Hasta 2015 la Iglesia Católica ha tenido barra libre para apropiarse de todos aquellos inmuebles que ha querido. Los obispos diocesanos, gracias a diferentes leyes, han podido autoproclamarse propietarios de inmuebles públicos, con el solo testimonio de su palabra. Algunos de estos edificios emblemáticos que se han apropiado son auténticos iconos de nuestras ciudades. La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el Micalet de Valencia. Todos estos inmuebles forman parte del patrimonio colectivo y desde hace siglos se han constituido en elementos identitarios de sus respectivos pueblos, del cordobés, del sevillano, del valenciano.
La Iglesia dice que la Mezquita de Córdoba es suya y se la apropia; dice que el Micalet es suyo y lo registra a su nombre. ¿Y cómo reacciona ante este expolio el Gobierno progresista que debe velar por el bien común y el conjunto de la ciudadanía? Pues echando balones fuera. O lo que es lo mismo, trasladando a otros la responsabilidad de reclamarle a la Iglesia aquello que es de todas y todos.
Ante esta dejación de funciones, la ciudadanía se moviliza. En muchas ciudades, en Zaragoza, en Córdoba, en Sevilla, en Albacete y, cómo no, en Valencia, se organizan protestas para denunciar este robo que sufre todo un pueblo. En Valencia, bajo el lema “El Micalet és del poble valencià”, la asociación Valencia Laica, ha organizado una protesta para exigir que todas aquellas propiedades de las que la Iglesia Católica no tenga más prueba de ser la propietaria que su propia palabra, su propia firma y su propio certificado, se devuelvan a sus legítimos dueños. Estos edificios eran y son del pueblo valenciano. Y a él hay que devolvérselos.
Pero la movilización ciudadana no es suficiente. El proceso que ha diseñado el gobierno para que la sociedad pueda recuperar este patrimonio es tortuoso, costoso y desalentador. Solo instituciones públicas como el Ayuntamiento de Valencia o la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática (gobernadas ambas por fuerzas progresistas) tienen el músculo y los medios necesarios para pelear por lo que es del pueblo valenciano.
Estas dos instituciones deberían estar dejándose la piel por recuperar lo que es de aquellos y aquellas a quienes representan. Si no defienden los intereses del pueblo, ¿para qué los queremos? El Alcalde Ribó y la Consellera Pérez, como máximos representantes de las instituciones que dirigen, son los únicos que disponen de recursos necesarios para conseguir la devolución de aquello que nos pertenece a todos, y de ellos depende que el Micalet retorne a su legítimo propietario, el pueblo valenciano, al que siempre ha pertenecido (hasta 2014, año en el que la Iglesia se lo apropió); y si no hacen nada al respecto el monumento valenciano continuará en manos de la Iglesia Católica, quien podría, si nadie se lo impide, alquilar la torre, o sencillamente venderla a un fondo buitre, como ya ha hecho con conventos y otros edificios.
Señor Alcalde, Señora Consellera, ¿qué piensan hacer ustedes con el Micalet?
