La historia nos ha enseñado como, durante miles de años, las religiones han necesitado del tirano para perpetuarse, al mismo tiempo que le servían de justificación divina. Por tanto el binomio Dios + Patria suponía el relegar, a un segundo plano, las pretensiones espirituales, en favor de las terrenales, y, así, los conglomerados religiosos se convertían en parte y soporte del poder terrenal.
Pero esta influencia terrenal convertida en económica no puede abandonar el mito del alma, porque en definitiva es esto lo que diferencia a una estructura religiosa consolidada de una multinacional empresarial. De esta forma las iglesias desarrollaron su vertiente de poder controlando el alma de los ciudadanos y por consiguiente sus voluntades.
Esta doble estrategia, de incrementar y atesorar bienes tangibles al mismo tiempo que apresaba conciencias, ha hecho de la Iglesia Católica una poderosa industria que necesita, por un lado, del control de la sociedad y, por otro, de libar sistemáticamente los recursos económicos del Estado. La insistencia esquizofrénica de las jerarquías por mantenerse en las escuelas no recuerda una finalidad social-educativa, pienso que nace de un deseo de imponer unos conceptos y unas premisas educativas que valoran la escuela confesional, lo que se traduce en un emporio educativo-empresarial que va desde la edición de libros y material didáctico hasta la propiedad de 6 Universidades, 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores (Juan G. Bedoya, El País, 19/9/2001).
La Iglesia de Roma tiene una enorme capacidad de generación de recursos. Sistemáticamente los gobiernos españoles han “dejado” en manos de la Iglesia la asistencia a indigentes, inválidos, disminuidos, ancianos, etc., para ello se ha desarrollado un conglomerado de ONGs, asilos, hospitales, que, financiados por el erario público, no sólo incrementan las arcas de las entidades religiosas, sino que sirven de obstáculo para el compromiso social de aquellos gobiernos y, en último término, si es esto lo que se pretende, evitar que otro tipo de empresa tome parte en un negocio prometedor. En este aspecto destaca Caritas, con unos recursos invertidos de más de 25.000 millones de pesetas, que recibió 1.438 millones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en este año que termina. Aparte lo recibido por el resto de ONGs católicas, como Manos Unidas, y las diferentes órdenes religiosas con sus asilos y hospitales, así como las “donaciones caritativas” obtenidas, cuya cuantía no conocemos, ni la propia Iglesia hará públicas.
Es curioso que nuestro país distraiga, de sus presupuestos anuales, una cantidad superior para financiar a la Iglesia Católica y su enorme patrimonio, que la destinada a proyectos de Inversión + Desarrollo. Pero esto se explica comprobando la presencia de esta institución en la vida del país. Estamos hablando de la segunda potencia inmobiliaria, detrás del Estado, autonómico y central. Aparte la generación de rentas que esto supone, el Estado central destinará el año próximo 1.500 millones para su patrimonio histórico, un 35% más que el año actual. Añadamos lo destinado a este fin por las Comunidades Autónomas.
En España, la Iglesia Católica, controla a más de 1.500.000 alumnos en cerca de 42.000 aulas, aproximadamente el 96% en régimen de concierto, lo que le aporta 420.000 millones en subvenciones, el 85% de lo destinado a toda la enseñanza privada subvencionada.Pero, además, estos alumnospagan, en variados conceptos, convirtiéndose en un lucrativo negocio. Dispone de 33.440 “empleados” en colegios públicos, que detraen del Presupuesto 100.000 millones de pesetas, con el único resultado de adoctrinar y segregar en lugar de enseñar.
Pasaremos de puntillas por las inversiones en empresas de diferentes actividades, como los medios de comunicación, de las inversiones en bolsa, cuyo peso en los recursos totales el señor Rouco Varela reconoce que es de un 10%. De las innumerables donaciones, muchas de ellas bien invertidas, como reconocía el ecónomo de Valladolid. Capellanías de todo tipo, hospitalarias, penitenciarias, castrenses, etc…
Después de este ingente poderío económico la curia católica y todo su personal de tropa nos cuestan a los españoles 22.000 millones, de los cuales sólo 15.000 son producto de la elección de los ciudadanos en su declaración de renta. Todavía el gobierno no ha encontrado una manera de eliminar esta injusta “aportación”, a pesar de que la Conferencia Episcopal, en cierto momento, llego a admitir que debía buscar otra manera de financiarse.
Como colofón hay que tener muy presente no sólo lo que la Iglesia se lleva, sino lo que no paga. Pues en el sistema tributario español, motivado por su actividad y por los acuerdos con el Estado, la Iglesia Católica está exenta en los principales impuestos directos y en gran parte de los indirectos. No debería ser baldía la advertencia que la Comunidad Europea ha realizado al gobierno por el trato de favor que mantiene.