La vista de Benedicto XVI, Jefe de Estado del Vaticano, es un acto privado, muy respetable, absolutamente respetable pero privado. Tendrá lugar sin que haya mediado una invitación oficial del Estado español.
España es un Estado aconfesional desde que se aprobó la Constitución. La Carta Magna deja clara su vocación de laicismo al separar el Estado de las confesiones religiosas. Expresamente señala que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, aunque en su articulado reconoce “notorio arraigo” a la religión Católica.
El despliegue promocional, el montaje de los diversos actos, la estancia de los seguidores, organizadores y del propio Ratzinger tendrán un alto coste para las arcas públicas, es decir para los ciudadanos de cualquier confesión, agnósticos o ateos sin discriminación.
Especialmente tendrá un alto coste para los ciudadanos madrileños, dado el entusiasta apoyo de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid.
La instrumentalización de los recursos públicos en Madrid alcanza incluso a utilizar las fachadas de los edificios públicos como medios publicitarios con eslóganes como “Todos estamos llamados a la santidad”, “Dejaos sorprender por Cristo”, “Abrid vuestro corazón a Dios, “María, háblanos de Jesús” o “Arraigados en Cristo podréis vivir en plenitud lo que sois”.
Las Administraciones Públicas, regionales y locales, ponen a disposición de una confesión exclusiva una serie de medios, instrumentos y espacios públicos sin coste alguno para convertirlos en capillas eventuales.
Nos referimos a gastos que no correrán a cargo de los patrocinadores, como el mantenimiento y los servicios de agua, luz y gas de los 693 establecimientos públicos que servirán de alojamiento a los miles de peregrinos, o el imprescindible despliegue de miembros de las fuerzas de seguridad, las necesarias labores de limpieza, o los descuentos especiales en el transporte público, entre otros.
Sucedió en la visita del Papa a Valencia en el V Encuentro Mundial de las Familias y volverá a suceder en la próxima visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica para la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid (JMJ).
Más de 27 millones de euros costó el evento de la capital del Turia y los organizadores han anunciado un coste de más de 50 millones de euros para el evento de Madrid. Cantidades totalmente desproporcionadas para tiempos de crisis, al margen de quien las pague. Cantidades que sin duda debieran ser abonadas por aquellos que se sientan concernidos en los intereses a los que la Jornada Mundial sirve.
Sin embargo, no acabará aquí la “broma”. Con nuestro dinero se patrocinarán críticas a los derechos civiles que libremente han aprobado nuestros representantes políticos en Las Cortes, como el derecho al matrimonio entre homosexuales o el derecho al aborto, y se manifestará la oposición a otros derechos que se están tramitando actualmente, como la regulación de una muerte digna y la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Con todo respeto pero también con plena convicción, 140 entidades políticas, ciudadanas y sindicales han convocado una manifestación de protesta por esta visita. Una manifestación en contra de unos gastos suntuarios y en contra de la utilización de recursos públicos en una sociedad aconfesional.