El Consejo de Ministros dará luz verde a las restricciones de la interrupción voluntaria del embarazo anunciadas hace año y medio por el titular de Justicia
Frente a las sedes del PP y contra la única medida cumplida de su programa electoral. Organizaciones de mujeres de todo el país han convocado movilizaciones en distintas ciudades de España para protestar por la vulneración del derecho a decidir que supondrá la contrarreforma de la ley del aborto que hoy aprobará, previsiblemente, el Consejo de Ministros. Así lo anunció ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, verá hechas realidad al fin, casi dos años después de sus primeros anuncios al respecto, las medidas que restringirán la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta normativa, vigente desde 2010, permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, mientras que todo apunta a que la reforma de Gallardón volverá a la ley de supuestos de 1985. O peor.
Aun se desconoce el texto definitivo del anteproyecto pero, según las píldoras ofrecidas por el ministro en medios afines al Gobierno, la nueva medida restringirán aún más el supuesto de despenalización del aborto en caso de malformación fetal y "vigilará" el supuesto del riesgo para la salud física o psicológica y de la madre.
Contra todo ello se rebelarán las defensoras del aborto libre. La protesta central está convocada a las 19.00h frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, aunque también hay prevista una concentración a las 12.00h frente al Palacio de la Moncloa. No sin su correspondiente contramanifestación de grupos autodenominados "provida" como Derecho a Vivir, que acudirán a las 13.30h a la Escuela de Estadística, donde permanecerán hasta que concluya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las otras convocatorias, divulgadas por la Federación Estatal de Organizaciones Feministas, consisten fundamentalmente concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en las distintas ciudades, en las sedes del Partido Popular y en otras plazas significativas. Detrás están distintas entidades, muchas aglutinadas bajo la llamada marea violeta, junto a plataformas como Decidir nos Hace Libres —de la que forman parte 328 asociaciones, redes y ONG de todo el Estado, como la Federación de Mujeres Jóvenes o la de Mujeres Progresistas, Católicas por el Derecho a Decidir, UGT y CCOO o Médicos del Mundo.
'Decidir nos hace libres' alerta de que la restricción del aborto sólo acarreará "mayor riesgo para la salud y la propia vida de las mujeres"
El manifiesto de esta plataforma denuncia que la reforma acarrerará "una pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva" que "expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres". Asimismo, condena "la lamentable argumentación decimonónica que enfatiza como único derecho de la mujer el de la maternidad sin libre elección" y "la arbitrariedad" que, aseguran, reina "en el manejo y uso del concepto 'derechos'" cuando se trata de aborto. "Denunciamos que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. Afirmamos, por el contrario, que sí hay derechos específicos de la mujeres en salud sexual y reproductiva y debe haber, por tanto, derecho a prestaciones específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios", reza el texto.
Manifestaciones en gran parte de las comunidades
En Andalucía se han citado a las siete de la tarde frente a la subdelegación del Gobierno en Granada, en la Plaza Nueva de Sevilla y media hora más tarde, en la Plaza de la Constitución de Málaga. En Mallorca lo harán frente a la Delegación del Gobierno a las siete, como en Murcia o en Santander, donde la protesta se iniciará a las 19.30 horas.
Alicante, Granada, Mallorca, Zaragoza y A Coruña son algunas de las ciudades donde se celebrarán las marchas
En Alicante la convocatoria es a la una en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras en Castellón esperarán a las seis y media en la Plaza María Agustina. En Valencia se han citado a las puertas de la Delegación del Gobierno también a las 19.00 horas. En País Vasco, donde hay convocatorias a las 12.30 en la Virgen Blanca de Gasteiz, a las 13.00 horas frente a la sede del PP de Bilbao, en el Boulevar de Donostia y media hora más tarde en la Plaza Cardenal Orbe de Ermua.
En Barcelona será frente a la Delegación del Gobierno, también a las siete de la tarde, en Lleida la 'Marea Lila' se concentrará frente a la sede del PP local, como en Tarragona, mientras en Manresa la convocatoria está ubicada en en Crist Rei. Mientras, en Burgos, será a las siete en la Plaza del Cid y en Valladolid coincidirán dos convocatorias, una frente a los juzgados a las ocho de la tarde y otra para una manifestación que prevé acabar frente a la sede del PP.
En Galicia, a las siete de la tarde, se prevén protestas en Vigo, A Coruña, Orense, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Pontevedra, A Mariña y Cangas. En Tenerife la protesta es a las siete en la Plaza de la Candelaria. En Huesca, la cita es a las siete y media en la Plaza de Navarra, en León a las cinco sale una manifestación desde la Plaza de Guzmán y en Zaragoza a las siete, en la Plaza de España.
El TC y el programa electoral, la justificación de Gallardón
El Ministerio de Justicia llevará mañana al Consejo de Ministros la anunciada reforma de la Ley 3/2010 de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, un compromiso electoral del Partido Popular que figuraba en la página 108 del programa con el que ganó las elecciones generales y que se ha demorado dos años durante los que se han ido sucediendo los anuncios al respecto.
Aunque este asunto está vinculado al Sistema Nacional de Salud, el peso de la reforma ha recaído sobre Justicia y sobre su titular, Alberto Ruiz Gallardón, que ya anunció poco después de acceder al puesto que tocaría la normativa vigente, un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas, para "ajustarla" a la doctrina del Tribunal Constitucional en relación a los derechos del no nacido.
El Gobierno no ha esperado a que el Constitucional resolviera el recurso que el PP interpuso contra la normativa actual
Precisamente, el Alto Tribunal tiene aún sobre la mesa un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa vigente impulsado por 50 diputados del Partido Popular en la pasada legislatura, pero a juicio de Gallardón, no es necesaria una nueva resolución, porque "este organismo ya se pronunció" cuando en 1985 dictó sentencia imponiendo la necesidad de "armonizar los derechos del no nacido con los de la gestante". Ese será, según ha ido desgranando el ministro, el eje de la reforma —que no nueva ley, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press—, porque en su opinión, el texto de 2010 obvió los derechos del nasciturus en aras de proteger los intereses de la gestante.
"Quiero recordar que el Tribunal Constitucional, cuando estudió y falló sobre la primitiva ley, algunos de cuyos puntos fueron declarados inconstitucionales y modificados por el legislador socialista, estableció unos principios, y esos principios son que el concebido es susceptible de protección jurídica (…) No es menos cierto que no dijo en ningún momento que pudiera ser objeto de desprotección y, por lo tanto, objeto de despenalización", apuntó Gallardón en junio del año pasado.
Esta misma semana ha recordado este asunto ante el Pleno del Senado, donde además, dijo que eliminaría otras cuestiones que "no gustan" en el Gobierno, entre los que destacó que las menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno. Este fue uno de los aspectos más controvertidos de la legislación socialista.
Tampoco "gustan" en el PP otros aspectos de la ley sobre los que el ministro no ha concretado detalles, como la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la información que reciben las mujeres cuando solicitan el aborto —un diputado de UPN ha pedido que se les mostrase una ecografía— o la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo sexual, aspectos todos que figuraban en el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados en los 80.
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