Los que estamos a favor de la educación sexual nos hacemos un flaco favor al enmarcar nuestras reivindicaciones como «contra el pin parental». Describir como una «objeción de conciencia no prevista en la ley» lo que VOX define como una medida a favor de la libertad y en contra de la imposición, supone situarse a la defensiva y comprarle el discurso a la extrema derecha. Es necesario situarse a favor de la educación sexual y realizar medidas en positivo como la reciente Proposición No de Ley de Más Madrid. Asimismo, estas medidas deberían usar el valor que la extrema derecha otorga a la seguridad y a la protección de los niños contra ella. El argumento debería basarse tanto en los derechos de los menores como en la protección de su seguridad y de su salud que VOX pone en riesgo. Hay cuatro puntos fundamentales en la defensa de la educación sexual.
En primer lugar, el menor tiene un derecho individual a ser educado apropiadamente en todas las áreas primordiales de la vida humana. Una educación sin sexualidad sería tan incompleta como una educación sin matemáticas o sin historia. Del mismo modo que un niño debe terminar la escuela sabiéndose los ríos de España, debería terminarla conociendo los métodos anticonceptivos existentes. Del mismo modo que debería conocer los riesgos de no ponerse el cinturón en el coche debería también saber cómo protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual.
En segundo lugar, la educación sexual aumenta la libertad del menor al permitirle tomar decisiones informadas en su vida adulta. La precondición de que pueda tomar una decisión sobre qué método anticonceptivo quiere usar (o si no quiere usar ninguno) es, obviamente, que los conozca apropiadamente. Saber en qué consiste, como se usa y qué efectos tiene la píldora no implica que se fuerce a nadie a usarla. La educación sexual no propone una determinada visión de la moralidad sexual, sino que aporta conocimiento de las distintas opciones entre las que escoger.
En tanto que el menor tiene derecho a una educación de calidad, el niño debería tener conocimiento del consenso de los expertos en el tema, tanto en su aspecto médico como en su aspecto sociológico. Ello implica que si un padre quiere educar a su hijo para que piense en que homosexualidad es una enfermedad puede, desgraciadamente, hacerlo, pero su hijo tiene derecho a saber esa opinión es contraria al consenso médico, sociológico y filosófico sobre la cuestión.
En tercer lugar, más allá de la discusión sobre quién tiene qué derecho, la educación sexual es beneficiosa para el bien del menor puesto que disminuye los riesgos contra su salud y contra su seguridad. Del mismo modo que no vacunar a nuestros hijos aumenta su riesgo a enfermar, no explicarles cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual pone en riesgo su salud en un momento en el que estas están aumentando. Del mismo modo que evitar la concienciación sobre la seguridad vial supondría un aumento del riesgo de muertes, impedir la educación sobre violencia de género aumenta las probabilidades del menor de sufrirla.
Por último, la educación sexual es valiosa para el bien común de la sociedad. Los niños no nacen en el vacío, sino que viven junto con otras personas en una comunidad y las acciones que tomen afectan al resto. Existe, por tanto, una razón social de reducción de delitos de odio de educar a los nuevos ciudadanos en el respeto a las distintas orientaciones sexuales. Asimismo, la educación sobre el consentimiento sexual es una de las principales herramientas para reducir el número de violaciones.
Contrariamente a lo que dice Pablo Casado, los niños ni pertenecen al estado ni pertenecen a los padres. Son parte de una comunidad y son sujetos de derechos individuales como el de la educación. En este sentido, la educación sexual aumenta el conocimiento, la libertad, la salud y la seguridad de nuestros hijos. Estos dos últimos valores son especialmente apreciados por la extrema derecha. En este sentido, medidas como la Proposición No de Ley de Más Madrid, ponen a la defensiva a la derecha. En lugar de preguntarnos por qué nos oponemos al «pin parental», se les pregunta a los que lo proponen porqué están en contra del derecho a una educación integral de calidad y por qué ponen en riesgo la seguridad y salud de los menores.
El argumento de aquellos que defendemos la educación sexual debe enarbolar tanto la bandera de los derechos como la de la protección de los niños. Una protección de su salud sexual y de su seguridad física que la extrema derecha pone alegremente en peligro debido a sus motivaciones ideológicas.
Javier Carbonell, doctorado de la Universidad de Edimburgo
