El título de esta nota es el de un documento publicado por el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. En dicha investigación se analizan las percepciones de las personas católicas de Lima “en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica y la influencia que esta institución puede tener en sus propias vidas”. Su lectura es altamente recomendable, por la seriedad del asunto tratado y la realización del trabajo de sondeo e interpretación.
En la edición del viernes de este diario, Ciro Maguiña, decano del Colegio Médico del Perú, explica que los médicos que atienden a adolescentes no pueden proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva, ni darles métodos anticonceptivos, sino están en compañía de sus padres. Si alguien los denuncia, ¡podrían ir presos! “Se trata –explica– de un problema de salud pública. Si llega a nosotros un adolescente con una enfermedad de transmisión sexual (ETS), no se le puede dar un preservativo y seguirá contagiando a otras personas, es algo perverso”. Sin duda lo es.
Todo este despropósito letal está vinculado a la penalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, que va en contra de la realidad. Los adolescentes comienzan su sexualidad cada vez más temprano. Actualmente el 39,2 % lo hace antes de los 18 años. Esa penalización, del 2006, no ha servido para nada: el embarazo adolescente se ha incrementado desde entonces. Es obvio que esta medida retrógrada, como muchas otras, proviene de la presión de las autoridades más conservadoras, ligadas a la Iglesia católica.
En la encuesta citada, ¿qué dicen los católicos de a pie? Más del 90 % considera indispensable que en secundaria se enseñe la importancia y los usos de los métodos anticonceptivos. Esto se debe a la necesidad de prevenir embarazos no planificados y las ETS entre los adolescentes. ¡Precisamente lo que la ley prohíbe a los médicos! Asimismo, el 80,7 % de los católicos piensa que es importante promover el uso del condón para evitar y prevenir el VIH.
El gobierno actual no solo tiene que enfrentar conflictos socioambientales. También debe hacerse cargo de estas disposiciones retrógradas, como la influencia de la Iglesia en el debate acerca de la anticoncepción oral de emergencia e incluso la despenalización del aborto, en caso de riesgo. Es decir que la Iglesia católica está claramente desfasada no solo de la tendencia mundial –recordemos que en la mayoría de países del Primer Mundo el aborto está despenalizado en todos los casos–, sino de su propia grey nacional. Lo más grave es que este conservadurismo entrometido en la sexualidad de la gente arruina vidas, enferma y mata.
La Iglesia puede opinar lo que le parezca, pero el Estado no tiene por qué hacerle caso. Al Estado solo debe preocuparle la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía. Esperemos que en este aspecto atrasado de nuestra legislación podamos sacudirnos de esa injerencia reaccionaria, de ese odio contra el deseo y el placer, mientras encubre la pederastia de sus sacerdotes, todo lo cual los propios católicos desaprueban.
