El pasado domingo arrancaron dos tipos de precampañas: las de los partidos y precandidatos que buscan la Presidencia de la República y la del gobierno federal para mantener al PAN otros seis años en el poder público.
Mientras los aspirantes de los distintos partidos y coaliciones iniciaron con actos laicos, el titular del Poder Ejecutivo federal realizó un acto público de fe privada al asistir, acompañado de su familia, a la basílica de Guadalupe a iniciar “una jornada de oración por la paz” en este “México convulsionado y herido por la violencia, el desencanto y tantas formas de odio que destruyen la fraternidad y la paz”, según palabras del cardenal Rivera Carrera al iniciar la misa dominical (MILENIO, 19 de diciembre, pág. 38).
No está a discusión el derecho que asiste al mandatario de un Estado laico a profesar y cultivar una creencia religiosa. La controversia es que publicite esa fe privada en un periodo en que su encargo público habrá de someterse a la prueba de las urnas. Tuvo cinco años para demostrar públicamente su fe católica, pero fue justo al iniciar la jornada electoral que debió refrendarla en una jornada ecuménica de oración por la paz.
Se dirá que asistió en domingo, sin hacer uso de su investidura oficial. Sin embargo, la profusa e intensa movilización de elementos del Estado Mayor, adentro y afuera de la basílica, al grado de convertirla en un búnker, no resguardaban a uno más de los creyentes, sino ostensiblemente al jefe del Estado mexicano.
Apenas el jueves pasado un grupo de diputados de los tres principales partidos aprobaron una serie de modificaciones al artículo 24 constitucional para permitir que la iglesia celebre ceremonias en espacios públicos, sin pedir autorización a autoridad alguna. “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Paradójicamente, quien estrenó la nueva disposición constitucional no fue un ministro de culto, una asociación religiosa o alguna de las iglesias del país, sino el titular del Poder Ejecutivo de un Estado constitucionalmente laico.
Apenas la semana pasada, nuestro compañero de página, especialista en temas de política religiosa, Roberto Blancarte, advertía de la contrarreforma en curso. “¿Por qué la jerarquía católica querría cambiar el artículo 24 constitucional? … La respuesta es simple: porque, a pesar de negarlo, en el fondo su objetivo es la educación religiosa en la escuela pública, la posesión de medios de comunicación electrónicos, la libertad para participar abiertamente en cuestiones no sólo políticas sino electorales y porque esa noción lo que sostiene básicamente es que ningún gobierno le puede poner trabas legales a las agrupaciones religiosas para su actuación. Los obispos apenas pueden ocultar –con un doble discurso– su proyecto a mediano y largo plazo” (MILENIO, 13 de diciembre, p.14).
No es la primera ocasión que PRI y PAN integran una santa alianza para dar marcha atrás en el avance de algunas reformas que promueven la diversidad y la libertad de conciencia. Está el ejemplo de la penalización del aborto en varios estados de la República, como antídoto a la despenalización promovida en la capital de la República y avalada por la Suprema Corte de Justicia.
Atrás de esto se encuentra el cálculo político y electoral de recibir el apoyo de la iglesia en la próxima contienda presidencial. En este contexto de utilización de la religión como plataforma política debemos ubicar también la visita del Papa Benedicto XVI el próximo mes de marzo, al inicio de las campañas presidenciales. No visitará la “hereje” Ciudad de México gobernada por el PRD y donde se despenalizó el aborto (se aducen razones de “altura”), pero sí tres entidades del Bajío, cuna del movimiento cristero: dos gobernadas por el PAN (Jalisco y Guanajuato) y una por el PRI (Querétaro). ¿Así o más clara la intencionalidad de utilizar la religión en la próxima elección presidencial?
Lo peor de todo es que los mismos que promueven esta visita pastoral-electoral, tratan de convencer de que al otro lado se encuentra un candidato que utiliza símbolos religiosos y azuza con promesas mesiánicas para “engañar a los ciudadanos”, como el amor, la felicidad y el respeto al prójimo. Se les olvida observar el octavo mandamiento: “no levantarás falsos testimonios ni mentirás”.
