La controversia sobre Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha saltado en 2007 de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas
Unos 200.000 alumnos de tercero de ESO de 3.500 centros públicos y privados de siete comunidades asisten desde septiembre a las primeras clases de la asignatura, una de las novedades más polémicas de la LOE.
La Conferencia Episcopal ha reforzado su oposición a la materia, si bien Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) la impartirá adaptada al carácter propio con una guía para el profesorado.
Por el contrario, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la otra gran patronal de colegios privados, opina que no necesitaría ninguna adaptación si fuese válida, beneficiosa y adecuada 'per se' para los alumnos.
El Ministerio de Educación ha admitido 'riesgos' de que la materia se 'trivialice' o 'tergiverse' en la práctica, así que ha instado a las administraciones educativas a que efectúen un seguimiento.
Un estudio de FAES, fundación del PP, ha resumido como el 'catecismo del buen socialista' el contenido de los manuales de varias editoriales (Serbal, Mc Graw Hill, Bruño, Santillana, Praxis y Anaya).
A su vez, organizaciones que defienden la escuela laica piden que se vigilen los libros para que cumplan el temario mínimo establecido por el Gobierno.
El curso ha comenzado con 'normalidad', según el Ministerio y las Consejerías de Educación, y con 'presiones' para que los alumnos asistan a clase aunque no quieran, según los defensores de la objeción de conciencia contra la asignatura, que la consideran una intromisión ilegítima en la formación moral.
Ministerio y PSOE han advertido de que la objeción no es posible y que la inasistencia a clase es 'absentismo escolar' porque es una materia obligatoria.
En las organizaciones que la rechazan frontalmente, Profesionales por la Etica, el Foro de la Familia y la Confederación Nacional Católica de padres de Alumnos (CONCAPA) aseguran que se han presentado más de 21.000 objeciones en el ejercicio de un derecho constitucional.
Sin embargo, gran parte son de familias con hijos que aún no cursan la asignatura.
Las autoridades educativas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra replican que, en general, apenas hay objeciones, particularmente en tercero de ESO.
Algunos padres han optado, además, por interponer recursos contenciosos administrativos contra los decretos autonómicos de desarrollo, como en Andalucía y Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado la objeción de conciencia alegada por unos padres.
El tribunal sostiene que la Constitución no reconoce la objeción para 'negarse al cumplimiento o sometimiento de obligaciones y prestaciones' en este caso.
La política tampoco es ajena al debate; el presidente del PP, Mariano Rajoy, suprimirá la asignatura si gobierna en 2008.
La Comunidad de Madrid, donde aún no se imparte, va a 'amparar' a las familias que decidan oponerse, aunque sin animar explícitamente a la objeción.
Rodríguez Zapatero ha respondido que Educación para la Ciudadanía es 'imprescindible', es una materia que 'sólo enseña y enseña libertad', 'no adoctrina' ni impone 'ninguna ortodoxia'.
Enfrente, la Conferencia Episcopal (CEE) está de acuerdo con que los padres recurran 'a todos los medios legítimos' para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, y algunos obispos, como Rouco Varela, han apostado individualmente por la objeción.
Escuelas Católicas, siempre contraria a la materia, cree que la objeción no es pertinente en estos centros, pues los temarios se enseñarán conforme al ideario católico, una posición que ha causado fricciones con algunos obispos.
