La historiadora Miriam Saqqa acaba de publicar ‘Las exhumaciones por Dios y por España’ (Cátedra), una amplia y reposada investigación que desgrana cómo la dictadura utilizó a sus caídos para justificar su represión.
El águila con el escudo de la España franquista junto al yugo y las flechas falangistas. Debajo, una ristra de nombres propios bajo un título conciso e interesado: caídos por Dios y por España. Ese es el homenaje que brindaron cientos de municipios españoles a aquellas víctimas de la Guerra Civil que los sublevados y el franquismo entendieron como propias. La historiadora Miriam Saqqa acaba de publicar Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), una amplia y reposada investigación que desgrana cómo la dictadura utilizó a sus caídos para justificar su represión a través de un proceso no solo ideológico, sino también judicial y forense.
En medio siglo de democracia, ningún gobierno se ha atrevido a realizar un proceso similar dedicado a desenterrar los miles de muertos que todavía reposan en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Son los olvidados, los que no quiso el franquismo, los que dejaron a un lado a Dios y solo murieron por España o por la revolución que, por un tiempo, pudieron acariciar con sus manos.
El concepto de “caídos por Dios y por España” tuvo su génesis durante la Guerra Civil, desde los primeros instantes tras el fracasado golpe de Estado del 18 de julio de 1936. “Era una forma de construir la identidad nacional que pretendían asentar los sublevados durante la contienda, pero también la dictadura franquista”, introduce Saqqa. Gracias a su investigación, la historiografía puede conocer fehacientemente que los miles de desenterramientos que se sucedieron en los años posteriores no solo respondieron a intereses ideológicos, sino también a un plan maquinado desde lo judicial y lo forense.
En cuanto a las exhumaciones, la autora establece un proceso diferencial desde 1936. “En la Guerra, se solapan las exhumaciones que se realizan supervisadas por familiares, con las que realizan ayuntamientos y organismos locales. Todas ellas están menos reguladas y con menor documentación que en el proceso judicial que vendrá después”, afirma la también arqueóloga y antropóloga forense.
Al año siguiente, las exhumaciones se insertaron en la justicia militar, dentro de las denominadas como causas generales, que estuvieron abiertas hasta que se incoó la causa general en 1940. “A partir de entonces, las exhumaciones se extendieron por todo el país y el Estado tenía el monopolio para realizarlas”, detalla.
Un proceso exclusivo y excluyente
Para ello, antes había que localizar a estas víctimas de la contienda, siempre enmarcadas en lo que el nuevo régimen entendía por “víctima”. “Las definen como aquellos caídos por Dios y por España en el movimiento nacional, o víctimas de la revolución marxista. Es un proceso exclusivo y excluyente. Todo el que estaba fuera de ese marco, no era víctima de la Guerra Civil”, desarrolla la especialista.
De esta forma, el régimen llevó a cabo un proceso de damnatio memoriae, es decir, una forma de borrar de la historia al enemigo. “En muchos casos, las personas que quedaban fuera ni siquiera podían ser inscritas como fallecidas en el registro civil”, apuntilla Saqqa. Además, aquí toma prevalencia también el hecho de que “las exhumaciones eran parte de la construcción ideológica del régimen y la justificación de su represión, de forma interna pero también para el exterior, a nivel internacional”, desgrana Saqqa.
El nacional-catolicismo sobrevoló sobre el proceso de exhumaciones en el franquismo. Tanto, que en 1940 las fosas pasaron a ser lugares sagrados. De esta manera, protegían aquellas en las que todavía no se había realizado ningún desenterramiento. Por otro lado, tal y como señala la historiadora, los familiares vieron en 1946 prorrogado indefinidamente el plazo para reclamar los restos de sus allegados.
La exaltación del régimen en los desenterramientos
Estas exhumaciones iban acompañadas de actos de exaltación del régimen y en muchas de ellas llegaban a participar altos cargos de la dictadura. Curioso es lo ocurrido en Soto de Aldovea, un pueblo madrileño cercano a Torrejón de Ardoz, en donde en diciembre de 1939 desenterraron alrededor de 400 cuerpos. Los cadáveres fueron trasladados en camiones militares parapetados con la bandera franquista. Saqqa continúa la historia: “En el proceso judicial explican cómo se sintieron ofendidos porque muchas personas se negaban a hacer el saludo fascista al paso de estos camiones, aunque les obligasen a ello”. Para la historiadora, esto es un “ejemplo de resistencia social” ante la construcción ideológica que siempre llevó a cabo la dictadura.
A partir de octubre de 1940, el Tribunal Supremo envió desde Madrid requerimientos e instrucciones judiciales que llegarían a todos los lugares de España. Querían localizar todas las fosas y recuperar los cuerpos, siempre de aquellas personas que ellos consideraban víctimas. Tan solo de los que habían caído por Dios y por España. La mayoría de las piezas principales de la Causa General no se cerraron hasta 1951, cuando se minimizó su actividad.
Amenazas y coerción a los familiares
Tal fue su empeño durante esa década que en muchas ocasiones “se requería de manera coercitiva a los familiares de estas víctimas acudir a los tribunales de justicia para que declararan”, en palabras de Saqqa. Si no lo hacían, se enfrentaban a multas económicas e, incluso, prisión por incumplimiento. “El proceso se volvía totalmente represivo si usaban la otra vía de información, que eran los interrogatorios con detenidos o sospechosos”, completa la autora de la investigación. De esta forma, los procesos de exhumación de mártires y caídos no se pueden desvincular de la represión ejercida por la dictadura.
A ojos de la historiadora, la finalidad principal de este proceso era “reprimir al mismo tiempo que se construía ideológicamente el régimen a través de esa figura» que define como «cuerpos nación», ya que estos fallecidos se utilizaron para la construcción nacional que a la dictadura le interesaba, argumenta.
De Primo de Rivera hasta la actualidad
La figura más destacada de todas fue Primo de Rivera, el mártir hegemónico y predilecto que el franquismo utilizó también para conglomerar las diferentes ideologías que conformaban las fuerzas sublevadas, primero, y la dictadura, posteriormente. El cuerpo del fundador de la Falange fue llevado a hombros desde Alicante hasta El Escorial en una marcha que duró 10 días, donde terminó enterrado antes de trasladarlo al Valle de Cuelgamuros, y su nombre encabezó la lista de mártires expuestas en muchos municipios de España bajo el yugo y las flechas. “Por supuesto, se trata de un proceso ideológico total y una de las actuaciones simbólicas del franquismo para construir esa idea de los caídos”, apunta Saqqa.
En definitiva, España pasó por varios procesos de exhumación durante el siglo XX. Los primeros fueron ejecutados por los sublevados y el régimen, que quisieron desenterrar, honrar y justificar su represión mediante estas exhumaciones. A mediados de los años 50, llegaron las exhumaciones de aquellos cuerpos que han terminado en el Valle de Cuelgamuros. Más tarde, a finales de los años 70 y principios de los 80, familiares de víctimas del bando republicano empezaron a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, sin apoyo técnico ni forense. No sería hasta el año 2000 cuando comenzaron las exhumaciones contemporáneas, científicas, que alcanzan hasta la actualidad.
Una vez estudiado y comprendido cómo el franquismo se comportó para con sus caídos, y solo para sus caídos, Saqqa considera que a lo largo de los casi 50 años de democracia que ha habido en España todavía no se ha producido un proceso judicial de magnitud similar al que llevó a cabo la dictadura con sus mártires. “Por ese creo necesario conocer cómo la dictadura realizó la gestión sobre aquellos que consideraba muertos propios, para poder establecer un correlato con los procesos vividos en democracia sobre las víctimas de la represión sublevada y dictatorial”, finaliza la historiadora.
