El concepto de educación como servicio público está en peligro; esta denominación, que viene siendo atacada por la derecha educativa, ha encontrado ahora el respaldo de organizaciones que dicen reivindicar lo público como eje del sistema de
En el informe que la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado presenta al Pleno de este órgano, que se reúne los próximos días 26 y 27 para debatir y dictaminar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), se recoge la propuesta de dejar de considerar a la "educación como servicio público" y pasar a denominarlo "educación, servicio público y social".
Esta propuesta, que quizá constituya el mayor ataque conceptual que ha recibido la educación entendida como derecho de toda la población en nuestro país, fue aprobada a instancias de representantes de la derecha y las patronales en la Comisión Permanente del Consejo, con el voto a favor de FETE-UGT y de CEAPA, con la abstención de la representación del MEC y de CCOO y con el único rechazo del representante de STES-intersindical.
La Educación es un servicio público que deben garantizar los poderes públicos, según se refleja en la Constitución Española, artículo 27.5; resaltar que la educación es, además, un servicio "social" implicaría que se trata de una obligación compartida y que el Estado puede desentenderse de la misma, aunque le venga marcada por la Constitución en dicho artículo. La "iniciativa social" no es otra cosa que el eufemismo utilizado para referirse a la privatización de la enseñanza.
Este cambio, que en ningún modo sería ingenuo ni casual, se llevaría a cabo además en un momento de acalorado debate en toda Europa, con los principales movimientos sociales y organizaciones progresistas
intentando frenar la liberalización de la educación y la sanidad en los acuerdos de la OMC y en la famosa directiva Bolkestein de la Unión Europea, cuya entrada en vigor ha sido de momento aplazada, por el rechazo que ha suscitado.
Es por todo ello que la Confederación de STEs-intersindical hace un llamamiento a todas las organizaciones con representación en el CEE, para que no permitan que se institucionalice esta denominación, que justificaría el abandono por parte del Estado de una de sus obligaciones fundamentales: garantizar que la educación siga siendo un servicio público y un derecho de toda la ciudadanía.
