Resolución sobre Laicidad de la Conferencia Política del PSOE 2011

COMENTARIO: Sin entrar en un análisis de las propuestas, sólo hacer constar su concepto de laicidad "positiva o inclusiva", cuando la laicidad no admite calificativos, o la hay o no la hay, similar al que viene defendiendo el señor Ratzinger. Algo que se asemeja más a un multiconfesionalismo, derivado de la diversidad de creencias, no se tienen en cuenta las convicciones de libre elección, que no tienen por qué ser religiosas, que a una verdadera laicidad. Mantiene los Acuerdos y por tanto la religión en la escuela, la financiación privilegiada, mantenimiento de privilegios comunitarios,… y ningún avance al respecto. Palabras que no sabemos a quienes pretenden engañar después de ocho años sin avanzar.

Nada recoge de nuestras propuestas para avanzar hacia un Estado Laico.


RESOLUCIÓN SOBRE LAICIDAD, CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

(2/10/2011)

Más laicidad para una mejor convivencia en la diversidad

En otro orden de cosas, la política del gobierno socialista ha significado un avance en laicidad. El logro más importante ha sido la aprobación de leyes fundadas en la moral pública y en la soberanía de las instituciones que legítimamente representan a los ciudadanos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley de plazos del aborto. Las religiones tienen un lugar en la deliberación democrática pero no pueden pretender sustituir o limitar la función del Parlamento, y en cualquier caso su obligación, es como la de todos, respetar la ley.

La laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un, principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad positiva, no es anti-religión.

Un fenómeno asociado a la globalización, no exento de conflicto, ha sido el retorno de la religión a la vida pública. En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones.

Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos individuales y la democracia.

La política democrática debe saber gobernar y encauzar el hecho religioso desde un Estado laico en favor de la convivencia cívica y los derechos fundamentales. Por eso seguiremos impulsando una más efectiva laicidad del Estado así como una política de reconocimiento y gestión pública de la diversidad religiosa. La diversidad no constituye sociedad cohesionada si no hay un desarrollo de una cultura pública, cívica, laica, inclusiva y compartida. Es un desafío construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos, a lo que contribuyen materias como Educación para la Ciudadanía. Nos proponemos como tarea para la próxima legislatura una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, incluyendo un Observatorio de Laicidad y regulando la objeción de conciencia. Los derechos de libertad de conciencia y religiosa de los ciudadanos deben estar garantizados y regulados por la legislación común para todos. La ley debe ser más exigente para evitar privilegios y discriminaciones por razón de convicción y creencias. Por su parte, los acuerdos de cooperación con las Iglesias deben adecuar su contenido a materias de colaboración específicas entre el Estado y las confesiones, de común acuerdo.

Todo ello lo queremos hacer con el máximo consenso político y con moderación en el acompañamiento en el tránsito social de nuestro país hacia una laicidad inclusiva.

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