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Ángel Gabilondo presenta el informe. EFE

Podemos pide suprimir los colegios religiosos y las ayudas a la Iglesia por los abusos

Reacciones al informe Gabilondo: Cremades «valora y respeta» el estudio

Tras hacerse público el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en España, Podemos ha abogado por tomar «medidas valientes e inmediatas» para acabar con las agresiones sexuales vinculadas a la Iglesia católica y ha propuesto para ello derogar el concordato (sic) con la Santa Sede, eliminar su financiación pública y acabar con los centros educativos religiosos e integrarlos a la red pública

La Compañía de Jesús, como parte de la CONFER, ha anunciado que «se suma a su comunicado», donde el órgano de representación de la Vida Religiosa en España acoge la publicación del estudio del Defensor del Pueblo

Tras hacerse público el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en España, Podemos ha abogado por tomar «medidas valientes e inmediatas» para acabar con las agresiones sexuales vinculadas a la Iglesia católica y ha propuesto para ello derogar el concordato (sic) con la Santa Sede, eliminar su financiación pública y acabar con los centros educativos religiosos e integrarlos a la red pública.

Fuentes de Podemos citadas por la agencia EFE han indicado que se debe «derogar el actual concordato con la Santa Sede» para «acabar con el actual régimen de privilegios» y denuncian que es «inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares».

«La violencia sexual contra la infancia ha sido una constante en la Iglesia católica, que ha silenciado a víctimas y protegido a agresores», sostiene el partido de Ione Belarra, que insiste en que «solo con medidas contundentes se podrá poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país, según los datos conocidos».

Sobre los centros escolares religiosos, Podemos propone integrarlos en la red pública e insiste en que «una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares».

La reacción de Podemos contrasta -también en este caso- con la del presidente en funciones del Gobierno de coalición del que forma parte como ministra Ione Belarra, toda vez que en una primera valoración desde Bruselas, Pedro Sánchez evitó cargar contra la Iglesia a raíz de estos datos y, aunque señaló que «se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años», reconoció que las agresiones sexuales a menores son uno de los graves problemas que tuvo y tiene la sociedad.

Cremades valora y respeta

Por su parte, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que los obispos españoles encargaron hace un año y medio una auditoría sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia, ha expresado su respeto y ha valorado el informe realizado por la comisión asesora sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, encabezada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Así, según información recabada por Europa Press, desde el despacho de Cremades se «valora y respeta» el estudio realizado por el equipo designado por Gabilondo, a la espera de que este mismo lunes, en una Asamblea Plenaria Extraordinaria, los obispos decidan si amplían el plazo dado a ese despacho de abogados para la entrega de su auditoría, que en principio tenía que haber sido entregada en febrero pasado, retraso por el cual Añastro lanzó un ultimátum hace dos semanas que ya ha vencido.

Los jesuitas se adhieren el comunicado de CONFER

Por otra parte, la Compañía de Jesús, como parte de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha anunciado que «se suma a su comunicado», donde el órgano de representación de la Vida Religiosa en España acoge la publicación del estudio del Defensor del Pueblo. «Asimismo -señala- se compromete a continuar trabajando sobre los diversos aspectos que refleja el citado informe para subsanar el daño producido y seguir implementando las políticas de prevención que ya hemos puesto en marcha».

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