La semana pasada se publicaba en prensa que la Fiscalía, tras realizar sus propias diligencias de investigación, considera que el acuerdo aprobado por Comprimís, PSOE y Canviar Xeraco-Podemos puede ser constitutivo de un delito de odio.
En el citado acuerdo se llamaba al boicot de los productos fabricados en Israel debido al conflicto que mantiene con Palestina, dicho acuerdo ya se calificó por la Fiscalía contrario a derecho al vulnerar “derechos fundamentales recogidos en la Constitución a la igualdad; la no discriminación; la libertad religiosa y de culto, y a no ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o creencias de cada uno”.
De hecho, un juzgado ya lo anuló a través de una sentencia en la que expuso que “hubo un abuso del poder institucional para poner la administración al servicio de ideas programáticas, discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales del conjunto de ciudadanos”. La novedad es que el Ministerio Público aprecia que se pudo cometer un delito de odio contra el pueblo de Israel y deberá ser el juzgado quien deba dirimir las oportunas responsabilidades.
El portavoz municipal del PP de Xeraco, Avelino Mascarell, ha declarado que “es momento que el ejecutivo municipal pida perdón y zanje este asunto a la mayor brevedad, sus creencias ideológicas no pueden afectar a la imagen de Xeraco en el que la inmensa mayoría de los ciudadanos somos tolerantes y abiertos a todas las personas vengan de donde vengan” añadiendo que “estaría bien que el gobierno dejara las cuestiones ideológicas en su casa y se dedicara a trabajar por los xeraqueros ya que sus ocurrencias solo causan problemas de imagen para el municipio, problemas con la justicia y los ciudadanos de Xeraco no ven beneficio alguno”.
