habría que diferenciar si el papa viene como jefe de Estado o como líder religioso, si es esta opción, que se lo pague él", ha afirmado Prujà, quien entiende que la separación Iglesia-Estado supone que una autoridad civil pueda asistir a la inauguración de un templo, pero no asistir a un acto religioso en representación del Estado.
En su opinión, la laicidad del Estado "debe suponer la absoluta indiferencia del Estado y de la Administración de cualquier opción de conciencia de los ciudadanos".
