El Gobierno aprueba penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, como rezaba su programa, a cinco meses del 25-M y con divergencia de opiniones en las propias filas populares.
Cuando aún no ha transcurrido ni una semana de la inauguración por parte del PP de la precampaña para los comicios europeos, el Gobierno ha correspondido a su electorado más leal con una de las medidas de mayor carga ideológica incluidas en el programa que le llevó a la victoria el 20-N. Si el pasado sábado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dio por iniciada la carrera hacia el 25 de mayo en la convención-despedida del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel (todo apunta a que irá en la lista para la Eurocámara), el primer Consejo de Ministros celebrado tras este arranque ha aprobado, en la primera curva, reformar la ley del aborto que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
La futura ley de los populares, que penaliza el aborto en el supuesto de grave anomalía o malformación del feto, pone fin a libre interrupción del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación y obliga a las menores a informar a sus padres, reconcilia al Gobierno con sus votantes provida. Con aquellos que confiaron en su palabra de derogar la ley Aído y que la prolongada espera les estaba causando la mayor de las indignaciones, hasta el punto de no volver a confiar en las mismas siglas en próximas citas. De hecho, según una encuesta reciente del colectivo HazteOir, casi un 46% de entrevistados que votaron al PP en las generales de 2011 no volverían a hacerlo si el Gobierno no modifica la ley de plazos de los socialistas. Una fuga de votos que el Gobierno ni siquiera se ha atrevido a testar en los resultados de las europeas de mayo.
Casi un 46% de españoles que votaron al PP en las generales de 2011 no volverían a hacerlo si el Gobierno no modifica la ley de plazos de los socialistas, según una encuesta de HazterOir
El hermetismo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la elaboración del texto de la reforma y en elevarlo al Consejo de Ministros (ninguna diputada del PP ha tenido acceso al mismo) está relacionado con la divergencia de opiniones que habían generado y generan algunas de las líneas maestras que se habían avanzado. Sobre todo, la supresión del supuesto de malformación del feto, que se recoge en la actual ley de 2010 y también aparecía en la anterior de 1985 (bajo gobierno de Felipe González), ha provocado más de un desencuentro de puertas para dentro.
Mientras, de puertas para fuera ha dejado escenas incómodas para los populares como la de vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, escurriendo el bulto el pasado mayo al ser preguntada sobre si compartía la interrupción eugenésica. En su comparecencia de ayer, Santamaría sugirió que volver a la ley de 1985, que contempla el supuesto de malformación, habría sido suficiente cambio legal para dejar sin efecto la ley Aído. “Estoy tan cómoda con la nueva ley como lo estaba con la ley de 1985", zanjó ante las reiteradas preguntas de la prensa. Sin embargo, el texto de Gallardón va más allá al penalizar el aborto eugenésico, algo reclamado con insistencia tanto por la Iglesia como por colectivos provida.
Asimismo, cierto sector del PP había señalado a Santamaría como la causante del retraso en la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. En las filas populares incluso se sospechó que Moncloa podía estar esperando para ello al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra a la ley del aborto de 2010.
Triquiñuela parlamentaria
De momento, con la vista puesta en la tramitación parlamentaria, el PSOE avanzó ayer que forzará en el Congreso la votación secreta de una proposición no de ley contraria a la reforma para que diputadas del PP pueden expresar también su rechazo sin ser señaladas. Esta triquiñuela parlamentaria de voto secreto no está permitida para votaciones sobre leyes (como la del aborto). Es por ello, por lo que los socialistas presentaran dicha proposición no de ley. Según fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli, en el Grupo Popular no tienen garantizado el apoyo expreso de sus 76 diputadas, por lo que cabe la posibilidad de que se produzcan algunas ausencias en la votación.
El PSOE, de la mano de CiU, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto, ya utilizó esta estrategia en 2003 con una iniciativa que rechazaba la guerra de Irak y la política del Gobierno de José María Aznar. El resultado se volvió en contra de los socialistas: no hubo fisuras en los populares. ¿Se repetirá la historia?
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dialoga con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso.EFE
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