La decisión sobre el aborto, es un derecho exclusivo de las mujeres, que aconsejadas por un profesional de la salud, deberá tomar en cuenta los pro y los contras y escoger lo que a su juicio mas le convenga.
El poder de veto que usó ayer el Presidente Danilo Medina en relación al Código Penal, en la parte que se refiere al intento de atar las manos de profesionales, que como los médicos dominicanos, han sido entrenados para salvar vidas, es una demostración de la valentía de un presidente que no cede al chantaje, y está dispuesto a enfrentar situaciones complejas con una gran dosis de responsabilidad.
Sobre las causales que podrían eximirse de responsabilidad penal en cuanto a la interrupción del embarazo, se han planteado tantas posiciones extremas, la mayoría de ellas sostenidas sobre bases tan irracionales, que solo pueden ser explicables por la ignorancia en un tema que es usado como bandera política, amparándose en una supuesta religiosidad, que respetamos, pero no puede ser impuesta a una sociedad laica.
En su carta al Presidente del Senado Reinaldo Pared, haciendo uso de la facultad que posee el ejecutivo de observar las leyes emanadas del congreso de la República , el presidente hace énfasis en lo que debería el centro de la discusión, despojándola de los matices mágico-religiosos con que insisten algunos.
Este tema es un acto médico, que solo incumbe a un profesional de la salud y a la mujer afectada por un diagnóstico o situación, que compromete su vida en un momento determinado o para el futuro.
Porque este problema no es para discutirlo en altares o púlpitos religiosos, nuestra Constitución otorga el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas de profesar o no una creencia en la trascendencia de la vida terrenal, de lo que se trata es, de si el Estado dominicano tiene el derecho de penalizar enviando a la cárcel a un médico por ejercer su profesión o a una mujer por tener poder de decisión sobre su cuerpo en circunstancias especiales.
Si fuéramos a los extremos, entonces deberíamos negar también la posibilidad de la fertilización in vitro, un tratamiento médico para la fertilización de las parejas con problemas para tener hijos, donde el 99 por ciento de los óvulos fecundados son desechados, es decir, en la cabeza de quien cabe que lo que se desecha son niños o niñas, cuando estos son procedimientos aceptados ya en todas partes del mundo.
El Congreso deberá ahora abocarse a discutir, tal como lo plantea Danilo, hasta que punto los senadores y diputados, la mayoría de los cuáles no tiene, ni tienen porque tenerla porque no son médicos, la mas mínima idea de los problemas a que se enfrentan los profesionales de la salud en las emergencias de clínicas y hospitales cuando llega lo que se denomina un aborto en curso.
Que ocurre cuando es el mismo organismo quien desecha el producto del embarazo.
La mujer llega al centro de salud con un sangrado leve a moderado, el médico le realiza una sonografía y el saco embrionario se encuentra vacío o hay un desprendimiento.
Entonces la única solución que tiene un profesional de la salud ante este diagnóstico es limpiar el útero, porque en caso de no hacerlo, podría producirse un sangrado abundante o una infección que comprometería la vida de la madre.
¿Quién tiene que tomar la decisión? porque este es un diagnóstico médico y un acto médico, no tiene nada que ver con temas legales ni de tribunales.
Si la observación presidencial no es aceptada por el congreso, el médico que cumpla con su deber y desaloje los restos que quedan en el útero de una mujer que tenga que pasar por una situación como esta, estaría amenazado con ser sometido a la justicia y podría ser condenado de 4 a 10 años de prisión.
Este es probablemente el ejemplo mas simple de las complicaciones a que nos estarían llevando los que insisten, en base a argumentos dejados atrás hace mucho tiempo por la ciencia médica, en que se apruebe la criminalización de la interrupción del embarazo sin las excepciones que existen en todas partes del mundo, excepto en 5 países, de los 194 existen hoy en día.
No es posible que se nos quieran imponer unas restricciones como sociedad organizada, que no existen ni en las teocracias islamitas, todo porque se está usando el tema del aborto, como bandera de lucha política por parte de grupúsculos que intentan imponernos una legislación que lo único que producirá es un aumento de nuestra ya alta tasa de mortalidad materna.
En la República Dominicana no estamos planteando que se liberalice el aborto, como algunos repiten de modo incansable, lo que se pide es que se exima de responsabilidad penal, a los profesionales de la salud y las mujeres en algunos casos extremos, y no se ate las manos de uno y la voluntad de otras desde el congreso nacional.
Lo que se pide es que se mantenga el tema dentro del marco de la salud reproductiva de la mujer, siguiendo los protocolos médicos que existen para ello, que es lo único que garantiza la aplicación del conocimiento y los avances científicos, en un país donde se supone que las leyes existen para proteger no para agredir.
No creemos que sea discutible el derecho que tiene una mujer a pedir que sea desalojado un embarazo cuando existe una malformación congénita demostrada científicamente, que la mayoría de las veces es incompatible con la vida y puede realizarse el diagnóstico en una etapa muy temprana de la gestación.
Nadie tiene el derecho de obligar a una familia, en base a una creencia religiosa mal entendida, a cargar con el peso de un producto que no tiene posibilidades de sobrevivir, llevarlo en el vientre de una madre durante nueve meses, para al final pasar por la tortura de un parto o una cesárea de un producto inviable que habrá que tirar en un cubo en la misma sala de partos.
Pero tampoco nadie tiene porque cargar con el fruto accidental de una violación o un incesto, torturar durante toda la vida que ha tenido la desgracia de pasar por una de las experiencias mas traumáticas, una relación sexual forzada y violenta, solo porque existe un código en la República Dominicana donde no se toma en cuenta la opinión de la mujer.
La palabra clave en la carta del Presidente Medina, donde explica sus observaciones al congreso, es ¨decidir¨.
Nadie debería juzgar a priori y tomar una decisión acerca de un tema que solo compete a quien resultará afectada en su salud física y mental, probablemente de por vida.
La decisión, es un derecho exclusivo de las mujeres, que aconsejadas por un profesional de la salud, deberá tomar en cuenta los pro y los contras y escoger lo que a su juicio mas le convenga.
Es nuestra esperanza, que las razones explicadas por el Presidente de la República en su carta al Congreso Nacional, sean acogidas favorablemente, porque este tema afecta principalmente a las mujeres mas pobres del país tan desprotegidas ya, que no deberíamos agregarles una carga mas sobre sus delicados hombros.
