También se propone la incorporación de referencias, actos y conmemoraciones de cáracter civil a determinadas festividades locales
La polémica surgida por la participación en las procesiones del Santo Entierro y La Soledad de varios concejales del Partido Popular con la Medalla Corporativa llegará al Pleno Ordinario que celebrará el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo este jueves. Lo hará en forma de moción presentada de forma conjunta por Partido Socialista e Izquierda Unida sobre “medidas efectivas para la separación entre la Iglesia y el Estado y la promoción de la laicidad del Estado”.
Hay que recordar que en los primeros meses de la legislatura el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento acordó que no habría representación del Consistorio en los actos religiosos, a excepción de los organizados con motivo del patrón de Ciudad Rodrigo, San Sebastián. Tal decisión le fue comunicada durante esa época en una reunión al Obispo Raúl Berzosa.
Desde entonces, y a excepción de aquellos actos del patrón, únicamente concejales del PP han participado en actos religiosos (excepto la presencia en varios momentos de Carlos Fernández Chanca, del PSOE), situación que se repitió en las procesiones referidas de la pasada Semana Santa. La diferencia es que en estas procesiones los concejales del PP lucieron la Medalla Corporativa que se entrega a todos los ediles al inicio de la legislatura. Este hecho ha molestado al Equipo de Gobierno, ya que se entiende que la Medalla es símbolo de representación del Ayuntamiento, cuando desde el Equipo de Gobierno se ha decidido que esto no ocurra.
La situación no había quedado refrendada por escrito hasta ahora, cuando la moción que se debatirá este jueves plantea que quede regulado que los miembros de la Corporación “no asistan con la medalla corporativa o el bastón de mando en aquellos actos a los que no acuda oficialmente el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo”.
Según se recoge en el argumentario de la moción, “no se trata de impedir que los concejales que profesen la religión católica vayan a esa misa, sino que la Corporación Municipal, como tal, tenga presencia en un rito religioso, y que además deba jugar un papel determinado”. Es decir, quién quiera podría seguir asistiendo, pero sin portar la Medalla Corporativa.
La moción añade que una cosa es que las administraciones respeten las creencias de los ciudadanos “y otra bien diferente que los representantes del conjunto de los ciudadanos (creyentes de diferentes confesiones, agnósticos y ateos) acaben formando parte de un rito religioso” porque “la participación en representación de la institución es algo que no debería ocurrir por respeto a la Constitución y a la separación Iglesia-Estado”.
Además se recoge que, “en la medida de posible y escalonadamente” se vayan incorporando al calendario oficial de Ciudad Rodrigo y a determinadas festividades locales “referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil”.
Se pide a otras instituciones reformas en los currículos educativos
Dejando de un lado esos aspectos locales, la moción recoge hasta 6 puntos dirigidos a otras administraciones. Por un lado, se insta al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a impulsar una nueva Ley de Liberad de Conciencia y Religiosa, “regulando las relaciones con las diferentes confesiones”; aprobar una Ley que establezca criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos para “evitar la confusión o la alianza entre la función pública y la religiosa”; y elaborar un protocolo para la organización de actos in memoriam de carácter civil promovidos por las autoridades públicas.
Asimismo, la moción insta al Congreso de los Diputados a suprimir los artículos de la Ley Hipotecaria referentes al privilegio de inmatriculación de bienes por la Iglesia Católicacuando carezca de título escrito de dominio; y a suprimir la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles en los bienes propiedad de la Iglesia Católica.
Por último, en otro de los puntos de la moción se plantea una defensa de la escuela pública laica “como garantía de los valores públicos y de respeto de las creencias privadas”, de tal modo que en el currículo se integren “los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía”, y que se supriman las enseñanzas confesionales.
En el argumentario de la moción se expresa que la laicidad es “una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia”, añadiendo que “las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas son asunto privado, de libertad individual; cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa”.
