Un grupo de víctimas catalanas de abuso sexual en la Iglesia, entre ellas varias de las que acreditan una trayectoria de denuncia más destacada en toda España, marca distancias con la investigación del Defensor del Pueblo y constituye un lobby para exigir una “comisión de la verdad” que fuerce a la institución católica a cooperar y abrir sus archivos. La Plataforma Tolerancia 0 integra entre otros denunciantes de abusos al escritor Alejandro Palomas, al fundador de Mans Petites, Manuel Barbero, al psicólogo Miguel Hurtado y a Esther Pujol. A ellos se suma la Fundación Vicki Bernadet, nacida en 1997 para ofrecer atención a víctimas de abuso sexual a menores.
El objetivo de la nueva plataforma, que tiene previsto presentarse este jueves en Barcelona, es presionar a los partidos tras constatar que, hasta la fecha, el movimiento de víctimas no ha logrado los objetivos perseguidos ni ve garantía de una investigación a fondo. Su primera medida será presentar un informe detallando su propuesta de creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, que según los planes de la plataforma empezaría en Cataluña con voluntad de extenderse a toda España y que requiere de reformas legales en el Congreso para poder tener acceso a los archivos de la Iglesia.
Críticas a la “descafeinada” comisión de Gabilondo
El objetivo de la plataforma es tejer una “posición única” de las víctimas, porque la dispersión de voces va “en perjuicio” de sus fines, explica Manuel Barbero (Mans Petites), cuyo hijo sufrió abusos desde los 13 a los 15 años. Mans Petites fue la primera entidad en España en conseguir un proceso de reparación, con indemnizaciones incluidas. Barbero afirma que la iniciativa que ha aprobado el Congreso, una comisión coordinada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, está “descafeinada”. “No lo vamos a apoyar”, dice.
El motivo principal del rechazo es que el Defensor “no tiene poder poder coercitivo para obligar a la Iglesia a abrir los archivos” y “todo se fía a la buena voluntad” de la institución, que ya ha “interpuesto” como “interlocutor” a “un bufete de abogados“, en referencia Cremades & Calvo Sotelo, explica el fundador de Mans Petites, asociación que nació en en 2016 para denunciar los casos de violencia sexual en el colegio de Maristes Les Corts de Barcelona. Barbero desconfía de este despacho legal, presidido por un miembro del Opus Dei, al que la Conferencia Episcopal ha encargado una “auditoría“. “Lo que va a hacer es defender a la Iglesia y a las órdenes de la Iglesia. Mal empezamos”, afirma.
En cuanto a lo anunciado por Unidas Podemos (UP), ERC y Bildu, que aseguran que al margen de lo aprobado por el Congreso tienen un acuerdo con el PSOE para una “comisión de la verdad”, Barbero afirma no tener ninguna noticia. infoLibre preguntó a UP por dicho pacto, anunciado el 10 de marzo por Jaume Asens, que aseguró que el grupo morado y los dos partidos independentistas votarían sí a la propuesta del PSOE y el PNV de comisión del Defensor porque tenían un “principio de acuerdo” con los socialistas para crear una “auténtica comisión de la verdad” que obligaría a cooperar a la Iglesia. “De momento no tenemos novedades”, responde UP.
El informe de Miguel Hurtado
Tampoco Miguel Hurtado confía en este “principio de acuerdo”. “Es marketing. Lo que han acordado no es público, no está por escrito y unos y otros [PSOE por lado; UP, ERC y Bildu por otro] dicen cosas distintas [sobre el supuesto acuerdo]”, explica Hurtado, que sufrió abusos en la adolescencia en el grupo scout de la Abadía de Montserrat.
Psicólogo infantil y fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, fue uno de los representantes de las víctimas durante la comparecencia del Vaticano frente al Comité de la Infancia de Naciones Unidas en 2014. Además, es impulsor de la campaña El abuso no prescribe, que logró más de medio millón de firmas en Change.org. El informe técnico-jurídico para la creación de la “comisión de la verdad” que se presenta este jueves es de su autoría. La propuesta consiste en una “comisión estatal independiente”, con un “mandato parlamentario que incluya no sólo establecer la magnitud de los abusos, sino que analice las respuestas ante este tipo de delitos por parte de las instituciones católicas”, explica la Fundación Vicki Bernadet.
Hurtado explica que, durante el debate sobre la forma que adoptaría la investigación oficial sobre la pederastia en la Iglesia, facilitó tanto al PSOE como UP, ERC y Bildu un informe sobre cómo debería ser una “comisión de la verdad” similar a la realizada en países como Australia o Irlanda, pero se topó con el rechazo de los socialistas. Ahora toma ese trabajo como base de su propuesta, que incluye una metodología con sesiones privadas con las víctimas, audiencias públicas y revisión de archivos eclesiales. Además, recoge los cambios legales necesarios para que la comisión “tenga poderes coercitivos” y “obligue a cooperar a la Iglesia católica”, tanto con comparecencias como con entrega de documentos, explica Hurtado. “Esto permitiría acceder a los archivos”, añade. El informe detalla la posible dotación de recursos de la comisión, su estatus jurídico, forma de funcionamiento y mecanismos de reparación.
Hurtado se muestra consciente de que ahora en el Congreso “no hay mayoría a favor de una comisión de la verdad”, por lo que dirige primero su propuesta al Parlament de Cataluña, donde cree que sí la hay. “En Cataluña hemos tenido la investigación del Sindic de Greuges, que no ha funcionado. Queremos que se visualice, empezando en Cataluña, que hay un modelo alternativo y si funciona bien que se pueda implantar en a nivel estatal”, explica el autor de El manual del silencio, que recuerda que en Reino Unido se acabaron creando hasta tres comisiones, una para Inglaterra y Gales, otra para Escocia y otra para Irlanda del Norte.
Hurtado recalca que el compromiso político a nivel estatal es imprescindible porque las modificaciones legales necesarias para que la comisión tenga “poderes coercitivos”, tanto si es autonómica como si es nacional, necesitan la mayoría del Congreso. Barbero añade: “Necesitamos al Congreso para los cambios en el Código Penal y el Código Civil”. Hurtado no quiere que el Congreso sea “el perro del hortelano”, que “ni apruebe una comisión estatal ni permita a las comunidades hacerlo si lo desean”.
El escritor Alejandro Palomas
También forma parte de la plataforma Alejandro Palomas, escritor y ganador entre otros de los premios Nadal y Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Víctima a los 8 años en el colegio de La Salle Premià de Mar, su testimonio en enero contribuyó a dar un fuerte impacto social al problema. Tras hacer público su caso, fue recibido por el presidente, Pedro Sánchez. Aunque valoró favorablemente el compromiso de Sánchez y “principio de acuerdo” entre PSOE y UP, el escritor ha ido adoptando una posición más escéptica y y llegó a difundir un mensaje de Miguel Hurtado en el que advierte de que la comisión del Defensor “no tiene poderes coercitivos”.
Estimado Sr. Presidente @sanchezcastejon
Juntos, en privado, usted me prometió que su única preocupación era velar por las víctimas. “Te lo prometo, Alejandro”, dijo.
Hoy, 10 de marzo, ha cumplido.
Con creces.
GRACIAS.
(De parte de todos los niños y niñas de este país) pic.twitter.com/arg6zC8e89— Alejandro Palomas (@Palomas_Alejand) March 10, 2022
Carmen Calvo matizó que no habrá cambios legislativos para dotar de mayores poderes al Defensor del Pueblo. El DP NO tiene poderes coercitivos! Preguntas clave sobre la comisión de expertos que investigará los casos de pederastia en la Iglesia en España https://t.co/5LJJPPjVOn— miguel hurtado (@MHC_1982) March 11, 2022
Ahora Palomas se suma a una plataforma crítica con la fórmula aprobada por el Congreso, liderada por el PSOE y el PNV pero que cosechó el apoyo de todos los grupos salvo Vox. Palomas, contactado por infoLibre, prefirió reservar cualquier comentario hasta la presentación de la plataforma este jueves.
La plataforma integra también a la Fundación Vicki Bernadet, con sedes en Barcelona y Zaragoza. Beatriz Barrera, su responsable de comunicación, afirma que la fórmula del Defensor no es “ni óptima ni resolutiva” y abunda en una certeza: “El activismo y las entidades sociales no están consiguiendo los objetivos deseados”. Por eso, afirma, la Plataforma Tolerancia 0 surge como un “lobby” para exigir políticas contra el abuso sexual a menores, explica.
Aunque nace vinculado al abuso sexual en la Iglesia, la fundación abarca abusos en cualquier ámbito, con la persecución de objetivos como el “alargamiento del periodo de prescripción”, explica. Aunque nace con ámbito catalán, la vocación de la plataforma es extenderse y agrupar a todas las fuerzas que compartan objetivos. Manuel Barbero (Mans Petites) afirma que sus integrantes trabajan en la celebración de un congreso, todavía sin fecha, para sumar activistas, asociaciones, colegios profesionales y entidades jurídicas.
Está fuera de la Plataforma Tolerancia 0 la asociación Infancia Robada, fundada por el diputado socialista Juan Cuatrecasas, que confía en la fórmula del Defensor del Pueblo.
