El senador electo por Barcelona Joan Comorera, del grupo parlamentario Unidos-Podemos ha vuelto a la carga contra los grupos provida. En su perfil de Twitter, ha insistido de nuevo en pedir al Gobierno que investigue lo que él denomina “acoso y coacción de grupos antiabortistas frente a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo”.
Así, el parlamentario sostiene que diversas clínicas del “territorio del Estado dedicadas a la interrupción legal del embarazo están denunciando situaciones de acoso y coacción por parte de grupos antiabortistas a mujeres que acuden a dichas clínicas”.
Coartando su libertad
Comorera aseguró en una pregunta parlamentaria al Gobierno que pequeños” grupos se colocan normalmente uno o dos días por semana, en dichas clínicas y “abordan e interceptan a mujeres coartando su libertad e intimidad”.
En opinión del senador las actuaciones de estos grupos – que nunca los define como provida- “limitan el derecho de las mujeres que acuden a la clínica a su derecho a la salud”, y según siempre su versión “los afectados se quejan de la pasividad de la administración ante tales hechos”.
Para el senador, el Gobierno debería adoptar algún tipo de medidas para evitar este tipo de situaciones.
Operativo policial
La respuesta del Ejecutivo de Sánchez remitía al papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, cuando son avisados, realizan las investigaciones oportunas remitiendo, si cabe, dichas investigaciones a los juzgados o al ministerio Fiscal.
Además, si se tiene conocimiento de que estos grupos están cometiendo algún acto ilícito, con amenaza, coacciones o daños, “obstaculizando el libre derecho de otros derechos, se dispondrá del operativo policial correspondiente para garantizar la seguridad y el orden público”.
A pesar de esta respuesta, el senador de Unidos-Podemos, coincidiendo con la manifestación Sí a la Vida, ha vuelto a pedir que se investigue.
