Subsidio fiscal daña educación pública

    El subsidio a escuelas particulares es una medida equivocada y regresiva, que constituye una inversión de recursos públicos hacia la educación privada y no así al sistema de educación pública, señaló el conferencista y editorialista Pedro Salazar Ugarte, en entrevista con el director de Ecos de la Costa, Adalberto Carvajal.
    “Es una medida regresiva en lo económico, derechizante en lo ideológico y que socava los fundamentos de la laicidad”, dijo el autor de “La educación y la legalidad” (Cal y Arena, México, 2008), para quien este decreto supone, al final, una exención de impuestos: el retorno de impuestos a los contribuyentes.
    No sólo eso, implica una erogación de dinero público, pues el Estado dejará de percibir una parte de los recursos que tenía programados. Y quienes se verán beneficiados serán los planteles que brindan y ofrecen educación privada.
    “Esto, claro, beneficia a un grupo de familias mexicanas. El problema es que beneficia a esas familias en detrimento del sistema de educación pública y de aquellas que por necesidad o decisión han adoptado este sistema de educación pública para enviar a sus niños a la escuela”.
    Es también regresivo desde el punto de vista del proyecto educativo nacional, que está trazado en el artículo 3º de la Constitución, el cual supone no sólo la gratuidad de la educación, sino también la laicidad de la misma, agregó el académico del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM.
    Para Salazar, la carta magna establece en el derecho a la educación una orientación inspirada en el progreso científico, ajena a los fanatismos y perjuicios, e inspirada por principios muy precisos como la paz, la cooperación internacional y el pleno desarrollo de las personas.
    “Es una agenda de contenidos educativos a la que en primerísimo lugar están obligadas las escuelas y el sistema de educación pública, y de la que de alguna manera se encuentran desvinculadas las instituciones privadas”.
    Luego entonces, trasladar recursos públicos a este sector que brinda educación por privados, que no están directamente vinculados con esos principios, “es claudicar en responsabilidades fundamentales estatales, como el garantizar un piso igual, plural de colectivización de la convivencia en condiciones de recreación de la diversidad social que sólo puede brindar la escuela pública”.
    Puntualizó: “La escuela pública es un espacio de socialización de las diferencias, por ello debe salvaguardarse. Sin duda, tiene defectos y problemas, mas por eso debe atenderse de la mejor manera para resolver un problema”.
   
    Tendencia a la privatización educativa:
    Esta medida, dijo el doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, no es más que una tendencia a la privatización de la educación; la aplicación de un viejo discurso de la derecha en el mundo que supone un desprecio por las instituciones estatales y, también, un perjuicio frente a la intervención del Estado en áreas estratégicas.
    Es también una agenda de contenidos sustantivos, pues hay una agenda conservadora detrás, muy vinculada con intereses de una Iglesia, como una manera de fortalecer espacios de educación en los cuales no se observa ni se respeta el principio de laicidad, y donde los contenidos educativos pueden recrear las creencias religiosas de las familias y de los directivos de las escuelas, cuando la laicidad debe ser un principio fundamental del Estado Mexicano que por lo mismo debe predominar en el espacio de la escuela.
    “Es por tanto una medida regresiva en lo económico, derechizante en lo ideológico y que socava los fundamentos de la laicidad”.
    Enfatizó que esto anuncia una preconcepción sobre la calidad de la educación: si se premia a un padre de familia que haya optado por una escuela privada, en lugar de invertir más recursos en la escuela pública, se está inclinando la balanza de preferencias al sector privado.
    Es una manera de sacarle la vuelta al Artículo 3º Constitucional, de desconocer dos principios elementales del sistema educativo mexicano, que son la gratuidad y laicidad.
    De esta forma, mientras la gratuidad que significa que los ciudadanos no tengan que invertir recursos de su propio bolsillo para que sus hijos tengan educación de calidad, con el subsidio el Estado está claudicando de una obligación que tiene esta administración y las futuras, por mandato constitucional, fallando a la garantía del derecho de los niños y de las niñas.
   
    Nuevo sindicalismo magisterial:
    Para Pedro Salazar, dar la toma de nota a otro sindicato magisterial es más coincidente que concurrente de una política deliberada del gobierno federal en contra del SNTE.
    “A veces dudo que los administradores de la cosa pública actual tengan una planeación estratégica; es concederles mucho. No he visto en esta administración una inteligencia estratégica e integral para enfrentar los distintos problemas nacionales. Por ello cuesta trabajo pensar que en este tema, para bien o para mal, (la toma de nota al SITEM) forme parte de una operación en conjunto”.
    Salazar Ugarte ejemplificó la improvisación gubernamental señalando que la gestión de los grandes problemas nacionales parte de un diagnóstico compartido en muchos temas, “de un diagnóstico fácil de comprender, donde se sabe de la existencia de rezagos en materia de seguridad, en materia social, problemas con el sistema educativo nacional, pero lo que no se ve es que se estén ofreciendo respuestas integrales, coherentes y de largo plazo en ninguno de estos rubros. Hay sólo acciones aisladas de las que se puede interpretar un poco su dirección, pero que adolecen de la coordinación necesaria para poderlas llamar políticas de Estado”.
    El SNTE, dijo el analista, es un problema o una fortaleza para el sector educativo, “dependiendo del modo en que se mire. Si se mira desde la perspectiva de la construcción de una institucionalidad organizada del magisterio a lo largo del tiempo, se puede decir que el Sindicato permitió llegar al país hasta donde está como organización civil. Pero si se ve como un obstáculo para una nueva vocación de organización de cara a la construcción de una democracia, es un problema”.
    Pidió encontrar una manera en la que el proceso de transformación y modernización política del país permita conservar las instituciones, siempre y cuando las mismas estén dispuestas a entrar en dinámicas y lógicas democráticas. “Y no tenerle miedo a ningún tipo de libertad, en el caso de optar por distintas propuestas sindicales”.
    Asimismo, indicó que el problema no está tanto en centrarnos en un solo foco, sino en mirar al conjunto del sistema educativo. “La manera en la que se ha articulado la relación del sindicato con el Estado, hoy no es constructiva para el país.
    “Hay qué encontrar el mecanismo que permita que los derechos ganados de los trabajadores se mantenga, que el peso y la política de una organización sindical siga teniendo voz, pero, al mismo tiempo, que las dinámicas y las lógicas estén regidas por principios democráticos, de derechos y libertades y que no se pierda de vista que la obligación fundamental del gobierno, de los actores políticos y, sobre todo, del propio sindicato, es colocar la educación de las futuras generaciones en el eje de su misión estatal”.
    Al ver el conjunto actual, concluyó, “hay un problema de intereses encontrados, cuando la responsabilidad de todos los actores es encontrar una solución que tenga como eje, prioridad y única justificación de existencia el sistema educativo nacional”.

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