Un Estado laico y autónomo

No sólo esperamos que el Estado sea laico, sino que exigimos un Estado autónomo, capaz de dialogar con sectores sociales, religiosos, étnicos, culturales y de diversidad sexual.

En las últimas semanas nos hemos encontrado con una serie de declaraciones y manifestaciones de personas y grupos religiosos en las que demuestran su intolerancia y falta de respeto con la diversidad sexual. Haciendo alarde de una legitimidad que les ha dado, entre otras situaciones, la falta de legislación que proteja los derechos de lesbianas, homosexuales, transexuales y otros que fuera de la heterosexualidad se ven expuestos a estas verdaderas persecuciones y vulneraciones, impunemente.

Algunos piensan que los fundamentos religiosos deben regir el comportamiento social y determinar la moral de una sociedad, entonces, cuando existen grupos o personas que se salen de dichos parámetros, éstos son reprimidos, sometidos a una serie de discursos violentamente normalizadores y segregadores, pasando por distintos tipo de violencia, incluida la violencia física. Esto se llama fundamentalismo.

Me pregunto cómo se han validado estas prácticas que dan cuenta de un fundamentalismo religioso en la sociedad chilena, incrementándose en el último tiempo. ¿Será acaso la recurrente mención de frases basadas en la religión que pronuncia el Presidente en sus discursos oficiales? ¿Será la poderosa campaña mediática de algunas organizaciones religiosas que se hacen cargo de problemáticas sociales como la pobreza? ¿Será que toda la subvención en educación a entidades religiosas ha generado una incorporación de los discursos religiosos desde la niñez en los y las ciudadanos (as) chilenas (os)?

No sólo esperamos que el Estado sea laico, sino que exigimos que sea un Estado autónomo, capaz de dialogar con todos los sectores sociales, religiosos, étnicos, culturales, de diversidad sexual; como parte del multiculturalismo que conforma nuestra sociedad, no privilegiando ni haciendo eco de unos por sobre otros.

Las iglesias, en tanto organizaciones que conviven desde su lugar social y político, tienen el derecho de levantar su voz y opinar; lo que no es posible es aceptar que los dogmas de fe de ciertas religiones o grupos religiosos sean la base del debate público, pretendiendo imponerlos a quienes no comparten su fe.

Muchos grupos religiosos sufrieron discriminaciones en algún momento de la historia, cuando el monopolio de “lo religioso” lo concentraba una sola gran iglesia. Ahora, cuando la libertad de culto no es cuestionada, esperamos que nuestros (as) conciudadanos (as) de diversas religiones y/o grupos religiosos comprendan que esa libertad es amplia e inclusiva, que es principalmente una libertad que debe posibilitar la no vulneración de la dignidad humana, principio del Estado de derecho que rige nuestro país.

Entendemos que existen matices y diversos pensamientos dentro de las iglesias y organizaciones religiosas, de hecho, he leído hace poco una declaración de un grupo de sacerdotes argentinos que apoya el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, y sin ir más lejos, el Centro Ecuménico Diego de Medellín me ha invitado a un coloquio para conversar sobre la Iglesia, la crisis y lo que se viene, por cierto un encuentro lleno de respeto y voluntad de continuar dialogando.

Por esto, lo que debemos exigir es autonomía del Estado frente al lobby religioso y la capacidad de gobernar para todos (as) los (as) ciudadanos (as), entendiendo que la diversidad es una riqueza para nuestra sociedad y tenemos derecho a expresarla.

* Presidenta Movimiento por la Diversidad Sexual

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