SEMANA revela la historia de dos hermanos víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos por un sacerdote. Lograron que, en un fallo histórico, la justicia obligara a la Iglesia católica a pedir perdón. La institución se niega y llevarán el caso al Vaticano.
La tragedia que tuvieron que vivir dos hermanos que durante años fueron abusados sexual, física y psicológicamente siendo apenas unos niños, por parte de un sacerdote miembro de la congregación religiosa Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José, y quien tenía vínculos directos con el Obispado Castrense de Colombia, se convirtió en una histórica sentencia que obliga a la Iglesia católica, por primera vez, a realizar un acto de excusas públicas y reconocimiento por los daños causados por estos lamentables hechos. Sin embargo, se niega a cumplir con la decisión de la justicia.
Cumpliendo fallos de la Corte Constitucional para no revictimizar a los denunciantes, SEMANA no revelará datos del proceso base, pero contará los detalles de la lucha judicial que emprendieron por años con el fin de lograr justicia, reparación y sentar un antes y un después para que se reconozcan directamente responsabilidades de actos de pederastia en el interior de la Iglesia.
No ha sido una tarea fácil. En varias instancias de este trasegar jurídico, los dos denunciantes han sido revictimizados por la contraparte, que hizo hasta lo imposible para dilatar el proceso presentando nulidades, reparaciones, recusaciones, como quedó consignada en una queja radicada ante la Comisión de Disciplina Judicial, órgano encargado de sancionar a los profesionales del derecho cuando incurran en una falta en el ejercicio de su profesión.
En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior les ordenó clara y directamente al Obispado de Colombia y a la Congregación Religiosa Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José –que tiene varias sedes en Colombia y países de América Latina– adoptar “todas las medidas administrativas y simbólicas para reparar el daño causado” a los dos demandantes que fueron víctimas de abusos cuando tan solo eran unos niños por parte de un sacerdote que se ganó la plena confianza de sus familiares.
Los hechos son tan lamentables como inexplicables, el mismo sacerdote-rector abusó de los hermanos que llegaron a esta congregación en distintos momentos, y fueron víctimas de los abusos en diferentes zonas del país. Uno en el municipio de Carepa, Antioquia; el otro en la sede militar de Tolemaida, Cundinamarca, donde continuó ejerciendo sus abusos físicos y psicológicos, confiado en que jamás iba a ser tocado por la mano de la justicia. Craso error, como se lo hizo saber esta sentencia judicial sin precedentes.
Entre estas medidas se encuentra un acto de perdón público por los daños causados tanto a las víctimas como a la familia. La decisión no termina ahí, tiene un acápite que no cuenta con antecedente alguno en la historia del país, al tener que reconocer “públicamente el menoscabo causado a la confianza de los creyentes en la religiosidad”.
Teniendo en cuenta la gravedad de lo ocurrido, la Sala Civil puso una condición clara y que le da un reconocimiento al sentir y querer de las víctimas: tanto el Obispado como la Congregación Religiosa deberán “brindar un apoyo espiritual” a las víctimas, “si estas desean recibirlo, claro está”.
De nada valieron los reclamos de los demandantes, que consideraban que las respuestas de la Iglesia resultaban inverosímiles; en el caso del Obispado Castrense, aseveró que no le cabía ningún tipo de responsabilidad, pues los hechos ocurrieron en unas instalaciones que no controlaba, y que era el comandante de la instalación militar el único que podía autorizar el ingreso de personal ajeno a la fuerza pública, es decir, al sacerdote que fue denunciado por los abusos registrados en instalaciones militares.
Pese a la existencia de este fallo y a estar plenamente ejecutoriado y notificado a las partes, tanto el Obispado como la Congregación manifestaron abruptamente que no acatarán la decisión judicial. ¿Por qué? En su concepto, el fallo no está ejecutoriado, por lo que todavía cuentan con una instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta posición reacia forma parte de otra lucha jurídica, la cual, incluso, podría terminar ante el despacho del mismísimo papa Francisco, en el Vaticano. Fuentes cercanas al proceso indicaron que en los próximos días se presentará la documentación completa para que se revise el caso y se emita un pronunciamiento directo de la Santa Sede.
SEMANA buscó por todos los medios al Obispado Castrense de Colombia para conocer su opinión, pero fue imposible tener una respuesta. En una búsqueda en la Rama Judicial se encontraron los conceptos enviados el 4 y el 30 de noviembre de 2022, en los que intentaba zafarse de toda responsabilidad.
“El comandante de cada instalación militar es el único que puede autorizar o prohibir el ingreso de personal ajeno a la fuerza pública a estas locaciones; por lo cual, era el mencionado ministerio (al cual se encuentran adscritas las Fuerzas Armadas de Colombia) y no el Obispado Castrense el llamado a responder por los delitos sexuales cometidos (…), pues mi representada –en referencia al Obispado Castrense– carecía de cualquier poder de control o vigilancia sobre lo sucedido en dichas bases militares”, señaló el abogado del Obispado, quien tiene una relación directa con el Ministerio de Defensa.
