Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Esquerra Republicana y PSOE plantearán a la Comisión Europea dos preguntas sobre esta cuestión: una sobre el “escándalo de las inmatriculaciones en España”, y otra sobre el caso concreto de la Mezquita de Córdoba.
Para prestar apoyo a esta iniciativa parlamentaria, han estado hoy en Bruselas reunidos con los eurodiputados promotores de las preguntas representantes de diversos colectivos españoles que denuncian estas prácticas efectuadas por la Iglesia Católica, como Miguel Santiago, de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s; Carmen Urría, de la Plataforma Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma; Raquel Ortiz, de Europa Laica; o Evaristo Villar, de Redes Cristianas.
“En España la Iglesia está empleando una legislación anticonstitucional para arrebatar bienes que pertenecen a la gente”, ha asegurado la eurodiputada de Podemos Estefanía Torres, en la rueda de prensa posterior al encuentro.
LA OPACIDAD DEL PP
“Junto a ésta, hay otra cuestión fundamental que es clave en lo que está sucediendo: la falta de transparencia del PP, que se niega a que la ciudadanía conozca el listado exacto de los bienes inmatriculados con una norma que estableció Franco en 1946″, ha abundado Torres.
Marina Albiol, eurodiputada de IU, ha señalado que el caso de las inmatriculaciones de la Iglesia demuestra que “ni en España ni en Europa la separación Iglesia-Estado es una realidad. No se puede construir una Europa de derechos y libertades donde todas las religiones y quienes no practican ninguna estén en pie de igualdad mientras no se quiten privilegios a algunas confesiones”.
“Ha sido un expolio”, ha añadido Albiol, “con miles y miles de bienes inscritos por parte de la jerarquía católica por un privilegio de Franco en 1946. Bienes como la Mezquita de Córdoba, símbolo de la interculturalidad y convivencia de las religiones, y la Comisión Europea debería intervenir”.
UN ESCÁNDALO INMOBILIARIO
Carmen Urría, de la Plataforma Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, ha asegurado que “se trata del mayor escándalo inmobiliario conocido en la historia de España, un caso de auténtica corrupción”.
“Luchamos contra estos miles y miles de bienes no cuantificados, ni cualitativa ni cuantitativamente, que la Iglesia ha usurpado a la ciudadanía”, ha añadido Urría, que ha denunciado que la plataforma navarra tiene 1.087 notas registrales facilitadas por el Gobierno, “pero cuando éste vio la magnitud del escándalo, se cerró en banda y fue imposible conocer más datos”.
Por su parte, Evaristo Villar, de Redes Cristianas, ha añadido: “Yo pertenezco a la Iglesia, pero a la parte de esa Iglesia que es crítica, a los cristianos de base. La propia Iglesia es la que más daño se está haciendo con todo esto, de hecho, la Conferencia Episcopal es una de las instituciones menos valoradas, lo que no quiere decir que los cristianos de base estemos ahí”.
“Hemos apoyado este gesto porque lo de las inmatriculaciones va en contra del mensaje fundamental que quiere transmitir la Iglesia, el de una persona que lo dio todo hasta la propia vida. Ésta no es la iglesia de Jesús, no es la que sirve al pueblo, es la que se sirve del pueblo”, ha señalado Villar.
DECLARAR SU NULIDAD Y DEVOLVER
“Queremos que los bienes apropiados , expoliados, inmatriculados , sean declarados como actos nulos desde 1946 hasta hoy. Es ambiciosa pero vamos a seguir en ello para que vuelva a manos de lo público, que es para todos, y los privilegios son para unos pocos”, ha apuntado Raquel Ortiz, de Europa Laica.
“Hemos venido hoy al Parlamento un grupo de personas de diferentes plataformas que nos respaldan en esto y así lo han firmado, unas 400.000 personas en estos momentos”, ha afirmado Miguel Santiago, de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s.
“El Estado español es aconfesional y está sufriendo uno de los grandes desmantelamientos patrimoniales de toda la UE, y ésta no puede mirar para otro lado cuando el gran símbolo que es la Mezquita fue inmatriculado en 2006, contraviniendo los tratados de la UE”.
Las preguntas parlamentarias han sido firmadas por los eurodiputados Clara Aguilera (PSOE); Marina Albiol y Paloma López (IU), Pablo Iglesias y Estefanía Torres (Podemos), Jordi Terricabras (ERC) y Jordi Sebastià (Compromis).
Hasta mañana podrán sumarse más partidos políticos a las mismas. Una vez sean enviadas a la Comisión Europea, ésta suele tardar tardará entre tres y seis semanas en emitir una respuesta por escrito.
Representantes de los disttintos colectivos en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas (Foto: Europa Laica)
