El camino está despejado para que el Congreso mexicano y las diversas entidades de la Federación puedan finalmente aprobar el artículo 40 de la Constitución y con ello la laicidad del Estado en nuestro país. De paso, también se aprobaría la reforma del artículo 24, con el cual dicho Estado laico garantizaría la “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, en lugar de únicamente la libertad “de creencias religiosas”, como hasta ahora sucede. Con ello se ampliaría el espectro de libertades que la Constitución garantiza.
El camino para llegar a esto fue oscuro y sinuoso, pero después de intentos reales de contrarreformas, de pretensiones clericalistas y de acuerdos inconfesables, se termina imponiendo el peso de nuestra historia liberal, de nuestra pluralidad y diversidad, así como de la razón pública, es decir la de todos y no nada más la de unos cuantos. La República laica se sigue definiendo a favor de las libertades y se apuntala para hacer frente a los nuevos retos sociales, políticos y culturales que genera la vida contemporánea.
El problema radicaba en la exposición de motivos inicial, la cual señalaba la posibilidad de que dicha reforma abriera la puerta a otros cambios constitucionales, particularmente el del artículo 3. Me queda claro que esa era la intención del Episcopado, el cual encontró políticos a modo para canalizar sus pretensiones. Pero es igualmente claro que la reacción de la sociedad, de la mayoría de las otras iglesias, de los intelectuales, de los comunicadores y de los propios católicos, fue de condena a cualquier intento de introducir la instrucción religiosa en la escuela pública laica. Es quizá por ello que desde principios de febrero el Episcopado católico comenzó a enviar señales de petición de tregua, indicando que en realidad no tenía tales pretensiones. En una nota titulada “Algunos conceptos básicos en torno a la libertad religiosa”, publicada por Manuel Corral Martín, secretario ejecutivo de relaciones públicas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se afirmaba que dicha noción “no implicaría ninguna modificación del artículo 3 constitucional, ni tampoco ninguna contradicción, pues sigue plenamente en vigor la prescripción de que la educación que imparte el Estado es laica. El derecho de los padres o tutores a que sus hijos reciban educación religiosa lo pueden ejercer enviándolos a los cursos de educación religiosa que imparten las diversas iglesias con sus propios medios.” Igualmente se sostiene en dicho documento que la libertad religiosa “no implicaría el reconocimiento de que los ministros de culto de alguna asociación religiosa puedan ser electos para cargos de elección popular, pues la actual prohibición no tiene que ver con la libertad religiosa, sino con los derechos políticos.” En una entrevista radiofónica mencioné sin embargo que quien esto firmaba era un funcionario de tercera dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No era con ánimo de ofender, sino de situar el nivel del compromiso episcopal. Este finalmente se ha venido expresando en los días recientes. En entrevista realizada por Milenio Semanal, publicada el pasado domingo, Antonio Gutiérrez Trejo le señala al presidente del Episcopado mexicano que “se ha dicho que esta reforma pretende revisar los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de la Constitución, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se asientan los principios de laicidad del Estado” y le pregunta: “¿Es lo que pretende la Iglesia católica?”. A esto el arzobispo Carlos Aguiar Retes respondió: “De nuestra parte, de ninguna manera”. Luego, después de la misa del mismo domingo 26 de febrero en la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera dio lectura a un mensaje mediante el cual señaló que “la Iglesia no busca con esta reforma remover el carácter laico de la educación pública, tampoco pretende interferir en los asuntos que son propios del Estado; lo único que pide es que se reconozca el derecho humano de todo ciudadano a la libertad religiosa”. Según esta nota, el arzobispo de México se habría pronunciado a favor de la existencia de una madurez cívica que permita que se aprueben las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales, para que haya “un pleno reconocimiento de los derechos humanos y se fortalezca el Estado”. En suma, el Episcopado entendió que la reforma pretendida al artículo 24 de la Constitución no podía ser hecha a su medida, sino que tenía que incluir otras libertades importantes defendidas por los grupos laicistas y por los propios católicos, como son la libertad de convicciones éticas y la libertad de conciencia. De otra manera, sería imposible que el tema se destrabara en el Senado, donde las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD habían bloqueado su aprobación, en tanto no se debatiera ampliamente el tema y se despejaran las dudas acerca de las pretensiones de la jerarquía católica.
Queda claro ahora que dicha reforma sólo se puede dar en el marco de una laicidad constitucional. En otras palabras, que sólo con un Estado laico puede haber una verdadera libertad religiosa, no para unos sino para todos. Yo diría que por eso tenemos República laica a la vista.