La reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega al Vaticano es uno de esos acontecimientos que confirman ese dicho popular de que la vida da muchas vueltas. Cuando a principios de la primera legislatura Zapatero le encargó a Fernández de la Vega las relaciones con la Santa Sede, todo el mundo pudo sospechar que le pasaba una patata caliente. Por entonces, los obispos lanzaban a los suyos a la calle contra el matrimonio homosexual y el divorcio exprés porque el Gobierno de Zapatero era poco menos que el diablo encarnado de Ejecutivo con talante. El cisma entre la Conferencia Episcopal y el Estado español, antaño tan católico, parecía inminente.
Pero al cabo del tiempo, Fernández de la Vega se ha convertido en la vicepresidenta española que más visitas ha cursado a la Santa Sede y también la que ha establecido el marco financiero que más beneficia a los obispos, con parte de ese 0,7% del IRPF que desvía cada año desde las arcas de Hacienda hacia la Iglesia y que en 2008 supusieron nada menos que 252 millones de euros.
El trato de privilegio y la generosa dotación pactada mantienen a la Iglesia española en clara dependencia financiera del Estado español, lo que, en principio, podría hacer pensar que es el Vaticano el que debía velar por mantener las mejores relaciones con su pagador. El viaje de la vicepresidenta a Roma tenía, sin embargo, como principal objetivo presentar una petición oficial para que el Papa accediera (como hizo) a una reunión con Zapatero en su próxima visita a España; una reunión que no estaba prevista, dado que se trata de una visita pastoral.
Como, en efecto, la vida da muchas vueltas, Fernández de la Vega ha establecido con el Vaticano unas relaciones tan cordiales que ha hecho desaparecer mágicamente cualquier contencioso bilateral. Así lo aseguró tras ver al cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado vaticano. Está pendiente la Ley de Libertad Religiosa que tanto molesta a la Iglesia. La política negó que el proyecto esté parado, pero dijo que no es una prioridad. Así que el Vaticano puede estar tranquilo: basta con que eche un vistazo a los sondeos de intención de voto.
