«La aconfesionalidad proclamada en la Constitución es uno de los preceptos que no se cumplen. Un Estado laico no paga a profesores, contratados por obispos, para que adoctrinen»
El obispo Sebastià Taltavull ve ‘con buenos ojos’ que se imparta la asignatura de religión islámica en colegios públicos a los alumnos de esa confesión que lo soliciten. Una asociación de directores de infantil y primaria se ha opuesto al convenio firmado por el presunto progresista Martí March, consejero de Educación del Gobierno balear, y el delegado de la comisión islámica de España en Balears, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, afirmando que no es el momento de añadir más religión en las escuelas públicas sino de optar por la aconfesionalidad, la establecida en la sacralizada Constitución por la derecha exclusivamente en lo que a la unidad hispana hace referencia. Lo demás parece ser accesorio, hasta innecesario.
Los socialistas, siempre tan atentos cuando de complacer financieramente a la Iglesia católica se trata, quieren que también los islamistas cuenten con su propio profesorado en los colegios públicos. Todo sea por la equidad, que lo que hace es destrozar lo fundamental para los socialistas y también para la derecha falsamente autotitulada liberal: la laicidad en todos los niveles de la enseñanza pública debería ser asunto resuelto, pero los espurios acuerdos que el Estado español mantiene con el Vaticano, pactados en tiempos de Adolfo Suárez, hacen que la llamada aconfesionalidad devenga en un extraño híbrido que ha exhibido sus peculiaridades en la exhumación del general Franco, en el que el Vaticano ha tenido una intervención directa, aunque, según acostumbra, sumamente discreta.
No hay lugar para poner en duda que España, disponga lo que quiera la Constitución, no es un estado laico. El eufemismo de aconfesional camufla que del nacional catolicismo franquista se pasó a una suerte de pacto confesional menos llamativo, pero igualmente efectivo para los intereses de la Iglesia católica, concretamente los financieros. Los otros eran insostenibles, aunque el papa polaco Karol Wojtyla no dejó de abroncar al cardenal Tarancón por haberlo permitido, por haber impedido que la Iglesia se metiera de lleno nuevamente en política.
En España las comunidades autónomas pagan su sueldo a los profesores de religión, al tiempo carecen de autoridad sobre ellos: es al obispo de las diócesis a quien corresponde contratarlo y, llegado, el caso, tiene la potestad de despedirlos. Sus Ilustrísimas suelen hacer caso omiso cuando los tribunales les obligan a readmitirlos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La cita evangélica la aplican a rajatabla entendiendo que quién adoctrina a los alumnos es cuestión que compete en exclusiva a la Divina Providencia o lo que para ellos es lo mismo: a su inapelable criterio.
No puede sorprender que el obispo Taltavull vea con buenísimos ojos que los clérigos musulmanes o asimilados adoctrinen a los hijos de los musulmanes residentes en Mallorca sobre su religión, la fundada por el profeta Mahoma, el enviado de Alá. Golpe a la laicidad, gentilmente ofrecido por un político socialista.
Ya hemos visto hasta dónde se llega en determinados centros educativos regentados por el Opus Dei: alumnos haciendo el saludo fascista. No se desconoce el material que se ofrece a las mentes de los chicos (as) en otros centros por parte de profesores entusiasmados con la llegada de Vox. El episcopado español es el que es, hermanado con el polaco, elevando constantes preces al Altísimo para que se lleve cuanto antes a su presencia al papa Francisco. Pero podría esperarse un poco más de coherencia por parte del Ejecutivo de Armengol. Sí, hay sentencias que obligan a cumplir los acuerdos con la Santa Sede, pero si esta sabe ir más allá de los establecido, es plausible que los poderes públicos laicos, nominalmente de izquierdas, frenen antes que ampliar la panoplia a una religión que no se distingue por su tolerancia.
José Jaume
