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Rouco arenga contra la ´imposición´ de Educación para la Ciudadanía

El cardenal, que animó a la objeción, abrió el curso de la Diócesis y del seminario Edith Stein, iniciativa del arzobispo de Granada

La inauguración de curso en la Diócesis granadina supuso ayer el nacimiento del Instituto de Filosofía Edith Stein, iniciativa del arzobispo Javier Martínez, que estuvo acompañado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.

"Si se enseñara de verdad Educación para la Ciudadanía", dijo como conclusión de su conferencia en torno a la nueva asignatura obligatoria el arzobispo de Madrid, José María Rouco Varela, "estaríamos ante la paradoja de que uno llegaría a la conclusión de que esta asignatura no es válida", debido a que vulnera, según cardenal, el artículo 27 de la Constitución en su apartado 3 ("los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones").

Rouco Varela hizo gala, ante un salón de actos del seminario granadino repleto de oyentes, de su dominio de la terminología jurídica (fue profesor en Munich y Madrid de Derecho Canónico) con una conferencia trufada de citas legales e históricas. La inauguración oficial de curso que presidió ayer en representación del Papa Benedicto XVI estuvo precedido por una misa concelebrada por el propio cardenal y el arzobispo granadino Javier Martínez en la iglesia del Monasterio de la Cartuja. Este acto supuso el inicio formal de actividades tanto del seminario diocesano de San Cecilio como del Seminario Diocesano Misionero ´Redemptoris Mater´ Nuestra Señora de las Angustias y San Miguel, el Instituto de Teología ´Lumen Gentium´, la Escuela Universitaria de Magisterio ´La Inmaculada´, el Patronato ´San Juan de Ávila´ y el Centro Cultural ´Nuevo Inicio´. El arzobispo de Granada destacó en su breve intervención la falta aún de memoria del Instituto teológico ´Edith Stein´ que nace también con este curso, una iniciativa personal del actual arzobispo que supone, en la práctica, una opción doctrinal dentro de la archidiócesis a la facultad de Teología de Granada, centro educativo aperturista regido por la Compañía de Jesús que, tan sólo un día antes, había inaugurado su curso con la notoria ausencia del arzobispo granadino y el apoyo explícito del obispo de Guadix.

Este instituto de filosofía fue respaldo así por un peso pesado del ala conservadora de la Iglesia. A lo largo de una hora, el purpurado expuso sus tesis en torno a la incompatibilidad de la nueva asignatura con la enseñanza doctrina de la Iglesia y el ideario de los colegios confesionales, una incompatibilidad que dividió en cuatro apartados.

El cardenal arrancó su exposición en los orígenes de la limitación del poder del Estado con la Revolución Francesa y el primer reconocimiento de una carta de derechos humanos, cuyo sustrato, dijo, "es cristiano, como lo es la matriz cultural de Europa, que luego se trasladó a América". La declaración Universal del siglo XX nació también, recordó, en un momento en que los totalitarismos nazi y soviético negaron que "hubiera un derecho anterior al Estado". A partir de entonces, argumentó, "la misión del Estado pasa a ser la protección de los derechos de las personas".

Su argumentación continuó con la explicación del porqué el cardenal cree que la asignatura de ´Educación para la ciudadanía´ ("una denominación que me parece aceptable", adujo) cuestiona el ejercicio de derechos fundamentales. "El problema es que la Ley Orgánica que la dicta no enumera los contenidos, que", continuó, "desarrolla el gobierno, legislando más allá de lo que es el mero comportamiento cívico, llegando a entrar a explicar lo que es el hombre, sus principios morales y sus finalidades". A su juicio, esta asignatura "no trata de formar ciudadanos", una intención neutra a la que en principio no se opondría el cardenal, sino que "intenta una cuestión más grave: formar personas".

En consecuencia, Rouco Varela, se preguntó si el Estado puede "vulnerar" con la "imposición de una asignatura obligatoria" los derechos de los padres que protege la Constitución en el mencionado artículo.

De ahí se derivaría la "incompatibilidad ética y jurídica de la asignatura con el ejercicio de estos derechos", una colisión que debe ser contestada por los padres católicos con la "lógica objeción de conciencia", extensiva a los directores de colegios confesionales, aunque eximible para los propios docentes, cuya libertad de cátedra reconoció muy limitada, aunque no eludió apuntar el "delicado problema de conciencia que se les puede plantear al saberse instrumento para la lesión de un derecho".

El deseo de "unidad de criterio" en el testimonio público de los católicos y la fácil solución de este contencioso surgido entre la Iglesia y el Estado con el sencillo "retrotraimiento de la asignatura a su propia definición de ´educación para ser ciudadanos´" coronaron una exposición de las objeciones que la jerarquía eclesiástica plantea a una asignatura frente a la que se invita, como quedó claro en la exposición del cardenal, a la rebeldía del católico frente a la imposición educativa del Estado.

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