Una mujer decidió interrumpir su embarazo, su ex pareja acudió a un tribunal para impedirlo, tres jueces dijeron que por estar casados legalmente el hombre tenía derecho por encima de la decisión de su expareja. Otra vez el Poder Judicial emite un fallo reaccionario que atenta contra la autonomía de los cuerpos y el derecho a elegir.
En los últimos días se hizo público un fallo por el cual le impidieron a una mujer acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil de la provincia San Juan ordenaron suspender la realización de esta práctica al hacer lugar a una medida cautelar que presentó un hombre en perjuicio de su expareja, quien había iniciado los trámites para abortar. Justifican su resolución tomando en cuenta que la mujer y el hombre aún están legalmente casados.
El argumento de los jueces es por demás reaccionario y contradice el llamado “principio de autonomía” de la persona gestante que establece la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso a fines de diciembre y promulgada a mediados de enero “Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad”.
Indican que en 2018, cuando contrajeron matrimonio, se comprometieron a “desarrollar un proyecto de vida en común”, el aborto no podría realizarse sin “la confluencia de ambas voluntades”.
Esgrimen, para validar su resolución, que rige la “presunción de paternidad”. En este sentido lo que los jueces de San Juan dictaminaron es que la medida cautelar tiene como objetivo “resguardar sus derechos como padre”.
Pero quizás lo más importante es que con este fallo vuelven con una idea que ya no es viable en pleno siglo XXI: una mujer pierde su autonomía si está casada.
En las últimas horas desde el Juzgado resolvieron dejar sin efecto la medida de no innovar de su fallo anterior, es decir no impedir el acceso a la IVE, un hecho que confirma que la publicidad del caso presionó que se revirtiera un fallo que tenía como único objetivo dilatar los tiempos y de ese modo impedir el ejercicio del derecho de una mujer que amparada por la ley había decidido interrumpir su gestación.
Es importante señalar que todo lo sucedido se da en San Juan, una provincia que gobierna Sergio Uñac, del Frente de Todos, quien además de hacer pública su oposición al aborto legal, al día de hoy en la provincia que gobierna sigue restringida la venta del misoprostol en farmacias y no adhirieron a la aplicación del Protocolo para abortos no punibles.
“No respetar la autonomía de una mujer es una expresión más de violencia”
Consultamos la opinión de Soledad Deza, abogada feminista en el caso de la joven Belén en Tucumán, autora de Jaque a la Reina, un libro que recorre el espinoso camino de las mujeres criminalizadas por la penalización en la provincia gobernada por Juan Manzur del Frente de Todos.
“El caso tiene como varias aristas, quizás la más perversa es la de un marido que se siente con el derecho a disponer del cuerpo de su esposa y subordinarlo al servicio de su propio deseo. Hablamos de un deseo que se asimila al de propiedad sobre otro. Que entiende que le corresponde solo en base a un vínculo matrimonial.
Otra de las aristas es la que tiene que ver con la forma en la que el Poder Judicial se inmiscuye indebidamente en la vida privada de las personas. Acá lo más llamativo es qué clase de intervención es la que está buscando?. ¿Está buscando obligar a conformar una familia?. Porque si uno lo piensa al revés el deseo de un esposo que quiere obligar a abortar a una mujer parece un tema super violento, pero en este caso como la finalidad de la justicia es imponer una maternidad forzada pareciera que forma parte de nuestra cultura.
Esto forma parte de una estrategia más macro que es la judicialización conservadora de la ley 27610. En este caso es más perverso porque tiene a la intimidad de una mujer puesta en el tapete de la arena pública. Es una expresión más de la violencia y de la inmoralidad con la que operan estos sectores.
La persona con capacidad biológica de gestar es la única que puede decidir hasta la semana 14 inclusive si llevará adelante o no un embarazo. El único consentimiento que se necesita es el propio. Cualquier otra interpretación es una expresión de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Es importante desde lo discursivo empezar a poner las cosas en su lugar, no hay un padre hasta que no hay un nacimiento con vida, esto está establecido en el Código Civil. Si no hay un nacimiento con vida no hay una persona, por tanto no puede haber un vínculo de filiación. Entonces hablar de padre, hablar de madre, hablar de hijo me parece que es otra estrategia de los fundamentalismos religiosos para adjudicar una personalidad jurídica a un feto que no la tiene”.
Consecuencias de las restricciones a la autonomía
En este caso hablar de autonomía significa tener el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre los propios cuerpos. Un derecho que parece elemental y que sin embargo para las mujeres no resulta fácil de ejercer.
En provincias como San Juan, Chaco, Formosa, Tucumán, Jujuy, gobernadas por los partidos que en el Congreso tienen una participación mayoritaria, aunque existan leyes o programas, para las mujeres ejercer sus derechos puede significar criminalizarlas, exponerlas al escarnio público o en casos extremos obligar a maternar a niñas producto de una violación.
Sin olvidar un actor clave cuyo poder político sigue teniendo injerencia en todo el país como son las iglesias católica y evangélica logrando por ejemplo que aún al día de hoy no sea de aplicación masiva en los colegios la ley de Educación Sexual Integral.
De acuerdo al informe Estado de Población Mundial 2021 del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), se observó que en 57 países casi la mitad de las mujeres tienen diferentes obstáculos para ejercer esta autonomía.
La pandemia provocada por la covid-19 además de acrecentar la crisis sanitaria y económica complicó el acceso a los diferentes anticonceptivos que el Estado está comprometido a entregar de forma libre y gratuita.
El informe señala que alrededor de un millón de mujeres en nuestro país podrían discontinuar el uso de anticonceptivos modernos. De ellas el 65 por ciento lo hará por la disminución de sus ingresos y el otro 35 por ciento por las dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud.
Esto se traduce en que nuestro país retrocedería en cuanto a acceso a métodos anticonceptivos a los niveles de hace 20 años, siendo los de corta duración como preservativos, anticonceptivos orales o inyectables, los que sufrirían el mayor impacto.
La sanción de la ley 27610 para la interrupción voluntaria del embarazo es sin dudas una gran victoria producto de años de lucha en las calles del movimiento de mujeres. Sin embargo ejercer este derecho no es tan sencillo como vimos en el caso de San Juan.
Los sectores antiderechos con poder económico y político en los gobiernos siguen teniendo injerencia como quedó demostrado hace unos días en el municipio de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense.
El Concejo deliberante de esa localidad, cuyo intendente es Martín Insaurralde del Frente de Todos, promulgó una ordenanza en donde se impuso institucionalizar en la ciudad el “Día del niño por nacer”. Si bien la iniciativa del proyecto fue del bloque de Juntos por el Cambio, la unanimidad aportada por el Frente de Todos, incluso con el voto afirmativo de concejalas “verdes”, los sorprendió y eliminó “la grieta”.
Tanto la medida cautelar del Tribunal de San Juan, como la ordenanza emitida en Lomas de Zamora, son intentos de los sectores más conservadores de avanzar en la restricción de derechos. Que existan leyes es importante pero no se transforman automáticamente en garantes del ejercicio libre de los mismos.
Ante estos hechos que demuestran que los antiderechos no cesan en su propósito solo la organización del movimiento de mujeres podrá asegurar el ejercicio libre de derechos elementales como el de decidir sobre el propio cuerpo, sumando como lo hizo en las calles la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado.
