Se demoró más de un año en construirla, pero finalmente Jorge Mario Bergoglio definió una respuesta política desde la burocracia vaticana para abordar el escándalo de los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.
El tema es uno de los mayores problemas críticos que diagnosticaron los cardenales cuando lo nombraron Papa, y también es una de las principales amenazas que un grupo de obispos le advirtió al jefe del Vaticano apenas asumió el trono de San Pedro. Fiel a las ambigüedades, el Papa Francisco fue amplio en la designación de los primeros ocho miembros de la Comisión para la Protección de Niños. El flamante equipo, conformado por cuatro hombres y cuatro mujeres, refleja los métodos de conducción bergogliana, con el nombramiento de un cardenal de estrecha confianza y experiencia en el tema, como el arzobispo de Boston Sean Patrick O’Malley, que lanzó una dura autocrítica sobre su clero y llegó a un acuerdo extrajudicial con más de 500 víctimas de abusos, a costa de quebrar su diócesis. El cura, que promovió la elección de Bergoglio como Papa junto a los demás representantes de la Iglesia norteamericana, es sólo una parte del equipo que incluye a la irlandesa Marie Collins, víctima de abuso en un país que mantiene un duro cruce diplomático con la Santa Sede por los informes Murphy y Collins, que revelan miles de casos, además de los esfuerzos del Episcopado irlandés por encubrirlos. La tutela doctrinaria estará a cargo de un amigo jesuita del Papa, como el sacerdote mendocino Miguel Yáñez, director del departamento de Teología de la Pontifica Universidad Gregoriana, que conoció al actual Papa durante los '70, cuando Bergoglio era provincial de la poderosa orden. Su rol, además de confirmar la decisión papal de incluir figuras de estrecha confianza para conducir esta crisis, demuestra la preocupación del Vaticano por incluir a un censor teológico, una figura habitual en la estructura del clero, que en este caso deberá afrontar los embates doctrinarios que recibirá esa comisión, perteneciente a un Vaticano que lleva décadas acusado de haber articulado órdenes administrativas para eludir la justicia terrenal en casos de pedofilia.
"Política sistemática"
La ONU publicó en febrero un muy duro informe sobre la actuación del Vaticano en los casos de abusos sexuales contra niños y exigió tanto el inicio de una investigación pública para poner bajo la lupa caso por caso como también la expulsión de los religiosos pedófilos, algo que generó malestar en el Vaticano y que motivó que calificara de "anómalo" el informe.
En un hecho inédito, el organismo había señalado que la Santa Sede adoptó políticas sistemáticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de chicos durante décadas. Además, pidió que la Iglesia modifique sus posturas respecto del aborto, los derechos de los homosexuales y el uso de anticonceptivos. Elaborado por expertos del Comité de los Derechos del Niño, el informe denunciaba que "la Santa Sede no reconoció el alcance de los crímenes cometidos, no tomó las medidas necesarias para abordar los casos de abusos y proteger a los niños, y adoptó políticas y prácticas que llevaron a que los abusos continuaran".
Para el Vaticano, la ONU "superó los límites de su área de competencia". El día siguiente a la presentación, el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi dijo que la ONU se había dejado "influir" por ONG contrarias a la Iglesia.
Las organizaciones de víctimas de abusos como La Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP, en inglés) y La voz de los sobrevivientes, son permanentes activistas contra la pederastia. Incluso, antes de la elección del nuevo Papa, presentaron listas de obispos vinculados con casos de abusos o señalados por encubrir a los responsables, pidiendo que fueran excluidos como candidatos a ocupar el trono de San Pedro.
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