Tres son los grandes dilemas políticos que han marcado la historia contemporánea de España: Monarquía o República, Federalismo o Centralismo y Estado laico o confesional. La Constitución de 1978 intentó zanjar mediante un gran acuerdo nacional estos aspectos, pero lo cierto es que sólo en el primero de ellos se ha llegado a una configuración que siga satisfaciendo a una amplia mayoría. Por otra parte, mientras que el debate sobre el federalismo sigue siendo intenso, la discusión sobre la separación de las iglesias y el Estado resulta incómoda pues se representa, falsamente, como un ataque a una religión particular, o todas en general.
Nuestra Constitución, y las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional exigen que el Estado, desde la más pequeña administración local pedánea hasta la Corona, se abstengan de promover o reprimir cualesquiera confesiones, creencias o cosmovisiones particulares. Pero lo cierto que es que este principio se vulnera a diario, en nuestros Ayuntamientos, en nuestras fiestas, en nuestros Colegios y Universidades.
Como un trinquete, paso a paso, estos ataques a la libertad de conciencia vienen imponiéndose mediante una política de hechos consumados; valga el siguiente ejemplo: el Ayuntamiento de Motril acuerda en días pasados (año 2004) declarar festivo el ‘Día de los Terremotos’, en que se conmemora la protección de la Virgen en los terremotos de 1804. ¿Por qué no conmemora un hecho histórico, civil, con el que puedan identificarse todos los motrileños en vez de una tradición que pertenece al ámbito de las creencias de algunos?
En democracia, el límite al poder de las mayorías y los poderosos son los Derechos Humanos y ninguna votación puede establecer discriminaciones, positivas o negativas, por razón de religión.
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