La institución católica ha asumido pecados en el Holocausto, la dictadura argentina y la persecución de pentecostales, pero no por el golpe del 36, la Guerra Civil, las delaciones y la represión en España.
El papa, en una entrevista en la Cope, ha pedido esta última semana a España que se reconcilie con su propia historia, especialmente del siglo XX. La pregunta de Carlos Herrera había sido sobre Cataluña, pero Francisco se desvió hacia la historia para señalar lo que a su juicio es la “clave”: “No sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo del siglo pasado. Y si no lo está, tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia”. Pero, ¿está la Iglesia “reconciliada” con su propio papel en el convulso siglo XX español? La trayectoria de la institución –cómplice de la represión y hermanada con el franquismo–, su estatus actual –erigido sobre privilegios con origen en la dictadura y a los que la jerarquía se aferra–, su trato a las víctimas y su resistencia a oficializar un perdón y reconocimiento de culpa que sí ha emitido en otros casos indican claramente que la propia Iglesia no está a la altura del listón que pone el propio pontífice.
Complicidad con el franquismo
La historia no sólo sitúa a la Iglesia del lado de los sublevados contra la República, sino que muestra su consustancialidad con el régimen franquista. La jerarquía católica fue un elemento determinante del bloque de fuerzas que socavó la República desde su proclamación. “Enemigos de la Iglesia y del orden social”, clamaba contra los republicanos en 1931 el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura. “Cuando se produjo el levantamiento militar, salvo algunas excepciones, la Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo pronto en una Cruzada. Durante la guerra civil y a su término, la jerarquía denunció la cruenta persecución a que habían sido sometidos sus sacerdotes y religiosos en la España republicana durante la guerra, mientras silenciaba larepresión”, sintetiza el historiador Francisco Moreno Sáez.
“España será católica o no será”, proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, en otra frase imprescriptible. En 1937, la Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero consagró el apoyo sin ambages de la Iglesia a Franco: “Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional”. Acabada la guerra, Pío XII telegrafió un mensaje a Franco: “Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España”. Más tarde, el papa nombró “protocanónigo” al “Caudillo”.
El Vaticano aportó a Franco reconocimiento y legitimidad desde primera hora. El régimen respondió con una legislación educativa (1945) e hipotecaria (1946) a la medida de la institución católica. El hermanamiento culminó con el acuerdo bilateral de 1953, el Concordato, consagrando un régimen de total confesionalidad. Con este acuerdo bilateral, Franco “compraba un privilegio para él muy valioso”, el “título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia”, escribe en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974)Alberto de la Hera, que fue director general de Asuntos Religiosos con José María Aznar. El general ferrolano arrancó además al Vaticano el artículo VI, que obligaba a los curas a elevar preces diarias por el Caudillo.
Múltiples historiadores han acreditado la complicidad estructural de la jerarquía católica con Franco, como Francisco Espinosa y José María García Márquez en Por la religión y la patria (Crítica, 2014). La Iglesia fue parte del aparato represor. La justicia militar de posguerra se sirvió de curas junto a falangistas, guardias civiles y alcaldes. Julián Casanova, en La Iglesia de Franco (Crítica, 2001), narra cómo la Iglesia se apresuró a apoyar a los sublevados, ofreciendo su bendición a la política de exterminio. La guerra fue considerada por la Iglesia un “plebiscito armado”. Y ganó su candidato, Franco, “Caudillo de España por la Gracia de Dios”, como decían todas las monedas acuñadas desde 1946.
Como escribe Casanova, la jerarquía participó desde 1943 en la “farsa” de las Cortes franquistas y se hizo presente en las más altas instituciones del Estado. Franco, añade el historiador, “murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia”. Benedictinos y dominicos pidieron su canonización.
Cabría preguntar: ¿Está la Iglesia reconciliada con su historia en el siglo XX español?
Madrid, 17-3-1943.- Franco, durante su discurso en la sesión inaugural de las Cortes Españolas. EFE/ Hermes Pato/jt
Herencias y privilegios
Juan José Tamayo, profesor emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid, conecta las reticencias de la jerarquía a la petición de perdón por su papel en el franquismo con el hecho de que, aún hoy, disfruta de privilegios con raíz en la dictadura. “Es una causa fundamental”, señala el también secretario general de la asociación teológica Juan XIII. ¿Cómo interpreta el autor de La Internacional del odio las palabras del papa? A su juicio, “deberían ser entendidas” como una llamada de atención no sólo a la sociedad española, sino también a la propia jerarquía, que “dio apoyo al golpe de Estado y legitimó la dictadura durante casi 40 años”. “La jerarquía y los grupos integristas”, entre los que menciona a la Asociación Católica de Propaganidstas, el Opus Dei y los “movimientos cristoneofascistas” actuales, han sido, a su juicio, uno de los actores clave en el déficit de reconciliación en España. “Y no sólo –añade– en la sociedad española, sino también en el seno de la propia Iglesia, ya que la jerarquía ha rechazado el diálogo que desde los años 80 le ha ofreciendo el movimiento comunitario de base”.
El actual estatus educativo, simbólico, económico e institucional de la Iglesia en España sería impensable sin el Concordato, reformado –jamás derogado– entre 1976 y 1979, cuando adoptaron la forma de cinco acuerdos. El primero es el marco jurídico, de 1976, es decir, preconstitucional y todavía vigente. Dionisio Llamazares, en su artículo Los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, considera “vértice del sistema” y raíz de su inconstitucionalidad, por generar de facto una confesionalidad encubierta y cincelar en el BOE que “la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica”. Jamás la jerarquía católica ha hecho amago de querer renunciar a un estatus erigido antes de la democracia.
Los otros cuatro son temáticos: 1) jurídico, 2) Fuerzas Armadas, 3) educación y cultura y 4) economía. La casilla de la Iglesia –unos 300 millones anuales de dinero público para la Iglesia–, los profesores de Religión y capellanes pagados por el Estado, las múltiples exenciones fiscales… todo ello tiene origen en unos acuerdos cuya primera pieza es de 1976, mientras las tres siguientes están fechadas el 3 de enero de 1979, hace ahora 40 años, tan sólo 29 días después de la aprobación de la Constitución en referéndum. Aunque cronológicamente caen dentro de la democracia, lo cierto es que los contactos para el cambio del Concordato venían de finales de los 60 y obedecían a una lógica propia de relaciones Estado a Estado, como se concluye de la lectura del artículo Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1976), de Alberto de la Hera.
La parte del trato que corresponde a la Iglesia, la autofinanciación, sigue siendo un mero “propósito” incumplido. Los acuerdos también recogen la “voluntad” de la Iglesia de poner al servicio de la sociedad su “patrimonio documental” . No obstante, han sido frecuentes las quejas de historiadores, entre ellos los que investigan los crímenes del siglo XX. “A pesar de que funcionan con subvenciones, estos archivos son privados y el acceso está controlado y decidido por ellos”, señala el historiador Francisco Espinosa, especializado en la guerra y la represión. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pone el énfasis en el mismo punto: “La Iglesia, por su posición, debe tener gran cantidad de información sobre víctimas que no han dejado rastro judicial”.
Las masivas inmatriculaciones de bienes de la Iglesia también tienen su origen en legislación franquista, concretamente en la Ley Hipotecaria de 1946, rematada por su reglamento un año después. La normativa permitía a las autoridades de la Iglesia inscribir por vez primera en el registro –inmatricular– un bien, necesitando sólo para ello una certificación de la propia diócesis. Es decir, el obispo se convertía en fedatario público: parte sustancial, funcionarial, del Estado, con potestad para apropiarse de bienes públicos en virtud de su propia palabra. La Iglesia utilizó su privilegio al menos hasta 2015 y no ha renunciado a los frutos del mismo. Es más, se aferra con toda su fuerza a ellos.
¿Aportaría algo a a “reconciliación” que defiende el papa una renuncia de la Iglesia a privilegios heredados del franquismo?
Falta de perdón
La Iglesia, que hasta 2019 mantuvo enterrado con honores a Franco y aún mantiene así a Queipo de Llano en Sevilla, se ha resistido a pedir oficialmente perdón por su papel como institución en la Guerra Civil, la represión y la dictadura. Estuvo cerca en 1971, en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que votó esta propuesta: “Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación“. Hubo un voto favorable mayoritario, pero no se llegó a los dos tercios exigidos, con lo que la propuesta no se incorporó a las conclusiones. Hace 50 años.
Tumbas de Queipo de Llano y esposa en el interior de la basílica de La macarena de Sevilla
Desde entonces, la esencia de la versión oficial se resume en esta frase de 2000 de Juan José Asenjo, siendo portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE): la Iglesia fue durante la guerra “sujeto paciente y víctima”. Bajo el liderazgo de Antonio María Rouco Varela, en 1999 fue aprobada la tesis episcopal sobre la guerra, que evitaba la autocrítica: “España se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia. No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia […]. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes”. En 2006, durante el debate que desembocaría en la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la Conferencia Episcopal publicó sus Orientaciones morales ante la situación actual de España, en las que alertaba de una “mentalidad selectiva” que “abre de nuevo viejas heridas”.
Algo más conciliador, Ricardo Blázquez, siendo presidente de la CEE en 2007, afirmó que “en el decenio de los treinta” hubo “actuaciones concretas” de miembros de la Iglesia contrarias al Evangelio. Y hasta ahí. Lo demás han sido declaraciones vagas o aisladas: en 2009 la Iglesia vasca pidió perdón por su silencio ante el fusilamiento de 14 sacerdotes nacionalistas entre 1936 y 1937. En 2013 el entonces cardenal arzobispo de Barcelona, Martínez Sistach, lanzó este tuit:
De los errores que los miembros de la Iglesia hayamos podido cometer en un pasado más o menos lejano los obispos humildemente pedimos perdón
— Cardenal Sistach (@sistachcardenal) October 25, 2013
¿Suficiente para considerar que la Iglesia ha contribuido a la “reconciliación? No, a juicio de la plataforma por la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de 100 asociaciones de memoria y solicitó en 2013 en una carta al papa Francisco que la Iglesia pida perdón por su apoyo a Franco. Además, acusó a la institución de “ensalzar a unas víctimas con beatificaciones y canonizaciones en masa y olvidar a las de la represión franquista”. El ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos(Taurus, 2018), de Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, apunta a un diagnóstico parecido al señalar que “la jerarquía eclesiástica ha logrado que se reconozca a sus víctimas”, mientras –exceptuando salvedades en Navarra– “esa misma jerarquía se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas“. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explica que, por su experiencia, la Iglesia ha hecho una “lectura política” durante todo el proceso de recuperación de víctimas, dándose el caso de religiosos exhumados asesinados por los franquistas que no han recibido el tratamiento de “mártires” de las víctimas en suelo republicano.
infoLibre preguntó a la Conferencia Episcopal cuál consideraba su “posicionamiento de referencia”, a lo que respondió remitiendo a su colección documental desde 1966.
“En España, desde el intento del 71 que no salió adelante, se perdió la posibilidad” de una petición de perdón, opina Ángel Luis López Villaverde, autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013). A su juicio, las palabras del papa son “correctas” y “bien intencionadas”. ¿Pero? “El problema es que son muy ambiguas, una buena iniciativa que no va más allá. Hay que darles contenido. Y no sé si en la jerarquía española alguien lo hará”, expone. “Roma –afirma– hace mucho tiempo que va por delante de la jerarquía católica española”.
Las reticencias de la Iglesia a pedir perdón por el franquismo contrastan con su abundante caudal de autocrítica sobre otros episodios de la historia. ¿Ejemplos? Ha habido desde 1992 hasta cuatro públicos reconocimientos de culpa por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante la colonización de América Latina. “Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Pido humildemente perdón”, solemnizó Francisco. Juan Pablo II hizo en 2000 la petición de perdón más profunda de la milenaria historia de la institución.
“Los cristianos han incumplido el Evangelio y, cediendo a la lógica de la fuerza, violado los derechos de etnias y pueblos […]. Nunca más ofensas hacia ningún pueblo, nunca más recurso a la lógica de la violencia, nunca más discriminaciones, exclusiones, opresiones, desprecio hacia los pobres y los desposeídos”. No hubo referencias al caso español. En otras ocasiones sí ha habido asunciones de culpa por hechos particulares. En 1998 el Vaticano –otra vez con Juan Pablo II– hizo un “acto de arrepentimiento” por su insensibilidad ante el Holocausto. Más contundente aún fue la Iglesia argentina en 2000 en la autocrítica sobre sus “pecados” durante la dictadura de la Junta Militar (1976-1983). El papa actual, Francisco, pidió perdón en 2015 a los evangélicos pentecostales por las persecuciones que sufrieron durante la época fascista de Benito Mussolini. Cuatro años después pidió perdón al pueblo gitano durante un viaje a Rumanía.
A España el papa le pide que se reconcilie ella misma con su historia. Pero es la Iglesia la que tiene margen para dar pasos por sí misma hacia ese propósito.
