«La laicidad no es antirreligiosa y cuenta con todas las confesiones»
Después de 30 años de vigencia de la Constitución, la cuestión religiosa y la laicidad del Estado siguen siendo asuntos "inacabados" en España debido a la fuerte presencia que ha tenido la Iglesia Católica en el pasado y la situación de privilegio que continúa ostentando esta religión frente a otras creencias que se han ido asentando en España en los últimos años. José Antonio Pérez Tapias, diputado del PSOE y profesor de Filosofía en la Universidad de Granada, defendió ayer en el Club Prensa Canaria la necesidad de reformar la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y revisar los acuerdos entre el Gobierno español y el Vaticano para profundizar en la configuración de un Estado laico que mantenga relaciones de igual a igual con todas las confesiones religiosas y deje atrás definitivamente las "injerencias" de la religión en la actuación del Estado.
Pérez Tapias reconoció que hay "ciertos sectores" de la Iglesia Católica que "no acaban de asimilar que la sociedad española está secularizada, es pluralista y democrática y desde su nostalgia del pasado aún quieren mantener posiciones que producen distorsiones y causan problemas políticos". Doctor en Filosofía y licenciado en Teología, el dirigente socialista señaló que en la actualidad es más necesario que nunca profundizar en la laicidad del Estado español de forma inclusiva y positiva con el fin de sacudirse definitivamente la cierta "tutela" que aún quiere ostentar la jerarquía de la Iglesia Católica sobre el Estado.
Para Pérez Tapias, el Estado laico no es antirreligioso y precisamente por eso tiene que actuar como un Estado donde haya una separación escrupulosa de la religión, pero contando con todas las confesiones como elementos necesarios de una sociedad democrática en la que todos los grupos religiosos tienen los mismos derechos y son reflejo de la pluralidad social que caracteriza a la sociedad española. José Antonio Pérez Tapias criticó las expresiones utilizadas por obispos como Rouco o Cañizares para descalificar a los defensores de la laicidad del Estado.
