El Consejo de Estado no ve fundamentos legales en la medida
Muchos diputados sarkozystas soñaban con una Francia ideal en la que los policías echarían a correr detrás del 0,006% de mujeres francesas que llevan burka o velo integral islámico, para multarlas y meterlas en la cárcel. Pero el Consejo de Estado, máxima instancia jurídico-administrativa y asesor legal del Gobierno, les ha despertado con una ducha fría.
Ningún fundamento jurídico permite instaurar una prohibición global del velo integral en las calles; ni un supuesto deseo de proteger los derechos de la mujer ni un supuesto deseo de garantizar la seguridad, argumentó el Consejo de Estado.
El dictamen de la semana pasada, hecho público ayer, es un extenso informe que fue solicitado a primeros de enero por el primer ministro, François Fillon, deseoso de conocer la "viabilidad legal" de una "prohibición del porte del velo integral", que sea "lo más extensa posible", pero "sin herir a nuestros compatriotas de confesión musulmana".
El dictamen fue solicitado por el primer ministro, François Fillon
Hablando claro: tras una misión parlamentaria sobre el velo integral que llevan unas 2.000 francesas, un nutrido grupo de parlamentarios exige una ley de prohibición total. No obstante, Fillon sabe que, si se convierte en responsable de una ley así, pronto podría verse condenado por la Corte Europea de Derechos Humanos por discriminación, y pasar a la Historia con esa etiqueta. De ahí que Fillon pidiera y no era una obligación un dictamen previo del Consejo de Estado.
Leyes y normas suficientes
El órgano consultivo ha sido tajante a la hora de frenar los ardores de los ultras del sarkozysmo. "Ningún fundamento jurídico parece lo suficientemente sólido como para justificar una prohibición general del velo integral como tal", subrayan los expertos.
El informe tumba todas las supuestas necesidades de orden público
Ni las supuestas necesidades de orden público, aducidas por los sarkozystas que decían querer evitar posibles atentados cometidos por enmascaradas, ni la lucha pro laicidad, que los conservadores decían querer promover, ni contra la discriminación de género, lema recurrente de la derecha. En todos esos terrenos, recuerdan los expertos, ya existen leyes y dispositivos suficientes para cada situación precisa.
Por ejemplo, subraya el dictamen, para prohibir que una mujer enmascarada se lleve, a la salida de la escuela, a un niño que no es suyo, existe una ordenanza ministerial. Para impedir que, en Correos, una mujer con burka se lleve un giro bancario indebido, existe una nota de servicio. Para verificar la identidad de un votante, ya existe un artículo del Código Electoral.
Y, obviamente, en materia de control policial, ya hay todo un arsenal legal para quitar la máscara. Por no mencionar la ley que ya prohíbe, desde 2004, el porte de "símbolos religiosos" en los centros educativos. O leyes desde 2000 que vetan los símbolos religiosos en los servicios públicos y locales administrativos.
Castigar la imposición
En materia de sanciones, los expertos aconsejan que una mujer que no se quite el velo cuando debe hacerlo en una situación precisa, sólo sea sancionada con medidas de "mediación", es decir visitas de un servicio social.
Por el contrario, los juristas sí son partidarios de reforzar el arsenal legislativo contra un marido, familiar o vecino que obligue a llevar el velo integral a una mujer. Propone una tipificación específica de ese delito, que sería condenado con multas y penas de cárcel.
