La consejera de Educación del Gobierno vasco exige explicaciones al obispo Munilla por las palabras pronunciadas acerca de la educación de la juventud en la homilía de la misa de San Ignacio. Palabras que la consejera, junto con el diputado general de Guipúzcoa y demás autoridades civiles, escucharon directamente porque estaban allí, sentaditos en el primer banco de la basílica, prestando con su presencia un valor oficial a un acto puramente cristiano y eclesial.
Pues bien, si a la consejera le inquietan o desagradan las palabras del obispo, a los ciudadanos conscientes de los derechos que nos garantiza la Constitución nos inquieta y desagrada su presencia en ese acto en representación del Gobierno. Y pedimos también explicaciones públicas, aunque no a la Iglesia por sus particulares opiniones, sino a nuestro Gobierno que se postra dócilmente ante el altar de una confesión religiosa. Pedimos explicaciones porque se están conculcando nuestros derechos más básicos a la libertad de conciencia, los que nos garantizan que el ámbito público no estará contaminado por ninguna creencia religiosa.
El actual Gobierno vasco pareció entender adecuadamente al principio lo que implica la laicidad del Estado, o al menos pareció respetarla en el acto bajo el árbol de Gernika. Pero cuando las críticas nacionalistas y vasquistas a su laicidad arreciaron, decidió en forma temerosa que 'había que respetar la tradición', y esa tradición mandaba que el gobierno se postrara de rodillas ante el santo patrón de Guipúzcoa, igual que manda que el alcalde de Bilbao acuda a mostrar pleitesía a la Virgen de Begoña en las próximas fiestas, o que el monarca se abrace al apóstol guerrero.
En una memorable entrevista en ETB el invierno pasado, Patxi López demostró la confusión mental y política en que está instalado en esta materia al decir que «como particular era una persona agnóstica, pero como lehendakari debía respetar la tradición». Cuando precisamente lo que le exige su condición pública es abandonar para siempre una tradición de mixtura premoderna de lo político y lo religioso, lo que le exige su condición de representante público es respetar la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Pero ya se sabe, para nuestros vasquistas confesos una tradición, aunque sea incompatible con la aconfesionalidad del Estado, es más respetable que los derechos de la ciudadanía. No sea que les acusen de antivascos, antitradiciones, o comecuras, que eso cuesta imagen y votos en el paisito.
Que los obispos españoles defiendan sus opiniones conservadoras sobre la educación no es ya motivo de escándalo. Estamos acostumbrados a oirlas y a no escucharlas. En cambio, que el gobierno de un estado laico acuda sumiso a escucharlas porque lo dice la tradición nos causa escándalo y repugnancia a muchos ciudadanos. Porque pone la tradición por encima de los derechos de la ciudadanía.