El tribunal europeo recibió 40 demandas de jerezanos por «una vulneración de los derechos fundamentales»
Una quincena de casos de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) de alumnos jerezanos ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Hace unos días que una delegación de 43 personas -entre las que se encontraba Ignacio Martínez, del Foro de Laicos Asidonia, en representación de los padres-, acudió a la ciudad francesa para presentar una demanda por una presunta vulneración de los derechos fundamentales.
En total, los quince casos de alumnos de Jerez dieron lugar a 40 demandas en las que se solicitan que «se adopten medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en las clases de EpC (medidas cautelares que los eximan de asistir a las clases y de ser evaluados), que se reconozca que se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (como la libertad ideológica, la educativa o el derecho a la intimidad personal y familiar), la compensación por los daños morales causados y, por último, que el tribunal europeo requiera a España para que respete la neutralidad ideológica del sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos actualmente invocados en el conflicto».
En total, más de 300 personas, -de los que 53 son andaluces-presentaron en Estrasburgo una demanda entorno al rechazo a esta asignatura reglada que se imparte desde el curso 2007/08. «El recurso interpuesto en el tribunal europeo no agota los que ya existen en España, en el Supremo o en el Constitucional», explicó Martínez que ejerce la portavocía del Foro de Laicos y de la Federación España Educa en Libertad. Esta petición, esperan los representantes de las familias objetoras, podría ser atendida en los próximos días.
Contra el Gobierno español
Según Martínez, la denuncia contra el Gobierno español ante la justicia europea llega porque «nos encontramos con un Estado que en lugar de asegurar este derecho fundamental trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico, cuya finalidad es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro gobierno y, en un futuro, del gobierno de turno». Un grupo de 43 personas acudió a Estrasburgo en representación de los 300 solicitantes entre los que había familias de diferentes comunidades autónomas como Castilla y León y Madrid, además de Andalucía. Estas 300 demandas corresponden a 105 casos de toda España.
El colectivo contrario a EpC mantiene abiertos otros frentes en los tribunales como la relacionada con el currículum de la asignatura. «El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dio la razón pero la Junta de Andalucía recurrió y el Supremo se la dio a ellos. Ahora presentaremos el recurso en Estrasburgo porque hay partes de ese currículum que no son constitucionales como la ideología de género, el relativismo moral, el positivismo jurídico y la distinción entre ética pública y privada», recordó Ignacio Martínez.
Sentencia favorable
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, acaba de fallar a favor de una familia objetora en una demanda presentada por la publicación de los nombres de los alumnos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) «por la violación de la intimidad y el daño moral causado», detalló el portavoz del colectivo jerezano.
Por esta misma cuestión se pusieron media docena de demandas cuyas sentencias irán en la misma línea: el TSJA condena, sin posibilidad de recurso, a la administración autonómica a pagar 6.000 euros a la familia. «Nuestra intención no es sacarle dinero a la Junta, porque es de todos los andaluces, y por eso se va a donar a Cáritas», dijo Martínez.
Por último, el colectivo espera recibir pronto noticias sobre otro de los procesos judiciales abiertos: el de algunos libros de texto de Educación para la Ciudadanía.
