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Pulso entre la Iglesia y el Gobierno

El viaje abre una tregua entre el Episcopado y el Ejecutivo, enfrentados por el desarrollo legislativo del programa socialista y la presencia de la religión en la sociedad

LA llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, tras ocho años de legislatura del PP, fue recibida con recelos en el Vaticano. La legalización de los matrimonios homosexuales no sólo sacudió todas las sacristías españolas, sino que también hizo tambalear las columnas de la basílica de San Pedro, donde se interpretó la iniciativa como un ataque sin precedentes. El influyente cardenal Bertone, mano derecha de Ratzinger y hoy número 2 en la Santa Sede, resumió el enojo general con una frase lapidaria: «Zapatero ha propinado una bofetada a la Iglesia». La sentencia de uno de los grandes electores del cónclave derramaba un jarro de agua gélida sobre las esperanzas que se habían abierto con la llegada de Ricardo Blázquez a la cúpula de la jerarquía española.

Si la tarjeta de visita del Gobierno socialista ante el nuevo Papa -Ratzinger había sido elegido apenas dos meses antes- era la bendición de las uniones gays -una promesa incluida en su programa electoral-, se vaticinaban tiempos duros para una institución que tiene en la familia uno de sus puntales. El enfado pontificio fue notorio y se tradujo en su negativa a recibir a Rodríguez Zapatero en Roma, gesto que sí lo tuvo con los Reyes -les atendió en Castengandolfo- y con el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, e incluso con el anterior inquilino de La Moncloa, José María Aznar.

Identidades

El desencuentro del Gobierno con la Iglesia venía de atrás y se manifestaría con nuevos episodios. El cardenal Antonio Rouco, entonces al frente de la jerarquía católica, y el arzobispo de Toledo -y hoy cardenal- Antonio Cañizares, han mantenido una línea de oposición al Ejecutivo socialista, al que acusan de poner en marcha una ofensiva contra la Religión y la Iglesia. La recuperación de la memoria histórica de la II República por parte del PSOE, que intenta perfilar más su marca y su identidad de izquierda, han servido para justificar esta tesis. Incluso de puertas para adentro se acusa a Zapatero de «hablar mejor del Islam que del catolicismo». Esta posición cuenta, además, con el apoyo de españoles influyentes en la Curia romana.

Las iniciativas legislativas del Gobierno socialista han chocado de manera frontal contra los pilares de la doctrina eclesial. El propio Benedicto XVI lo recordaba en sus discursos ante parlamentarios europeos y en la presentación de credenciales del nuevo embajador de España ante la Santa Sede: defensa de la vida, la familia y la educación. Tres «principios irrenunciables», en palabras de Cañizares.

La ampliación del aborto, la reproducción asistida, la regulación del matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la futura normativa sobre identidad de género y la ley de educación, entre otros asuntos, han puesto en pie de guerra a la jerarquía y a un número importante de colectivos, que se sienten agredidos y desprotegidos, desde el convencimiento de que conculcan derechos fundamentales.

Tanto unos como otros han promovido manifestaciones multitudinarias contra el Gabinete de Zapatero, al que acusan de imponer una «moral de Estado», para lo que no estaría legitimado. Las movilizaciones en defensa de la familia o contra la reforma educativa han contado, además, con el apoyo del PP, lo que desde Moncloa se ha visto como una 'santa alianza', la consolidación de un 'frente católico' que se retroalimenta de intereses no sólo religiosos sino también políticos. Incluso los obispos han hecho bandera de la desobediencia: «Sólo deben ser acatadas las leyes justas», ha sostenido el portavoz y jesuita Antonio Martínez Camino.

En estos momentos, la urgencia se centra en la LOE, aprobada ya en el Congreso. Los obispos han pedido una moratoria en su aplicación -no se sabe si la asignatura de Religión tendrá alternativa- y se han encastillado en la defensa de sus prerrogativas sobre el profesorado. El texto recoge que su régimen laboral se adecuará «a Derecho», y la Iglesia pretende que ese derecho no sea sólo el Civil -el Estatuto de los Trabajadores- sino también el Canónico en un intento de mantener el control para rechazar a las personas que no sean «idóneas» (la 'venia docendi'). Al frente la comisión negociadora se encuentra el cardenal de Toledos, quien está convencido de que el sistema educativo «es una de las peores cosas que le está pasando a la sociedad española».

¿A quién apoya Roma?

El asunto de la financiación no preocupa tanto a la Iglesia como las esencias de su magisterio. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, considera que el sistema «no es sostenible» y se ha puesto en marcha para revisarlo de manera que los Presupuestos de 2007 reflejen ya «un ajuste y una actualización». Con la autofinanciación en un horizonte muy lejano, los obispos abogan por incrementar el porcentaje del IRPF -subir el coeficiente del 0,52 al 0,80-, pero de momento las reuniones se encuentran en un nivel técnico, con la participación de la directora de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, y el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. La pasada semana, en el curso de la jornada 'La laicidad como marco para la libertad', el sector más combativo del PSOE contra los privilegios de la Iglesia, que lidera el diputado Álvaro Cuesta, propuso incentivar fiscalmente las donaciones económicas a cargo de los fieles para respetar el principio de neutralidad del Estado.

El recorte de la dotación económica fue esgrimido como amenaza por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en los momentos más tensos del enfrentamiento con los obispos. La 'número dos' del Ejecutivo asumió el mando de las relaciones con la Iglesia y viajó de manera inesperada, el 12 de noviembre de 2005, al Vaticano, donde se quejó ante el cardenal Angelo Sodano del trato «desleal» que estaban recibiendo por parte de la jerarquía, en el que incluía a su 'brazo mediático', la Cope.

La llegada de Ricardo Blázquez a la dirección episcopal, con un talante más abierto y dialogante, generó en el seno del Gobierno expectativas de una mejora en las relaciones, avalándole como principal interlocutor. Pero el discurso omnipresente de Rouco y el nombramiento de Cañizares como cardenal hacen vislumbrar por dónde pueden ir las preferencias del Vaticano para bendecir a sus 'hombres fuertes' en España. En este contexto, fue significativo el respaldo de Roma al documento de la Conferencia sobre la teología libre -los pensadores rebeldes-, redactado por monseñor Romero Pose, autor también del 'esquema' de la instrucción pastoral sobre la unidad de España El sector más progresista del Episcopado avanza que el todavía obispo de Bilbao lo tendrá muy difícil para repetir mandato. En el caso de que quiera hacerlo.

Lo público y lo privado

Pero en el fondo de esta tensión entre el poder del Príncipe y la influencia de la Iglesia, late también un pulso por el peso y la presencia que la fe en la sociedad. El Ejecutivo y una parte mayoritaria del PSOE consideran que la religión pertenece a la esfera de lo privado y que el Estado no debe tener privilegios especiales para con la confesión católica, una apuesta que se recoge en el documento marco de su próxima Conferencia Política. Un argumento que la jerarquía católica no está dispuesta a admitir y sí a combatir. Los obispos creen que el derecho a la libertad religiosa no debe circunscribirse al ámbito de lo privado, sino que debe ser un derecho protegido y promovido por el Estado, si se tiene en cuenta que la sociedad española es mayoritariamente católica.

Reivindican, además, su derecho a intervenir en la realidad sociopolítica como lo hacen otros estamentos, en coincidencia con líderes del PP que llaman a los católicos a «organizarse para ejercer una mayor presión política». «Se legisla desde el Parlamento, pero se opina desde el púlpito», defiende Rouco Varela, valedor e ideólogo, junto a Cañizares, del sector más activo, que impulsa la presencia de los católicos en la vida pública y promueve una nueva evangelización. Ambos purpurados, amigos de los mensajes apocalípticos, creen que es la hora de la Iglesia para evitar «un suicidio colectivo» en una «decadencia sin precedentes».

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