El proyecto de ley 62 que aprobó esta semana la Asamblea Nacional de Quebec está generando todo tipo de reacciones. La provincia lo impulsó como una forma de reafirmar la laicidad del Estado, pero en varios frentes está siendo vista como una violación de los derechos individuales.
Aquí explicamos los puntos principales de esta nueva legislación, que reafirma la neutralidad religiosa, enmarca las condiciones para solicitar acomodamientos religiosos y rige la forma de dar servicios públicos.
Justamente es este último punto el que está creando más reacciones.
La ley señala que todos los servicios públicos deben ser ofrecidos con el rostro descubierto. Sin embargo, la ley aplica no sólo para los trabajadores del Estado, sino también para los ciudadanos que reciben estos servicios.
El problema se complica con la definición de servicios públicos, entre los que se puede consideran: utilizar el transporte público. Esto llevó a muchos a preguntarse si, bajo la ley las personas tendrán que viajar en autobús o en el metro con el rostro descubierto.
La respuesta de la ministra de Justincia de Quebec, Stéphanie Vallée fue que sí. “Para utilizar el transporte público se debe tener el rostro descubierto, a lo largo de todo el trayecto”, dijo la ministra a los reporteros.
La ministra también explicó que la ley aplicará para cualquier forma de cubrir el rostro, incluso habló de gafas oscuras de sol o capuchas, así sea para cubrirse del frío, las cuales, en teoría, tendrá que quitarse para poder utilizar el transporte público.
La medida ha generado todo tipo de reacciones.
El Colectivo Canadiense Antiislamofobia (CCAI en francés) calificó esta nueva ley como “anticonstitucional”. “No se trata de una ley de neutralidad religiosa del Estado, sino de una ley islamofoba y sexista, porque sólo ataca a las mujeres musulmanas que visten el niqab sobre la base de sus convicciones religionas”, dijo el representante del CCAI, el polémico Adil Charkaoui.
Sin embargo, la opinión es popular de que la nueva ley del gobierno liberal podría sufrir un revés en los tribunales, pues podría ir en contra de las libertades religiosas.
Al mismo tiempo, los organismos encargados de la administración del transporte público se encuentran en medio de la confusión. El diario Journal de Montréal recaba las opiniones de varios de estos organismos que dicen no saber cómo van a aplicar la nueva ley y esperan tener un periodo de gracia antes de poder diseñar directivas claras.