La Constitución de 1978 define a España como un Estado aconfesional, pero que los colegios e institutos públicos sigan teniendo la obligación de ofertar la asignatura de religión, ahora también evaluable y determinante para solicitar becas, es uno de los ejemplos más palmarios de que, como afirma el catedrático en Teología Juan José Tamayo, “no se ha hecho la transición religiosa”.
“La presencia de la religión en las aulas y la laicidad del Estado siguen estando pendientes”, añade Evaristo Villar, portavoz de la plataforma Redes Cristianas, que agrupa a más de 200 comunidades de cristianos de base en España.
Ambos expertos lamentan que ningún partido político de los que ha gobernado este país haya denunciado los acuerdos de 1979 con la Santa Sede que obligan a los centros públicos a incluir la religión en sus planes educativos desde la etapa de Infantil. De ahí, el escepticismo “absoluto” de Tamayo sobre la posibilidad de que algún día haya un Ejecutivo central “valiente que termine con los privilegios de la Iglesia Católica“.
“En ese sentido, no soy creyente sino absolutamente escéptico”, sentencia el catedrático, que pide que esto se recuerde a la hora de ejercer el voto en las próximas elecciones generales y sea un “criterio fundamental” a la hora de meter la papeleta en la urna. En la misma línea se manifiesta Villar: “Ojalá algún día quien gane las elecciones anule cuanto antes estos acuerdos antidemocráticos que se redactaron de forma previa y al margen de la Constitución. Lo mejor que le puede pasar a esta Iglesia es que sea pobre y renuncie a sus privilegios, que no tienen ni pies ni cabeza”, dice tajante el sacerdote.
La incredulidad de estos estudiosos responde a años de promesas incumplidas por parte de “todos los partidos”. El resultado es que ven la escuela pública laica como “un imposible”. Al menos, mientras la sociedad se mantenga “acrítica” y los gobernantes sigan “apuntalando” a la jerarquía eclesiástica como, a juicio de Tamayo, hizo la vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, a la que acusa de haber realizado incluso “ostentación pública desde el punto de vista político y gubernamental de su buen trato con la Iglesia”.
El portavoz de Redes Cristianas advierte, además, de que no se trata sólo de que el partido que gobierne se decida a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, sino de que quiera asumir el coste de ponerse “a una gran mayoría en contra”.
La Constitución, ¿la solución o el problema?
Para Tamayo, el origen de este ‘mal’ está en la Constitución de 1978. Aunque el artículo 16.3 asegura que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, a continuación señala que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.
El teólogo recuerda que, a esta “contradicción patente”, hay que sumar lo recogido en el artículo 27.3, donde se garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones”. “Es decir, que el propio texto constitucional ya limita la posibilidad de que exista una escuela pública laica”, resume.
A este mismo artículo 27.3 apela el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, pero para defender que la asignatura se ofrezca de forma obligatoria en todos los centros públicos. “Después que cada padre elija, que para eso es voluntaria, pero que haya para quien la quiera”.
En su opinión, el Gobierno del PP se ha quedado corto convirtiendo la asignatura en evaluable porque, pese a ello, no se le da “el mismo nivel que al resto de materias” y, en etapas educativas como el Bachillerato, esta enseñanza “queda a merced de la opción libre de las comunidades autónomas e incluso de los centros, lo que supone su práctica desaparición”.
También la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha tachado de “insuficiente” el tratamiento que se le da a la asignatura de religión en la Lomce y ha exigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que establezca un mismo horario en todo el país, ya que comunidades como Andalucía, Asturias, Canarias y Galicia han decidido reducir al mínimo posible la materia. En Ceuta y Melilla ha sido el propio Ministerio de Educación el que ha fijado en 45 minutos la impartición de la asignatura.
Con todo, quizás lo más relevante de las palabras del portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, es que también se haya quejado, aunque desde la perspectiva eclesiástica, de que “el tratamiento de una manera adecuada del hecho religioso en el ámbito escolar todavía no está resuelto en nuestro país a pesar de todo este tiempo de consolidación de la vida democrática”.
El fondo no está en los contenidos
Para el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ni el cambio que va a introducir la Lomce en la evaluación de la asignatura ni el “revuelo mediático” que se ha montado en torno a los contenidos de la misma (se exige a los alumnos de Primaria, por ejemplo, que reconozcan “la incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la felicidad” o, a los de Bachillerato, que se “esfuercen por comprender el origen divino del cosmos”) es, sin embargo, lo más importante.
“Al fin y al cabo (todavía) es voluntario asistir o no. Los padres/madres pueden decidir si a sus hijos e hijas se les educa en la magia y/o en la razón (…) Lo trascendente e importante es que la religión confesional sigue presente en la escuela por decisión política de unos y otros, con ciertas complicidades sociales y sindicales”, recalca.
En esa complicidad social ha jugado y juega un papel determinante eso que llamamos tradición. Un gran número de familias optan por matricular a sus pequeños en religión no por convicción sino para evitar su estigmatización. “Nadie quiere que su hijo sea el único de la clase que no da religión”, explica un padre.
“El problema fundamental es que la alternativa a la religión se plantea en muchos centros como una asignatura residual, que no tiene libro de texto ni programa”, se queja otra madre de dos niños de 3 y 8 años. En el colegio público de sus hijos, a los que no cursan religión les llaman “los alternativos” (“modernitos, no de forma peyorativa”, aclara) y sólo en la etapa de 5º y 6º de Primaria son casi tan numerosos como los que dan clases de religión. Según explica, muchas familias ya ven como una ventaja que a sus hijos, que en esa edad ya tienen exámenes casi semanales, no se les obligue a memorizar oraciones y realicen más excursiones y visitas de carácter cultural que los de religión.
Puede que sea una de las causas por las que sigue descendiendo lenta pero paulatinamente el número de alumnos matriculados en religión. Según datos de la CEE, en 1996 un 75% del alumnado de Primaria de los centros públicos elegía la religión. Este martes, los obispos reconocían que, en este curso 2014-2015, la cifra descendió hasta el 62,7% en esta misma etapa. En las superiores, el descenso es más significativo: sólo el 36,8% de los alumnos de ESO la cursaron y apenas un 24% en Bachillerato.
El presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (Feper), Jesús María Losada, cree que el problema del planteamiento actual de la asignatura es que es “excesivamente catequética” y tiene como fin “la adherencia“ por parte del alumno, algo que rechaza.
Pese a ello, Losada defiende la inclusión de la religión en el currículo escolar “no para adoctrinar sino para enseñar cultura de las religiones”, algo que considera “fundamental” para que después cada estudiante, en su fuero interior, decida si quiere creer en alguna de ellas y por qué.
