El movimiento por un estado laico en Costa Rica congregó una marcha el sábado 20 de enero de 2018 en San José, su ciudad capital. A ella asistieron una amplia gama de sectores sociales y políticos que apoyan la separación del clero y el estado por diferentes motivos, muchos de los cuales son coincidentes.
Agrupaciones políticas como el nuevo partido socialista, el frente amplio, el partido liberal progresista, el partido en pro de los grupos sexualmente diversos denominado “Vamos”, minorías indígenas bribris, colectivos civiles como el “colectivo LGTBI”, sectores agnósticos, ateos como la Sociedad Racionalista Costarricense y religiosos que consideran pertinente la separación entre el clero y el estado, formaron parte de esta manifestación.
Para contextualizar la realidad política costarricense, es preciso puntualizar que Costa Rica es el único estado formalmente confesional del hemisferio occidental, así tipificado en el artículo 75 de la constitución política de 1949, que reza: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. (Así modificada su numeración por la ley Nº 5703 de 6 de junio de 1975).”
¿Por qué un estado laico en Costa Rica? ¿Qué factores histórico-políticos han propiciado la continuidad de la figura de estado confesional en la carta magna en Costa Rica a diferencia de la mayoría de los estados donde prevalece la separación del clero y el estado? ¿Qué se suscita a lo interno de la sociedad costarricense y su institucionalidad que ha impedido la transición hacia la secularidad?
Las siguientes líneas intentan responder las anteriores inquietudes, con base en las entrevistas efectuadas a participantes de dicha marcha, todos y todas ciudadanos(as) costarricenses, en medio de un contexto electoral que convocará a la ciudadanía costarricense el próximo 4 de febrero para elegir al nuevo gobierno y asamblea legislativa que regirá al país durante el periodo 2018-2022, así como bajo el escenario de la reciente resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante solicitud expresa del gobierno costarricense favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica. Este tema en particular ha venido siendo empleado por sectores conservadores como consigna de campaña electoral por un lo que denominan “defensa de la familia tradicional”.
¿Por qué un estado laico en Costa Rica?
Varios criterios externados por el movimiento por un estado laico en Costa Rica y en contra del estado confesional prevaleciente (que estiman excluyente y dogmático) expresan que desde la laicidad se construyen espacios incluyentes, sin discriminación hacia otras expresiones religiosas y/o no confesionales.
Desde un estado laico, se tutelan los derechos humanos de todas las personas sin que medie un sesgo religioso, posición desde la cual el catolicismo impone su visión social en la actualidad, discriminando así otras libertades no confesionales y religiosas minoritarias que co-habitan en la sociedad costarricense, y limitando la apertura y amplitud de mayores espacios culturales para dichas libertades. Desde la laicidad, se estima que esta posibilidad sería más factible, incluyendo lo relacionado con la educación y formación públicas, que no se verían supeditadas al adoctrinamiento implícito de una religión oficial de estado.
El apoyo a un estado laico también se sustenta en la búsqueda de igualdad de derechos, en equivalencia, equipotencia y equifonía para toda la población, sin discriminación por su condición social, de género, orientación sexual, identidad de género o de confesionalidad. La oposición a la subvención de una religión oficial (la católica) con fondos públicos, es otro de los motivos en apoyo a la secularidad del estado. Para que el estado cubra por igual los derechos de toda la población y garantice igualdad de derechos a todos los grupos sociales y religiosos, no debe seguir siendo confesional. La única forma de garantizar el cumplimiento estatal de estas responsabilidades es a través de un estado que no privilegie una visión religiosa sobre las demás “visiones-país” que cobijan a la sociedad costarricense.
De lo anterior, se desprende la vertiente predominante en el movimiento por un estado laico: la clara separación del clero y el estado, razón por la que apoyan la moción de eliminar el artículo 75 de la constitución política supracitado, y esto alude a cualquier religión o credo, no sólo a la Iglesia Católica. Las decisiones políticas se sustentan en derechos, no en dogmas religiosos, y siendo la carta magna el ordenamiento jurídico máximo que rige sobre la nación, los dogmas no deben tener cabida, señalan.
Más específicamente, el “Colectivo Diversidad” manifiesta que a través de un estado laico, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGTBI serían protegidos en mayor medida, así como también el acceso a una educación sexual científicamente sustentada para la población infantil y adolescente, sin interferencias de corte religioso. Dicha iniciativa ha sido sistemáticamente obstruida por los sectores religiosos católico y evangélico, que han forjado una alianza contra lo que han denominado la “ideología de género” y en lo que también denominan “Defensa de la familia tradicional”.
Desde una perspectiva más general de derechos y libertades individuales, el apoyo a un estado laico en Costa Rica se sustenta en el derecho a las personas a regir autónomamente sus propias vidas y el estado debe tutelar esos derechos. Por el intervencionismo ideológico de corte religioso de algunos sectores en la Asamblea Legislativa, es que se tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para hacer valer los derechos sexuales y reproductivos para toda la población sin discriminación (P.e. el caso de la fertilización in vitro, con fallo favorable para las parejas que quieran aplicarse dicho procedimiento), y el reconocimiento del matrimonio para parejas del mismo sexo en resolución emitida por la misma corte el 9 de enero del presente año. Estos avances en materia de libertades y derechos humanos han generado detractores en nuestro estado confesional donde se elaboran leyes con enfoque religioso, violando los derechos humanos del resto de la población que no es católica. La interferencia religiosa en la política nacional no solamente se circunscribe a la religión oficial. La presencia de diputados evangélicos en la Asamblea Legislativa contribuye a profundizar desde el congreso esta perspectiva conservadora.
En síntesis, en criterio del colectivo por un estado laico, la confesionalidad del estado costarricense riñe con la salvaguarda y cumplimiento de los derechos humanos de amplios sectores de la población, que se supone deben ser tutelados en una democracia inclusiva y moderna. Desde la religiosidad no se debe hacer política pública, ya que esta debe generarse en un contexto de mayor amplitud de criterio y mayor objetividad. Mientras predominen enfoques de carácter personal como lo son las creencias religiosas, las políticas públicas que de allí emanen siempre serán viciadas.
El conservadurismo implícito en el carácter religioso del estado, discrimina a la comunidad sexualmente diversa, quienes consideran esta situación un atropello ya que la comunidad LGTBI está igualmente conformada por ciudadanos (as) costarricenses que de igual manera sufragan con sus impuestos la manutención de una religión oficial que los discrimina por su orientación sexual e identidad de género. El hecho de otorgarle potestades a la Iglesia Católica para influenciar o intervenir en la agenda de los Derechos Humanos del estado, es una postura retrógrada y obsoleta, una negación contra este sector de la población que se ha visto acentuada con el auge del evangelicismo en alianza con la Iglesia Católica. La imposición religiosa a nivel constitucional, es discriminación institucionalizada, violatoria de los derechos de las minorías sexualmente diversas no católicas y no confesionales, afirman.
¿Por qué Costa Rica continúa siendo el único estado confesional en América Latina? ¿Qué factores han impedido la transición hacia un estado secular en Costa Rica?
A modo de breve reseña histórica, Costa Rica no siempre tuvo una religión oficial constitucionalmente establecida sino hasta finales de los años 40. En las décadas previas, con un estado costarricense de corte liberal, el carácter del estado era laico. El estado confesional se debe a la fundación de la segunda república de 1949 donde la Iglesia formó parte de la junta fundadora, emanada de la guerra civil de 1948, donde el protagonismo de la Iglesia Católica previamente en la promulgación de las garantías sociales de inicios de los 40 en conjunto con el partido comunista y el partido republicano, y por su papel en el conflicto de 1948, propició el establecimiento de la religión católica como la religión oficial de estado, con la consolidación del denominado “estado social de derecho”; consolidándose así, el poder de la Iglesia Católica costarricense dentro de la política y la sociedad costarricenses. En ese entonces, la confesionalidad tenía como justificativo social el contexto de una sociedad más rural y demográficamente inferior de confesión predominantemente católica. Setenta años después, es un atavismo que ni representa ni responde a la diversidad cultural actual de nuestra sociedad, más allá de algún reconocimiento histórico de la labor de la Iglesia Católica costarricense.
Desde entonces, Costa Rica ha sido y sigue siendo un estado confesional, con el conservadurismo social e institucional derivado del mismo. Prevalecen presiones político/religiosas para la permanencia del carácter confesional del estado, con gobiernos conservadores no inclusivos con las minorías religiosas y laicas del país.
Esto lleva a una renuencia institucionalizada al establecimiento de un estado laico. El carácter oficial de la confesionalidad permite a los citados grupos de presión imponer sus ideas religiosas con el fin de seguir accediendo al presupuesto público, incluidos aquellos grupos religiosos emergentes como los evangélicos. Estos no persiguen la laicidad al proponer la ruptura del carácter confesional de religión única del estado, sino que buscan un estado plurireligioso de donde puedan acceder al presupuesto estatal.
La religiosidad dentro del estado ha ejercido su influencia en el pensamiento social, con una educación católica que ha formado una sociedad conservadora que incide en la negación de derechos a sectores no confesionales de la religión católica. Una suerte de “gobierno de los unos sobre los otros”, que en criterio del movimiento por un estado laico, responde a una política de dominación enmascarada de falsa espiritualidad. Esto aunado al crecimiento de la iglesia evangélica en Costa Rica, ha generado un reclutamiento religioso que lleva a un adoctrinamiento de la sociedad. La Iglesia Católica recibe aproximadamente un 1,28% del presupuesto del PIB costarricense. Ese adoctrinamiento religioso genera oposición por lo nuevo. Se trata de un conservadurismo que genera temores infundados en la población tanto hacia el estado laico como hacia la comunidad LGTBI, donde el sector religioso argumenta que el estado laico amenaza sus libertades religiosas y que es un “factor exógeno” que se quiere imponer a “nuestras tradiciones y valores”, al extremo de suponer que diseminar la “idea” de la laicidad está vinculada con el ateísmo y con “estimular” el homosexualismo y la diversidad sexual en la población. Paradójicamente, esta falsa asociación de la laicidad con la vulneración de sus derechos religiosos contraviene lo expuesto por el papa Francisco I, quien se ha pronunciado a favor de la separación del clero y el estado.
Otras personas sugieren que la ignorancia social, propiciada por nuestro sistema educativo sobre el tema de la laicidad, hace que sigamos siendo un estado confesional. La falta de información/educación incide en la prevalencia de un estado confesional. Los medios mantienen posiciones obsoletas al mezclar política y educación con religión. Los grupos sociales a favor del estado laico han sido invisibilizados, y se le ha hecho creer a la población, mediante el ya comentado adoctrinamiento religioso, que es correcto suponer que las “mayorías” están en posición de dictar sus criterios sobre las “minorías”, como si los derechos individuales y colectivos se definieran empleando un criterio demográfico. Por lo tanto, prevalece en nuestra sociedad un elevado conservadurismo. El arraigo religioso de la sociedad lleva a ese conservadurismo, con la consecuente invisibilización social y mediática de los promotores de un estado laico.
La confesionalidad es un ejercicio de control político y social. La Iglesia Católica ejerce ese poder sobre la sociedad en su beneficio, excluyendo a otros.
Otro de los motivos de la confesionalidad prevaleciente en el estado costarricense, se debe a que no hay suficiente inconformidad o incomodidad por parte de la ciudadanía con el estado confesional actual. No es una situación que ocupe un espacio prioritario dentro de la opinión pública; contribuyendo igualmente a invisibilizar a sectores sociales por un estado laico. Esta posición social si se quiere consensuada en la sociedad costarricense, genera apatía cuando de movilización social por hacer valer los derechos de toda la colectividad, se trata.
En resumen, para el movimiento por un estado laico, la confesionalidad del estado costarricense es anacrónico y distorsivo para una democracia inclusiva. Atenta incluso contra la misma libertad de credo que la Iglesia Católica dice defender, porque el privilegio pecuniario de una religión oficial con “cargo al presupuesto”, la coloca en una posición hegemónica sobre otras expresiones religiosas, aunque los evangélicos breguen por una estructura estatal que les permita “su cuota” del presupuesto público. El conservadurismo religioso tiene también como “aliado” una apatía social generalizada: hemos permitido la confesionalidad del estado.
Prevalece además un fuerte sentido de oportunismo político que fusiona el poder con la religiosidad para manipular a las masas. Una población particularmente vulnerada por este conservadurismo hegemónico es de nuevo la población LGTBI, quienes hasta sus derechos patrimoniales les siguen siendo negados por ser su unión “no legalizada”.
Observaciones generales
Hay una serie de factores que han llevado a la aparición de un sector civil de la población en favor de un estado laico en Costa Rica:
- La presencia de sectores progresistas en el seno de la sociedad costarricense, amparados en una serie de luchas sociales inclusivas para ampliar la base de los derechos humanos colectivos, en materia ambiental, económica, en contra de la discriminación en todas sus formas. Se puede sugerir que gran parte de estos sectores se fortalecen con la ratificación por parte de Costa Rica de tratados, convenios y acuerdos de los que Costa Rica es signataria con carácter vinculante.
- La exposición de colectivos civiles como los LGTBI, otrora invisibilizados como sector social y que aún padecen de discriminación por su orientación sexual e identidad de género. El carácter religioso del estado intrínsecamente discrimina a esta población como quedó consignado anteriormente, dando como resultado una prolongada negación en paridad e igualdad de derechos que sí le son otorgados a la población heterosexual, entre ellos, los derechos patrimoniales. La reciente resolución de la CIDH con respecto a la población sexualmente diversa en Costa Rica favorable al matrimonio homosexual, se suscitó como resultado de una iniciativa del mismo gobierno de la república al entablar una consulta vinculante ante la CIDH, dada la renuencia a nivel de congreso en establecer legislación progresiva y progresista en beneficio de esta población socialmente marginada, amparado, entre otros, en el carácter conservador del código de familia.
- Una mayor presencia de agrupaciones políticas no tradicionales de distinto signo ideológico no vinculadas al núcleo del poder político/religioso, las cuales abogan por eliminar el carácter confesional del estado en la carta magna, para dar paso a un estado secular.
Empero, la reacción de los sectores religiosos más conservadores de la sociedad es antigua y variada, y sus estrategias para mantener el carácter confesional del estado sobre la sociedad se ha manifestado desde distintas trincheras. Por citar dos ejemplos recientes, la iglesia católica y diputados conservadores han bloqueado en el seno de la asamblea legislativa cualquier iniciativa a favor de la laicidad del estado, argumentando por un lado la importancia histórica de la Iglesia Católica en Costa Rica, hasta el sugerir que “quieren sacar a dios de la constitución política”. Al igual que en gran parte de América Latina, en Costa Rica se ha conformado una alianza estratégica entre la Iglesia católica y los religiosos evangélicos, quienes amparados en su rechazo a lo que denominan “ideología de género” han presentado una férrea oposición a que las nuevas guías sobre sexualidad y afectividad sean impartidas en los centros de educación pública secundaria. Dicha alianza también invoca la “defensa de la familia tradicional y por la vida”, sosteniendo que este conjunto de iniciativas orientadas a reformar los contenidos de la educación sexual, la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, la legalización del aborto, el reconocimiento de la diversidad sexual y de identidad de género, representan una imposición contra los valores y tradiciones de la sociedad costarricense y una amenaza para la infancia y la adolescencia, con lemas como “A mis hijos los educo yo”.
En medio de esta coyuntura electoral, uno de los candidatos a la presidencia de la república (Partido Renovación Nacional, evangélico), afirmó que sacaría a Costa Rica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que no acataría el fallo en favor del matrimonio homosexual en caso de ser electo. Como consigna de campaña ha sugerido que la próxima elección para la presidencia y la asamblea legislativa “lo hagamos nuestro referéndum sobre matrimonio hombre y mujer”, una clara manipulación del electorado trastocando el sentido de los comicios presidenciales y parlamentarios, para transfigurarlo en lo que no es. Esta posición le rindió réditos en las encuestas. En el calor de la contienda electoral, y por oportunismo político, hay candidatos que se han desentendido de este tema, o bien, han “mutado” sus posiciones, otrora más inclusivas con la población LGTBI, para también matricularse con la “defensa por la familia” y “contra la ideología de género”, dando como resultado un mayor posicionamiento del conservadurismo en la opinión pública.
Este panorama social ilustra la oposición de un sector religioso de la sociedad a abrir espacios que les reste el control ideológico que ejercen sobre la ciudadanía, y reviste una ardua y prolongada lucha a futuro para los sectores que propugnan por un estado laico en contra de dogmatismos establecidos e intereses creados que operan en su contra en el único estado confesional del continente americano.
Por Ricardo Valverde Sánchez
Ciudadano costarricense coadyuvante por un Estado laico en Costa Rica
