No es fácil determinar si la promesa de una Constitución Moral, hecha por el “nuevo Caleb”, Andrés Manuel López Obrador, es tan solo una maniobra electoral destinada a asegurar el voto de quienes, cansados de la impunidad actual en el Estado, ponen su esperanza en una revolución amorosa en las instituciones públicas, o bien si el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” está convencido de ser El Elegido para esta misión (lo que sería, tal vez, aún más preocupante) . Lo que sí es seguro es que este planteamiento traduce la profunda indiferencia de su promotor respecto a todo aquello relativo al Estado laico, a pesar de reclamarse de la tradición juarista.
De acuerdo con el artículo 40 de la nuestra Constitución, México es una “República representativa, democrática, laica y federal”. Ello significa, de consonancia con el artículo 130 de la Carta Magna, que el Estado y todas sus dependencias son separados de las iglesias, y que los mandatarios y los servidores públicos en general, se encuentran sujetos a un deber de imparcialidad respecto de las creencias y filosofías particulares. Uno de los aspectos más importantes de un Estado laico consiste en que el poder público no se origina de una fuente divina o sagrada, sino en el pueblo, quien confía en el gobierno del Estado para que en su nombre ejerza esa soberanía en aras de la defensa de las libertades. Desde este punto de vista, la laicidad, entendida como régimen político-jurídico, organiza la autonomía recíproca entre la esfera política y la esfera religiosa para asegurar a las personas plena libertad para definir sus convicciones fundamentales y proyectos de vida, sin interferencia de otras instituciones, grupos o individuos.
Así las cosas, la propuesta de redacción de una Constitución moral plantea severas dudas en el marco de un Estado que pretende respetar por igual todas las morales particulares. Tanto más cuando el aspirante a la Presidencia de la República hace alarde de sus creencias religiosas y lanza esta convocatoria durante su toma de protesta como candidato del Partido Encuentro Social (PES), un partido manifiestamente evangélico, cuya existencia misma parece poner en jaque a la trayectoria laica del Estado mexicano. Ante este panorama, es difícil no ver en la Constitución moral un serio peligro para nuestro orden secular y sus libertades, en particular, las de los grupos en situación de desventaja como las mujeres y el colectivo LGBTI, cuyos derechos son objetos de constantes embates por parte de los sectores conservadores de inspiración religiosa.
Es importante recordar, en este punto, que la utilización de discursos y símbolos religiosos para fines políticos, de proselitismo y de propaganda electoral es prohibido por nuestra Constitución y por diferentes disposiciones secundarias, en particular, en la legislación electoral. A esta interdicción corresponde la de los ministros del culto injerirse en los asuntos electorales, en particular, realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Se busca de esta manera trazar una línea entre el espacio de los ciudadanos –lo político- y la esfera de los creyentes –la religión, y evitar la manipulación de los sentimientos religiosos de la población, en un país que sigue caracterizándose por una fuerte religiosidad y sobre todo, por la constante intromisión de la iglesia histórica en asuntos meramente políticos. La simple idea de una Constitución moral, desde esta perspectiva, diluye considerablemente la diferenciación de esferas y trae el peligro de imponer una sola moral, cuando el Estado laico es garante, precisamente, de todas las morales.
Desde la perspectiva del Derecho, esta Constitución abre también interrogantes respecto de su naturaleza, vinculatoriedad y relación con la Constitución política y demás textos jurídicos. ¿Acaso nuestra Carta Magna, al garantizar los derechos humanos de todas y todos, no constituye ya un sólido sistema de garantías éticas? Compartimos, por lo tanto, la opinión de quienes afirman que más que un nuevo texto, lo que necesita el país es el cumplimiento cabal del ordenamiento jurídico. Ante la degradación política que vive México, el llamado a los valores religiosos constituye sin duda una tentación grande para nuestros políticos en déficit de legitimidad. De hecho, la propuesta misma de una renovación moral a nivel nacional encuentra resonancia con el born again evangélico, la idea de un renacimiento en la fe de Jesucristo. Pero si bien es cierto que México necesita cambios profundos, la solución no pasa por un pacto moral sino político. Dejemos que Montesquieu tenga la última palabra: “Que lo que llamo virtud en la república es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. No se trata de una virtud moral ni tampoco de una virtud cristiana, sino de la virtud política”.
*Pauline Capdeville es Coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” de la UNAM sobre Laicidad.
*Danariel Curiel es Becario de servicio social de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” de la UNAM sobre Laicidad.
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