Los obispos `intervienen´ las jornadas de la organización docente y vetan a sus ponentes
Los obispos quieren intervenir en todo lo que ocurre en el catolicismo español, o, al menos, que se les consulte antes de organizar nada. La última víctima de esa vocación de control son Escuelas Católicas, la marca de la poderosa Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA). Propietaria de 2.630 centros donde estudian 1.399.499 chicos a cargo de 117.446 personas, entre profesores y personal administrativo, la FERE es el 15,2% del sistema educativo y el 59,2% de la escuela privada concertada. La jerarquía quiere saber de sus pasos, sin contemplaciones.
Esta vez, el objeto del seguimiento es Escuelas Católicas, que organiza cada año unas jornadas de reflexión por las que han pasado 35.000 docentes en los últimos cinco años, hasta ahora sin problemas. Las de este curso, sin embargo, bajo el título Cartografías de la fe, no han obtenido el placet de los prelados. Motivo aparente: el no haberles consultado (nunca se había hecho). Causa principal: el que entre los ponentes hay personas que disgustan a la jerarquía. Tras semanas de idas y venidas y de tiras y aflojas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha impuesto sus condiciones y Escuelas Católicas las ha aceptado a regañadientes.
Para calibrar el nivel del conflicto, basta con leer entre párrafos los comunicados cruzados entre la CEE y Escuelas Católicas. Se quejan los obispos de que “ninguno había sido informado de las jornadas” que iban a celebrarse en sus diócesis y de los “contenidos y los ponentes”. Lo dice el tercer punto de la nota oficial de la CEE, al dar cuenta de la rectificación de Escuelas Católicas, acogiendo “la propuesta [de los prelados] con espíritu de comunión eclesial”, una vez introducidas “las modificaciones de contenidos y de ponentes pedidas”. Añade la CEE: “Es de esperar que, en el futuro, actividades pastorales como estas jornadas, con incidencia tan destacada en la Iglesia, sean programadas con el consentimiento de los obispos diocesanos”.
Escuelas Católicas, efectivamente, aceptó el rapapolvo con deportividad, después de reunirse su secretario general, el marianista José María Alvira Duplá, con el presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis en la CEE, el obispo Casimiro López Llorente. Habrá jornadas, pero con control estricto. Del programa inicial, ya impreso, se caen todos los ponentes menos uno y se fijan condiciones para el futuro.
Todo empezó en el arzobispado de Oviedo, cuyo pontífice, el franciscano Jesús Sanz Montes, tiene jurada aversión a la federación de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, que son casi todas las presentes en España (jesuitas, salesianos, teresianas, escolapios, mercedarias, agustinos, sagrados corazones y un largo etcétera). Fue Sanz, muy cercano al presidente de la CEE, el cardenal Antonio María Rouco, quien abrió la caja de los truenos prohibiendo en su territorio eclesiástico las jornadas de Escuelas Católicas, anunciadas allí para este fin de semana. Poco después, siguió su camino el arzobispo de Granada, Javier Martínez.
El comunicado de Escuelas Católicas sobre la actitud de Sanz Montes resume el tono del conflicto. “Ante la postura del arzobispado, Escuelas Católicas, fiel a su sentido y pertenencia a la Iglesia, ha decidido no celebrar estas jornadas en Oviedo. No obstante, como cada año, desde hace 22, continua apostando por la celebración de las jornadas de pastoral, organizadas desde la sede nacional en colaboración con las sedes autonómicas. Escuelas Católicas lamenta esta situación que afecta a una labor que cada año se organiza desde la institución con la mejor voluntad y con la idea siempre presente de servicio a la Iglesia y a la escuela católica. Desconoce en profundidad las razones que han motivado el desacuerdo, pero está abierta al diálogo para exponer el sentido de estas jornadas”.
El cruce de reproches a través de Internet no se hizo esperar cuando los medios católicos se hicieron eco de la noticia, sin disimular la sorpresa. “Más de un prelado ha afeado a Sanz su persecución a los religiosos, después de que la Plenaria [de la CEE] vetase su nombramiento como responsable de Vida Religiosa. Es lástima que una persona tan espléndida en algunos aspectos actúe, en ocasiones, de una forma tan menor”, editorializó Religión Digital. “Cuando un pastor tiene miedo, lo que hace es encerrar a sus ovejas en el corral y darles allí la comida que él cree que es la mejor”, decía otro medio.
Lo cierto es que el baculazo del arzobispo Sanz, sin consultar con sus colegas (o eso se dice) ponía en aprietos al resto de los prelados en cuyas sedes había también programadas jornadas. ¿Mantendrían la misma intransigencia sus obispos? La solución fue salomónica. Se leería la cartilla a Sanz por actuar por libre, comprometiendo al resto, pero Escuelas Católicas debía rectificar su programación, para guardar las apariencias de un acuerdo en el que las dos partes cedían.
El conflicto tiene otros frentes. En realidad, se trata de un golpe de mano definitivo del cardenal Rouco y sus incondicionales por el control de los principales resortes del catolicismo español.
Son conocidos los desencuentros de la CEE con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que agrupa a casi 70.000 frailes y monjas, y con la FERE. Su presidente es ahora el jesuita Elías Royón y sus relaciones con Rouco son relativamente pacíficas (quizás por inexistentes). Pero, años atrás, los conflictos arreciaron cuando los religiosos, que pisan más la calle y las aulas que los obispos, se negaron a secundar los radicalismos de los prelados.
La implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía fue el último detonante. Frente al posicionamiento combativo de Rouco, que predicó la objeción de conciencia y el rechazo total, Escuelas Católicas optó por el entendimiento y un cierto pacto, a cambio de que el Gobierno de Zapatero les dejase libertad para aplicar la asignatura en cada centro. Ello disgustó sobremanera a los obispos y Manuel de Castro, salesiano, que dirigía entonces la FERE, salió del cargo asqueado (aunque aclamado por su organización en pleno). Fue sustituido por Juan Antonio Ojeda, religioso de la Salle, que abandonó pronto, también espantado por el ambiente en el que debía trabajar.
Hubo que buscar el sustituto en Roma, donde Alvira Duplá venía ejerciendo labores en la curia de la Compañía de María. Se buscaba, sobre todo, a un hombre puente de dialogo entre la FERE, el Gobierno y el episcopado, en la idea de que hay obispos dispuestos a alejarse de las tesis de Rouco en busca de acuerdos.
Así que en el plan por controlarlo todo (y que sepa de ese control el pueblo de Dios), ahora le ha tocado el turno a Escuelas Católicas. Los arietes de Rouco han sido los arzobispos de Oviedo y Granada. Al fondo, además, el interés en que lleguen a buen puerto las negociaciones que mantienen el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el secretario y portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Rouco, Juan Antonio Martínez Camino.
Lo que los obispos piden (más bien, exigen) al Gobierno es mejorar el estatus de la asignatura de Religión, un control más cómodo de los nombramientos y despidos de sus docentes de catolicismo y la eliminación radical de Educación para la Ciudadanía con la imposición de una asignatura alternativa a la religión con dificultad suficiente como para facilitar que el alumnado prefiera apuntarse a clase de religión. También reclaman más facilidades para ampliar la educación concertada religiosa. A estas negociaciones no ha sido invitada la FERE, que toma el desplante como la confirmación de que Rouco y su portavoz quieren meter mano en todo lo relacionado con la enseñanza.
En ese mar revuelto de poderes, el conflicto con Escuelas Católicas por las jornadas de pastoral es lo de menos, pese a su aparatosidad. Más allá de conferencias y ponentes vetados a capricho, lo que busca la jerarquía es poner de manifiesto la tensión que existe entre el episcopado y Escuelas Católicas, para aviso de otras posibles (y supuestas) indisciplinas, y que quede constancia pública de cómo en el conflicto se ha impuesto la hoja de ruta episcopal. Por eso, el comunicado final de los obispos pone en el tejado de FERE la cuestión difícil: están probando a Escuelas Católicas para ver si se avienen al diálogo (no siempre lo han hecho), pero a la vez los están atando corto. Y la federación de religiosos sabe que ha de mostrar “una actitud profética para seguir en comunión”, consciente, sin embargo, de que esa actitud “no puede ser la de un cadáver”. Así se expresaba el viernes pasado uno de los afectados.
Podría pensarse que lo programado este año por Escuelas Católicas se sale de lo común. No lo parece. Se trata de una más de tantas jornadas ya clásicas, en las que han participado decenas de miles de profesores ante ponentes de diversa procedencia, aunque casi siempre alineados con tesis pedagógicas más avanzadas. Colectivos de católicos conservadores siempre las han mirado con recelo, pero, por ejemplo, en los últimos años del mandato de Manuel de Castro, el tema central, con un Gobierno socialista, fue la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y se hizo piña con él. Además, el episcopado solía acudir a clausura de las jornadas, de las que tenían información con antelación, “aunque sin necesidad de tener que pedirles permiso”.
Este año, los anunciados como ponentes eran Serafín Béjar, teólogo y párroco en Granada; la monja Lucía Caram, dominica contemplativa de Manresa; Emilio Pinto, maestro y psicoterapeuta; Juan Rubio, sacerdote, escritor y director de la revista Vida Nueva; Carmen Barba, profesora de cartografía moral en La Salle, y Denis Rafter, director teatral. Después del “peinado episcopal”, como con sorna dijo ayer uno de los afectados, se mantiene en el programa el director de Vida Nueva y el dramaturgo Rafter. El teólogo Béjar y la profesora Barba se retiran “por motivos personales”.
“Se ha alcanzado una postura de consenso. Pero, ojo, solo después de que los ponentes vetados por el arzobispo Sanz ofreciesen a los organizadores de las jornadas su salida para que estas se pudieran celebrar sin mayores problemas. La solución no ha venido por parte de los obispos, sino de los agraviados, Lucía Caram y Emilio Pinto, que han demostrado, una vez más, que es más importante el evangelio que la norma, y la libertad que el baculazo. Y que a veces, también en la Iglesia, la mejor victoria está en conservar la dignidad. Grandes personas, ambos, frente a obispos, como en este caso Sanz, bajo mínimos”, reprocha a los prelados el escritor católico Jesús Bastante.
Pese a los mensajes de normalidad expresados desde la CEE, las heridas que deja el conflicto son evidentes. En una circular de Escuelas Católicas, sin hacer referencia al veto, se dice: “Siempre hay imponderables e imperativos que nos ayudan a comprender y aceptar los cambios oportunos que se han producido a última hora, ajenos a nuestra voluntad, pero sí en consonancia con nuestro espíritu de diálogo y aceptación de sugerencias que nos llevan, por este año, a dar un formato diferente a las XXII Jornadas. Seguiremos celebrándolas con el mismo empeño, fidelidad y deseo de servicio educativo-pastoral en este año de la fe. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Y menos, la luz de la verdad. Que por nuestra parte no quede el intento serio de comunión en la caridad y en la verdad”.
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, durante una misa celebrada el pasado mes de mayo. / ALBERTO MORANTE (EFE)
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