Las primeras universidades surgieron y se desarrollaron en el Occidente cristiano medieval a la sombra de la autoridad de la Iglesia institucional. Universidades ‘democráticas’, como Bolonia y Salamanca, se formaron a partir de una corporación de estudiantes, de modo que el rector era siempre un estudiante, y también eran estudiantes los encargados de seleccionar a los maestros en los concursos públicos a las cátedras. El Conde-Duque de Olivares fue elegido rector de la Universidad de Salamanca cuando tan sólo contaba catorce años. Claro está que los catorce años de entonces poco tenían que ver con el sentimiento de infancia, de dependencia, hoy dominante en nuestras sociedades. En contrapartida surgieron también en el siglo XIII corporaciones de maestros que crearon universidades regidas por una organización jerárquica, como por ejemplo La Sorbona, en donde se mantuvo una reglamentación mucho más cerrada y autoritaria. Este otro modelo de Universidad, entendida como corporación de maestros, fue el que se impuso con la creación de la Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros, en cuyos estatutos figuraba la norma de que el rector tenía que ser siempre un estudiante de teología de los últimos cursos, y además colegial del Colegio de San Ildefonso. Si esas normativas se hubiesen perpetuado en la Universidad Complutense nunca Gustavo Villapalos habría accedido a Rectorado, ni Mario Conde habría sido nombrado doctor ‘horroris causa’.
Tanto las universidades llamadas ‘democráticas’, como las que respondían a una organización piramidal, gozaban de unas bulas fundacionales de protección otorgadas por la Santa Sede que, para premiar el juramento de servidumbre voluntaria de maestros y estudiantes, les proporcionaba una especial inmunidad frente a otros poderes seculares y religiosos. Los avales papales no libraron sin embargo a los nuevos centros del saber de conflictos con obispos, funcionarios reales, y otras autoridades más cercanas a los patios universitarios, casi siempre censores celosos que a la vez que velaban por el mantenimiento de la ortodoxia doctrinal, intervenían para defender sus propios intereses. Cuando la Iglesia romana instituyó a finales de la Edad Media el Santo Oficio los claustros universitarios se vieron sacudidos por sucesivos temores y temblores.
En el Museo del Prado se conserva una tabla de Pedro Berruguete en la que se representa a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, que procede, junto con otros notables y frailes, a la quema de libros prohibidos de cátaros y albigenses. Tras la conquista de Granada miles de libros de infieles, especialmente de seguidores de la secta de Mahoma, ardieron en la hoguera, a la vez que se cursaba el decreto de expulsión de los judíos. Atrás quedaban los tiempos de tolerancia que hicieron de la Escuela de traductores y traductoras de Toledo uno de los más importantes focos de irradiación a Europa del pensamiento griego y romano trasmitido a través de la rica cultura árabe. Muy pronto los dominicos hicieron acto de presencia en las principales universidades europeas, y procedieron a asaltar las cátedras hasta prácticamente monopolizar las facultades de teología y cánones. En las Universidades cristiano-escolásticas, como mostró Julia Varela en Nacimiento de la mujer burguesa, las mujeres fueron excluidas durante siglos del acceso al saber legítimo, y la acusación de herejía para maestros y estudiantes suponía no sólo la muerte social, sino también, en ocasiones, la muerte física en la hoguera. Autos de fe, índices expurgatorios de libros prohibidos, delaciones y torturas se prodigaron especialmente tras la Reforma luterana. La Santa Inquisición no dudó en procesar a hebraistas de la talla de Fray Luis de León. El Índice expurgatorio del temido Don Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, no sólo prohibía El Lazarillo y numerosas obras laicas, sino también el Catecismo de Carranza o libros espirituales del jesuita Francisco de Borja. La Bula Exurge Domine por la que se excomulgó a Lutero, comparaba a este profesor universitario, versado en las disputas, con “un jabalí salvaje” que había invadido la viña del Señor.
A medida que avanzó el proceso de secularización la mentalidad de ‘cristiandad’ fue perdiendo terreno hasta que las Universidades fueron asumidas por los Estados. Tras la Revolución Francesa los avances científicos se hicieron incompatibles con el espíritu dogmático y la mentalidad clerical. Los principales representantes del libertinaje erudito reivindicaban la libertad de pensamiento frente a verdades de fe, dogmas y supersticiones, y frente al vasallaje del nihil obstat. Mientras la iglesia condenaba a Copérnico, Bruno, Galileo o Vanini, un pensamiento secularizado fue preparando el camino a la cultura de la Ilustración, al pensamiento secularizado y científico. Hubo que esperar a 1855 para que las obras de Copérnico saliesen del Índice de libros prohibidos oficializado por la curia vaticana. El paso de ‘creyentes a ciudadanos’ fue el fruto de enormes luchas y esfuerzos que coincidieron con los avances del espíritu laico, republicano. Al mismo tiempo la Iglesia, anclada en la contrarreforma católica, abanderada por los jesuitas, convertía a la educación cristiana en un campo estratégico de primer orden para la producción y reproducción de los fieles. Era preciso amamantar a los jóvenes desde su tierna edad con la leche de la sana doctrina, para alejarlos de lo que entonces se denominaba sin rubor “los pastos envenenados”.
El enfrentamiento entre los defensores del laicismo y los partidarios de la enseñanza confesional se produjo en toda Europa, con mayor o menor virulencia, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. En Francia, por ejemplo, en el año 2005 se celebró el centenario de la separación entre la Iglesia y el Estado. La cuestión religiosa adquirió sin embargo una tensión especial en la España católica, y más concretamente durante la Guerra Civil, cuando ‘la cuestión social’ estaba toda ella atravesada a la vez por ‘la cuestión escolar’ y la reclamación por una parte de la sociedad de la laicidad del Estado.
En el ya entrado siglo XXI ha llegado la hora para los países hispanos de avanzar en criterios de racionalidad y de igualdad hacia sociedades secularizadas, sociedades modernas, que saben gobernarse a si mismas sin las tutelas exteriores de los pastores de rebaños.
En la España del 2014 la presencia oficial de representantes políticos en actos religiosos, actos de carácter confesional, resulta un anacronismo que contradice el espíritu moderno de la Constitución. En nuestra universidades públicas, de propiedad social, es decir, de propiedad de todos, aún sigue perviviendo el privilegio anacrónico de los católicos de contar con capillas para celebrar sus exclusivos ritos y rituales. Sin duda cada uno tiene derecho a mantener o no vivas sus creencias religiosas, pero los estudiantes católicos cuentan con un enorme patrimonio de parroquias y centros eclesiásticos para reunirse, y asistir a ceremoniales de culto, sin necesidad de apropiarse de espacios que son de todos y, por tanto, que deben ser compartidos por todos. Urge la normalización ya vigente en las universidades europeas desde hace lustros. El Rector de la Universidad Complutense debe saber que, lejos de los hostigamientos de la prensa sensacionalista y confesional, cuenta para el cambio razonable con el apoyo la mayor parte de los profesores y estudiantes de la Universidad.
La cuestión de la laicidad está aún sin resolver debida a la precipitación con la que se hicieron los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. El Estado español debe recuperar como bienes de propiedad social, es decir, propiedad de todos, el ingente patrimonio artístico y cultural que generaciones de españoles han contribuido a producir y a transmitir.
La autonomía de la ciencia, la separación entre la ciencia y la religión es una conquista del pensamiento autónomo moderno que la democracia debe proteger y promover. Las Universidades públicas, en tanto que aon centros de producción y difusión de conocimientos científicos, no se enfrentan a ninguna confesión religiosa, pero tampoco se subordinan a las religiones. En este sentido, los centros universitarios públicos son incompatibles con iglesias, capillas, sinagogas o mezquitas. Como señaló hace ya más de cien años el diputado socialista Jean Jaurès “democracia y laicidad son dos términos idénticos. Democracia significa igualdad”. En nombre de la democracia y de la igualdad, en nombre de elementales criterios de cientificidad, que son los principales criterio por los que se deben regir las universidades públicas, la laicidad no sólo viene exigida por la modernidad, se ha convertido en un imperativo moral de la ciudadanía.
(*) Fernando Álvarez-Uría es catedrático de sociología en la Universidad Complutense y coautor con Julia Varela de Sociología, capitalismo y democracia (Ed. Morata, 2011).
Capilla en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, uno de los 33 centros de culto católicos en las Universidades Públicas. (Imagen El Mundo)
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