La asociación Recuperando, que pide la devolución de los bienes registrados irregularmente por la Iglesia, cree escaso el acuerdo del Gobierno con el clero.
El pacto entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal por el que la Iglesia católica española ha admitido que al menos un millar de las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 son irregulares ―tras una reforma legislativa durante el mandato de José María Aznar (PP)― se considera escaso en las asociaciones que piden la devolución completa de estos inmuebles. Los datos del Ejecutivo, en cambio, recogen que hay hasta 35.000 bienes registrados de esta manera y las entidades que reclaman estas apropiaciones elevan la cifra a 100.000. Carmen López, representante por Castilla y León de la entidad Recuperando, que reúne a 24 plataformas de toda España para exigir que este patrimonio deje de pertenecer al clero, critica que el Ejecutivo negocie por estos bienes “de uso público” que se deben “devolver a la gente”. La mitad de las 965 propiedades se encuentran en Castilla y León.
La noticia no convence a Recuperando. López insiste en que esta decisión del clero “confirma la irregularidad de haberle puesto su nombre a lo que no le pertenecía”. Destaca, además, que esta agrupación lleva años denunciando un problema que creen que va más allá de las cantidades publicadas este lunes: “Se reconoce que hay al menos 1.000 de los 35.000 que se registraron entre 1998 y 2015, y nosotros entendemos que hay muchos más porque la Iglesia inmatricula desde 1946. Si cogemos todos esos años existen unos 100.000 bienes documentados así, con la sola certificación del obispo”. “El escándalo es mayúsculo y sigue sin resolverse”, subraya.
El pacto de la Iglesia católica con el Gobierno resulta insuficiente para quienes reivindican la completa devolución de las inmatriculaciones, que citan el discurso de investidura del presidente, Pedro Sánchez, cuando aseguró que trabajarían para revertir todos estos registros irregulares. “No es un tema negociable, el compromiso fue hacer nulas todas las inmatriculaciones de bienes de dominio público”. Mantener estos miles de inmuebles todavía bajo la administración religiosa, sostiene López, implica que “no se resuelve la situación y niega el derecho social a lo que es suyo, que ha sido sustraído a la ciudadanía”. El acuerdo, por tanto, “es una salida en falso”.
La representante de la asociación Recuperando reitera que anunciar esta clase de acuerdos entre el Estado y “una persona jurídica más”, en alusión a la Iglesia católica, supone un agravio: “El clero no está en condiciones de igualdad para tratar con el Estado, en 1946 éramos un Estado católico pero ahora ya no”. Esta clase de aproximaciones entre el Sánchez y la Conferencia Episcopal, liderada por el cardenal Juan José Omella, se debe a que “tienen muchas cuentas pendientes como la educación concertada o los pagos del IBI, pero el dominio público no se puede negociar así, con una figura no compatible con un Estado aconfesional”.
El proceso que han efectuado ambas instituciones, desarrolla Carmen López, se ha caracterizado por una falta de transparencia que implica desconocer “qué ha pasado, han sido muy opacos”. Así, “nos dan un resultado sin haber hablado con la sociedad civil, no sabemos por qué se ha reconocido que no les correspondían estas inmatriculaciones”. La experta precisa que “toda inmatriculación realizada con el simple certificado eclesiástico, como si la Iglesia fuese una administración, está fuera de pleno derecho”.
La resolución establecida entre Sánchez y Omella conlleva que sean sus legítimos propietarios, en muchos casos los Ayuntamientos, quienes administren las propiedades que dejan de pertenecer a la Iglesia católica. “La mayoría es de dominio público, no tienen propietario ni se pueden vender”. López asume el “valor” de este patrimonio en proceso de devolución y cree que puede administrarse para obtener un “rédito” que cubra el mantenimiento que demandan. “No negamos que los templos tengan uso religioso, respetamos la religión pero hay más inmuebles que pueden tener otros usos”, explica.
La mujer critica que las apropiaciones se realizaron “a troche y moche”, lo que evidencia que la Iglesia “fue a lo que pillara”. De este modo, afirma la especialista, en los listados controvertidos “hay garajes, templos, viñedos, solares, quioscos, campos de la feria de los pueblos, terrenos y cultivos”. La “opacidad” con la que se ha actuado, zanja, ha provocado que no tengan “ni idea” de cómo se van a ir devolviendo estos inmuebles a sus verdaderos poseedores ni los criterios que se van a seguir para ello. “Es frustrante que en una sociedad democrática no se nos considere ni se escuche a las sociedades civiles”, se lamenta, y señala que el acuerdo no aclara cuáles son o dónde están las 965 muestras de patrimonio que han sido admitidas como irregulares.
