El arzobispado deberá indemnizar a las víctimas como responsable civil subsidiario La justicia también condena a tres mujeres de Barcelona que idearon el fraude
Un sacerdote de Zaragoza ha aceptado una condena de 29 meses en prisión por su participación en una red dedicada a favorecer matrimonios de conveniencia entre españoles e inmigrantes, cuando se encontraba al frente de la parroquia San Gregorio Ostiense de la capital aragonesa. La fiscalía y la defensa llegaron el viernes a un acuerdo en la Audiencia Provincial, según han informado este lunes fuentes judiciales. El acuerdo condena a la misma pena a tres mujeres de Barcelona que habían ideado el fraude y al Arzobispado de Zaragoza como responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a los perjudicados.
En un principio la fiscalía pedía 16 años de cárcel para cada uno de los acusados por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y usurpación de estado civil. El acuerdo, que ha permitido suspender la vista que debía celebrarse por estos hechos este lunes en la Audiencia, se sustenta en el pago previo por parte del Arzobispado de Zaragoza de diversas cantidades económicas a las personas que resultaron perjudicadas por la red. Entre abril y diciembre del 2007, el cura ofició, en connivencia con las tres mujeres implicadas, 50 falsos matrimonios. Las fuentes no han informado de las cantidades pactadas en concepto de indemnización, pero la fiscalía pedía 20.000 euros para cada una de las mujeres cuya identidad fue suplantada en esta trama.
Suplantación de identidad
Según la acusación pública, la red se servía mayoritariamente de carnets de identidad sustraídos a mujeres de nacionalidad española, cuyas personalidades suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios. También ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una "vía rápida" que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y 3.000 euros.
Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.
El fiscal argumentó que el párroco acusado "no dudó en prestarse a participar en la trama a sabiendas de su ilegalidad", soslayando, presuntamente, el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la celebración de matrimonios canónicos válidos. La investigación se inició a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se realizaban en la parroquia del acusado.
