Con la llegada de la primavera, como todos los años, llega la marea confesional católica, la llamada "semana santa", a todos los medios de difusión públicos, especialmente a las cadenas de televisión que, como en el caso de TV2, puede llegar a retransmitir estos ritos durante cinco horas y media. Ello sin contar la aportación apabullante de las cadenas autonómicas.
En una España constitucionalmente aconfesional, este comportamiento envía, indefectiblemente, dos falsos mensajes: 1) La religión es un factor de cohesión social. Este falso mensaje deja fuera a todas aquellas personas (millones) cuyas creencias no son de origen religioso o que, aún siéndolo, no son católicas. Los únicos factores de cohesión, en un Estado que se pretende laico, son la libertad de conciencia de cada individuo, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos; 2) Existen privilegios "naturales" de la Iglesia católica, atemporales y eternos, sea cual sea el marco político del Estado. Falso. No hay nada de natural en la exposición masiva y forzosa a ese bombardeo televisual contra tod@s l@s ciudadan@s, con la aquiescencia de nuestros gobernantes. Si la televisión es un servicio público con aspiraciones de universalidad, debe dar prioridad comunicativa a todo aquello que nos es común, más allá de nuestras diferencias. Y la religión católica, mal que les pese a los jerarcas católicos, hace 30 años que no es la base de la actuación del Estado.
Asimismo, por estas fechas se recrudece la permanente simbiosis entre la espada y la cruz: centenares de militares y policías locales participan gozosos (¿o no?) en todo tipo de ritos católicos, y el Ministerio de Defensa coloca la bandera a media asta en cuarteles y dependencias militares.
Cuando la legitimidad del Estado era de origen divino, y Franco era el mejor intérprete de dicha voluntad, estas situaciones tenían su lógica. No en vano los Principios del Movimiento Nacional afirmaban que "La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inquebrantable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación". No es una casualidad la especial predilección de la Iglesia católica por las dictaduras de toda laya (católicas, por supuesto): la Italia de Mussolini, el Chile de Pinochet, o la Argentina de Videla así lo atestiguan. No hay nada más eficaz para imponer unas creencias que una buena dictadura, sin derechos, sin libertades y sin objeción de conciencia.
Pero cuando la legitimidad procede del pueblo, y en un Estado en el que ninguna creencia tiene carácter estatal, sus servidores y funcionarios (y los soldados y policías lo son) se deben, exclusivamente, a la función pública para la que han sido designados, y sus servicios deben ser de interés general. Y la universalidad de la esfera pública no puede confundirse con la particularidad de una creencia religiosa y sus ritos. Claro está que nuestros representantes políticos y funcionarios pueden participar en ceremonias religiosas a título personal, siempre que lo decidan libre y voluntariamente. Pero nunca a título institucional y representativo. Porque están vulnerando el principio de aconfesionalidad del Estado.
Ya va siendo hora de que el Gobierno socialista se sitúe frontal y decididamente ante estas prácticas claramente menospreciadoras de las demás creencias, religiosas o no, y deje de ser cómplice de la transmisión a la sociedad del mensaje de que "por tradición o por historia" Estado y religión católica "siempre han estado unidos y siempre lo estarán". Dejando claro el derecho constitucional que asiste a los católicos a expresarse libremente, el reto sigue siendo la construcción de una sociedad laica en la que todos quepamos, sin privilegios ni discriminaciones.
Marzo 2008
M. Enrique RUIZ DEL ROSAL
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid