El 8 de diciembre fue el día elegido por el Presidente Muhammad Mursi dos noches antes durante su discurso a la nación. En dicho discurso, llamó a un diálogo abierto con la oposición y el resto de partidos políticos a fin de enfrentar y superar la crisis política en la que está sumido el país desde que el 22 de noviembre dio a conocer su controvertida declaración constitucional.
Con excepción del Partido Al-Ghad, todos los dirigentes del Frente Nacional de Salvación (FNS), la principal coalición de la oposición que incluye a una mayoría de los partidos laicos, rechazaron asistir a la reunión convocada por el Presidente, insistiendo en que primero tenía que anular la declaración constitucional y cancelar el referéndum fijado para el 15 de diciembre. Los principales líderes del FNS, incluidos los ex candidatos presidenciales Amr Musa, Hamdein Sabahi y el Dr. Muhammad ElBaradei, no sólo boicotearon la reunión sino que también publicaron serias advertencias de que si el Presidente no accedía a sus demandas intensificarían sus protestas convocando huelgas generales y llamando a la desobediencia civil.
Otros grupos de jóvenes revolucionarios, como el Movimiento del 6 de Abril, se negaron asimismo a asistir a la reunión, declarando que se trataba de una estratagema del asediado Presidente en un intento de aplacar a la oposición. El ex candidato presidencial e islamista moderado, el Dr. Abdelmoneim Abul Futuh del Partido por un Egipto Fuerte, también boicoteó la reunión alegando que el Presidente no había mostrado seriedad a la hora de resolver la disputa política.
Una oportunidad perdida: Un diálogo con uno mismo
En la tarde del 8 de diciembre, 54 destacadas personalidades se reunieron con el Presidente y sus principales lugartenientes. La mayoría de los participantes eran altos representantes de los partidos islamistas, como el Partido por la Justicia y la Libertad, afiliado a los Hermanos Musulmanes, que Mursi encabezaba antes de convertirse en Presidente, el Partido salafí Al-Nur, Al-Wasat, Al-Asala y otros partidos islamistas más pequeños. El Dr. Ayman Nur, del Partido Al-Ghad, también participó pero fue el único partido laico que acudió. Además, muchos expertos constitucionales, como el Dr. Ahmad Kamal Abul Magd, el Dr. Zarwat Badawi, el Dr. Gamal Yibril y el Dr. Muhammad Salim Al-Awqa tomaron parte también en la reunión, que incluyó asimismo a reconocidos intelectuales, como el escritor y columnista Fahmy Howaidy y el politólogo Dr. Manar El-Shorbayi.
Después de una reunión maratoniana de veinte horas, los participantes celebraron una conferencia de prensa para anunciar un nuevo decreto constitucional del Presidente que anulaba la infame declaración del 22 de noviembre. A primera vista, se trataba de una importante concesión a la oposición ya que ésta era su principal demanda desde que se publicó el anterior decreto. Aunque la nueva declaración anulaba la anterior, mantenía no obstante algunas de sus consecuencias directas, fundamentalmente el cese del fiscal general.
La motivación principal que tuvo Mursi al publicar el primer decreto era tratar de poner sus decisiones fuera del alcance de cualquier control judicial con el fin de impedir que el Tribunal Constitucional Supremo (TCS) disolviera la Asamblea Constitucional Constituyente (ACC), encargada de redactar la nueva constitución, y la Majlis Al-Shura (la cámara alta del Parlamento, dominada por el Partido por la Justicia y la Libertad –PJL- y el Partido Al-Nur). Pero cuando la ACC concluyó sus trabajos el 30 de noviembre y el Presidente anunció de inmediato la celebración de un referéndum general el 15 de diciembre, no había peligro de que el TCS disolviera la ACC. El PJL había calculado que en caso de que el Tribunal llegara finalmente a disolver la Majlis Al-Shura, había muchas probabilidades de ganar las elecciones para una nueva Shura frente a sus divididos rivales.
Por tanto, a juicio de Mursi, sustituir la declaración constitucional era algo a desear, ya que así parecía hacer una concesión a la oposición sin poner en peligro el producto de los trabajos de la ACC. Pero quizá la razón más importante de que se echara atrás fue la firme reacción negativa de los jueces egipcios, que se habían puesto mayoritariamente en huelga a causa de su anterior decreto. La mayoría de los jueces había amenazado con no supervisar el referéndum, según estipula la ley, a menos que Mursi rescindiera su decreto, lo que a su vez lo habría condenado y retrasado la aprobación de la constitución. En resumen, Mursi, al emitir un nuevo decreto, en apariencia conciliatorio, hizo un hábil movimiento político al conseguir colocar el referéndum en la agenda y recuperar el apoyo de la mayoría de los jueces.
Según los participantes en la reunión, la mayor parte del tiempo estuvieron discutiendo vías para cancelar o aplazar el referéndum constitucional, la segunda demanda principal de la oposición. Al final, los expertos constitucionales que estaban presentes llegaron a la conclusión de que el Presidente no podía retrasar el referéndum por motivos legales técnicos. En el referéndum popular de marzo de 2011, aprobado con el 77% de los votos, se afirmaba que una vez que la ACC concluyera sus trabajos, el pueblo debía votar la constitución en un plazo de quince días. De ahí que los expertos jurídicos razonaran que cualquier cancelación o aplazamiento exigiría que se estableciera la fecha de otro referéndum popular. Pero lo que nadie argumentó fue el hecho de que el Presidente había violado antes, y de forma unilateral, ese mismo referéndum popular en su primer decreto al ampliar el plazo de la ACC de seis a ocho meses. Esos mismos expertos omitieron señalar que esa prórroga no podía fijarse mediante un decreto presidencial sino que habría necesitado de un referéndum popular.
Sin embargo, esa fue la inexplicable postura mostrada por la oposición. Siempre van un paso por detrás y pierden impulso al intentar forzar demasiado su baza. Cuando en su primer decreto el Presidente prorrogó el mandato de la ACC dos meses más tras cumplirse la fecha límite del 12 de diciembre, el FNS rechazó esa decisión y pidió que se disolviera la ACC. La consecuencia directa fue que la ACC aceleró sus trabajos y acabó el proyecto dos semanas antes de la fecha fijada en diciembre. Cuando el Presidente llamó a un diálogo convocando una reunión con la oposición incluyendo en el orden del día todos los temas, el FNS boicoteó la reunión y perdió así la oportunidad de forzar el aplazamiento del referéndum porque, en su ausencia, la otra parte pudo desestimar esa petición por razones técnicas. Y cuando se hizo inevitable que el referéndum iba a tener lugar al estar de acuerdo miles de jueces en supervisarlo una vez anulado el primer decreto, el FNS pidió entonces dialogar con el Presidente para resolver la disputa. Siempre tarde y siempre sin poder mostrar logro alguno a favor de las obstinadas posiciones de la oposición.
El decreto del 8 de diciembre puso también en marcha el proceso para elegir una nueva ACC en caso de que se rechazara la nueva constitución. Se estipuló que el electorado egipcio seleccionaría, en un plazo de tres meses, un nuevo comité de cien miembros para redactar la constitución. Es evidente, si es que el pasado reciente consigue enseñar algo, que la oposición laica resultaría vencida de nuevo en las urnas por los partidos islamistas. Si la oposición tenía ya el 45 o 50% de los miembros de esta ACC, probablemente le iría mucho peor en caso de que su nueva composición se determinara mediante elecciones. Otro error de cálculo de la oposición.
Uno de los resultados de la reunión para el “diálogo” fue que el Presidente tuvo que arrojar una zanahoria a la oposición para aplacarla y rebajar su hostilidad hacia el borrador. Prometió enviar al nuevo parlamento, una vez elegido, cualquier enmienda de cualquier partido de la oposición ante cualquier artículo de la constitución. No fue más que otro ardid ya que, según la nueva constitución, el 20% de los miembros del parlamento (o el presidente) puede presentar una enmienda. No obstante, para que la enmienda pueda incluso discutirse, es necesario que cuente con el apoyo de una mayoría en las dos cámaras y, para su aprobación, se requiere una mayoría absoluta de dos tercios en ambas cámaras, una hazaña en cualquier parlamento dominado por los islamistas.
La oposición se divide
Ante la nueva declaración, la inmediata reacción entre los seguidores del Presidente fue de euforia y de desesperación entre la oposición. Los principales dirigentes de la oposición, Musa, Sabahi y ElBaradei siguieron desafiantes y exigieron la cancelación del referéndum. Pero Ayman Nur y Esayed Badawi, de los Partidos Al-Ghad y Wafd, aceptaron respectivamente el llamamiento al diálogo y anunciaron que participarían en el referéndum y que recomendarían a sus electorados que votaran a favor del NO. De forma parecida, el Partido por un Egipto Fuerte y el Movimiento 6 de Abril anunciaron su participación con un firme llamamiento a votar que NO, citando algunos artículos problemáticos, especialmente los relacionados con el papel del ejército, las cláusulas vinculadas con las protecciones y libertades civiles, así como las cuestiones relativas a la justicia social.
Cuando todo quedó claro a partir de las encuestas de opinión pública y se aseguró la participación de un número suficiente de jueces para supervisar el referéndum, incluso se desinfló el llamamiento del FNS a cancelarlo, a la vez que el principal grupo de la oposición pedía a sus seguidores que acudieran a las urnas y emitieran un voto negativo. Mientras tanto, miles de partidarios de los HM continuaron asediando el edifico del TCS por segunda semana consecutiva, por temor a que pudiera dictaminar que la composición de la ACC era inconstitucional en el período que transcurriera entre el nuevo decreto y el referéndum. Al mismo tiempo, miles de partidarios de la oposición acamparon alrededor del palacio presidencial pidiendo la destitución del Presidente y el fin del gobierno de los HM.
Unos pierden pero nadie gana
Durante las tres últimas semanas, Egipto se ha convertido en un torbellino. Su estructura política se ha fracturado casi mortalmente. El orden político ha devenido un juego de suma cero. Durante el comienzo de la crisis, la oposición pensaba que había puesto contra las cuerdas a Mursi y a los partidarios de los HM. Explotaron exageradamente el decreto del presidente a fin de derribarle. Se negaron a alcanzar compromisos, a negociar e incluso a reunirse. Su oposición no era al decreto o a la constitución. Uno de sus dirigentes, el Dr. Osama Al-Ghazali Harb, afirmó incluso, en un momento de sinceridad el 10 de diciembre durante una conferencia de prensa, que las manifestaciones estaban a punto de derribar el gobierno de Mursi y los HM. Sabahi y ElBaradei dijeron también algo parecido durante sus discursos a lo largo de la crisis cuando declararon que el Presidente había perdido su legitimidad. En un último esfuerzo desesperado para detener el impulso del referéndum, la oposición convocó una manifestación masiva frente al palacio presidencial el 11 de diciembre. Aunque acudieron miles de indignados manifestantes, las cifras fueron más reducidas que las de anteriores manifestaciones. Pero esta protesta situó el problema como la oposición contra una dictadura, lo que era una interpretación errónea enorme de la realidad. Mursi, que lleva en el poder menos de seis meses, apenas ha conseguido controlar las palancas del poder en el país, incluidos el ejército, las fuerzas de seguridad, la economía, los medios o la burocracia estatal.
Al otro lado del conflicto, los HM y sus aliados islamistas siguieron adelante con sus planes unilaterales para movilizar a la calle, sin pararse a pensar siquiera en las implicaciones estratégicas de llevar al país a la parálisis total o de sumirlo en un enfrentamiento civil. Los HM y sus aliados islamistas estaban convencidos de que la oposición nunca se sentiría satisfecha hasta que los islamistas fueran derrocados o vencidos. Y los islamistas cayeron sencillamente en la trampa. Pidieron a sus seguidores que se echaran a la calle con toda su fuerza el 11 de diciembre. Decenas de miles participaron en la contramanifestación de ese día mientras muchos oradores llamaban al establecimiento de un Estado islámico y la aplicación de la ley de la Sharia, aumentando fácilmente la tensión en el país. Este llamamiento ofrecía un agudo contraste con la constitución que supuestamente pretendían apoyar y que abogaba por un Estado democrático y civil. Los islamistas situaron el conflicto en esa contramanifestación como una batalla decisiva para proteger la identidad de Egipto y defender el Islam de los ataques liberales. Fue una grave deformación de la realidad por parte de los grupos islamistas ya que la oposición, aún sintiendo profundas sospechas del Islam político, no se hubiera atrevido a cuestionar la identidad o herencia islámica de Egipto.
¡Es la economía, estúpido!
En su afán por desacreditarse los unos a los otros, las dos grandes coaliciones hicieron caso omiso de los gritos y sufrimientos del hombre/mujer de la calle. La situación económica en Egipto se ha deteriorado tanto que la pobreza, el desempleo y la delincuencia han aumentado hasta niveles sin precedentes. Cuando la ciudad vieja perdió belleza y esplendor, miles de vendedores ambulantes conquistaron y ocuparon el centro de El Cairo en detrimento de los comercios existentes y negocios establecidos. Debido al alto desempleo y al caos político, el gobierno no ha sido capaz de restaurar el orden público en muchas barriadas, lo que afecta a la seguridad pública y al turismo, una importante fuente de ingresos y divisas.
No se entiende bien por qué los detractores de los HM consiguieron tan fácilmente que estos se enzarzaran en batallas menores como la de preservar la identidad islámica de Egipto. Al pueblo egipcio, a todo lo largo y ancho del país, le preocupa más cómo poder ganarse el pan de cada día. En última instancia, los egipcios juzgarán a Mursi y a los Hermanos Musulmanes por su actuación y sus logros, especialmente en lo que se refiere a restaurar la seguridad, mejorar el nivel de vida y estimular el crecimiento económico.
El pasado octubre, el Presidente Mursi afirmó que el presupuesto egipcio es de unos 94.000 millones de dólares y que presenta un insostenible déficit de 25.000 millones, es decir, el 11% de sus 230.000 millones del PIB (en contraste con el déficit presupuestario del 8% del PIB del presupuesto de EEUU, que llega a los 1.200 billones). Los gastos de Egipto se dedican casi por igual a cuatro partidas: intereses de la deuda nacional, subsidios a los alimentos y al gas, salarios de los empleados públicos y el último cuarto es lo que queda para los restantes programas del gobierno. En resumen, Egipto carece gravemente de capacidad para reparar su deteriorada infraestructura, estimular su economía, mejorar sus servicios o subir los salarios de sus seis millones de funcionarios, que se hallan económicamente machacados.
Aunque el PJL criticó al anterior gobierno de transición bajo el dominio militar por negociar un crédito del FMI de 4.800 millones de dólares, el gobierno de Mursi ha dado marcha atrás y ha anunciado que no podría funcionar sin ese préstamo a pesar de que sólo va a cubrir una parte pequeña de su déficit anual. Como suele ser el caso, el préstamo del FMI llegó con condiciones, como la exigencia de eliminar los subsidios a cincuenta productos y aumentar los impuestos sobre la renta. Cuando se anunciaron esas medidas el 10 de diciembre, el Presidente anuló su propia orden en un plazo de seis horas, tras darse cuenta que estaba dando una oportunidad de oro a sus opositores, que podían aprovechar para reavivar las agonizantes protestas o influir potencialmente en las próximas elecciones parlamentarias.
Sin embargo, un enfoque revolucionario de los problemas económicos crónicos de Egipto no hubiera jugado la carta del FMI siguiendo el modelo de Mubarak a fin de tapar el agujero presupuestario. En cambio, habría pedido una prórroga a largo plazo en el pago de los intereses de los miles de millones de dólares de la deuda acumulada por Mubarak durante treinta años, deuda que se lleva una cuarta parte del presupuesto anual de Egipto. También sería necesario que el Presidente le hablara con franqueza a su pueblo pidiendo su comprensión, paciencia y compartir sacrificios. También supondría la puesta en marcha de un programa agresivo que le devolviera a Egipto su riqueza y recursos robados, por valor de miles de millones de dólares, por los compinches y los corruptos empresarios de Mubarak, de dentro y fuera del país.
¿Qué hay en la constitución?
Muchos críticos de la nueva constitución sostienen que fue redactada por los islamistas, quienes se la hicieron tragar a laicos y liberales. Afirman además que se escribió a puertas cerradas con poca participación o contribución del pueblo en general. Pero ambas afirmaciones son falsas.
Es verdad que la ACC estaba compuesta por una estrecha mayoría representada por los partidos islamistas junto con los independientes que simpatizaban con sus puntos de vista. Pero desde su creación, la ACC ha estado presidida por el imparcial juez Husam Al-Ghariani (durante mucho tiempo crítico de Mubarak y un jurista de renombre que encabezó el órgano judicial más importante de Egipto hasta su último nombramiento a mediados de junio). Al-Ghariani, que también está al frente de la Comisión de los Derechos Humanos de Egipto aseguró que todos los puntos de vista, ya fueran islamistas, liberales o izquierdistas, estaban representados en los cinco subcomités que redactaron los distintos artículos o decidieron su redacción final. Incluso los partidos laicos no niegan haber hecho una aportación sustancial al borrador final de la constitución y que las diferencias se concentran en menos de 20 de sus 236 artículos.
Según el juez Ghariani, la ACC se reunió en 49 ocasiones durante 240 horas, aunque sus cinco subcomités se reunieron 408 veces durante un total de 1.622 horas. De todas estas reuniones se informó por los canales de televisión. Además, los miembros de la ACC celebraron 80 vistas públicas en El Cairo y ochenta más en las otras 26 provincias por todo Egipto para explicar los trabajos de la ACC y recibir las aportaciones de la gente. Además , la página web de la ACC recibió alrededor de 300 borradores constitucionales completos, alrededor de 35.000 enmiendas y cerca de un millón de comentarios. Ghariani aseguró además a la nación que todas esas aportaciones se trasladaron y se examinaron por los correspondientes comités.
Si uno creyera a la oposición laica, la nueva constitución iba a crear una teocracia del estilo de la República Islámica de Irán (sin considerar si Irán es realmente una teocracia) o una dictadura peor aún que la de Mubarak. Del mismo modo, si uno fuera a creer a los islamistas y a sus seguidores, el nuevo documento es la mejor constitución que se ha redactado nunca.
La verdad es que la constitución ni siquiera hace un llamamiento a favor de un estado islámico y menos aún a una teocracia. Al igual que todas las constituciones egipcias del último medio siglo, el Artículo 2 pide que los principios de la Sharia islámica sean la principal fuente de legislación. Pero este proyecto hizo que se añadiera el artículo 219, que adoptaba una interpretación del Artículo 2 redactada por Al-Azhar, la institución islámica más prestigiosa en Egipto desde hace más de un milenio. El nuevo artículo se acordó a principios de octubre por todos los partidos, tanto islámicos como laicos, incluidos los representantes de la Iglesia Copta, antes de que los laicos se retiraran un mes después. En realidad, el nuevo artículo ofrece realmente garantías contra las interpretaciones conservadoras, a diferencia de lo afirmado por la oposición laica.
Por ejemplo, deja sin definir cualquier opinión histórica menor u ocasional de la ley islámica, que en caso de ser adoptada por el parlamento se convertiría entonces en ley, a no ser que el TCS la declarase inconstitucional. Pero la única vía por la que podría declararse inconstitucional es acudiendo al artículo 219, que estipula estrictamente la definición de ley islámica como únicamente aquellas leyes que se apoyan en pruebas completas o consensos históricos, lo que de hecho forma parte de un conjunto limitado de precedentes. Así pues, los precedentes y opiniones más controvertidos que tanto molestan a muchos grupos laicos o liberales serían declarados inconstitucionales. De nuevo los partidos laicos no lograron comprender el alcance del Artículo 219, que en realidad está ahí para protegerles de cualquier extralimitación de los salafíes o de cualquier interpretación errática de grupos extremistas.
El Artículo 3 de la nueva constitución es realmente único en la historia de las constituciones de Egipto ya que consagra los derechos religiosos de cristianos y judíos. Fue un artículo que escribieron las iglesias cristianas, pero que adoptaron de buena gana los partidos islamistas para equilibrar el artículo 2 de la constitución.
El Artículo 4 fue exigido inicialmente por los grupos laicos temiendo la posible interpretación que los salafíes conservadores podrían hacer de ciertas leyes islámicas. Requiere que el parlamento traslade a Al-Azhar, para su revisión, cualquier legislación relacionada directamente con las leyes islámicas. Debe señalarse que durante el debate sobre este artículo, la oposición laica exigió que la opinión de Al-Azhar fuera vinculante para el parlamento. Esto habría convertido de hecho a Egipto en un estado teocrático, ya que habría obligado a los funcionarios elegidos a vincularse a los dictámenes de eruditos religiosos no elegidos. Es decir, los partidos islamistas rechazaron el dominio de una institución religiosa no elegida por encima de una entidad civil y política elegida, mientras que los laicos exigían lo contrario.
Por otra parte, la nueva constitución consagra muchos derechos y protecciones sin igual en muchas democracias avanzadas. Por ejemplo, exige que el Estado presente una acusación contra un sospechoso en las doce horas siguientes a su arresto, le ofrezca un abogado en 24 horas y le ponga ante un juez para hacer frente a las acusaciones oficiales en el plazo de una semana. Si no lo hace así, tendrá que dejarle libre. También permite el establecimiento de cualquier partido político o cadena de los medios mediante un sencillo formulario de inscripción, sin necesitarse proceso de aprobación alguno por parte del Estado. Además, prohíbe cualquier forma de tortura rechazando cualquier limitación, y permite que las víctimas lleven directamente a los torturadores ante un juez si el Estado se niega a procesarles. Incluso exige que el juez aplique sanciones penales si los acusados son hallados culpables.
Además, los redactores de la constitución incluyeron muchos artículos que consagraban una gran cantidad de derechos políticos y añadían protecciones económicas. Es difícil saber cómo van a pagarse las nuevas promesas económicas si se aprueba el referéndum. Por ejemplo, la constitución garantiza un salario y pensión mínimos. Si se aplicara de inmediato lo que estipula la constitución, muchos empleados públicos, trabajadores y pensionistas verían duplicados o incluso cuadruplicados sus salarios. ¿Cómo impactaría eso en la débil economía egipcia al borde del colapso? ¿De dónde sacaría el Estado egipcio el dinero extra para cubrir los nuevos aumentos salariales cuando ya está luchando con un déficit presupuestario del 27% (o 11% de déficit del PIB)? ¿Cómo afectarían esos incrementos repentinos a la tasa de inflación que supera ya anualmente el 10%? ¿Quién haría cumplir la norma del salario mínimo con las débiles instituciones gubernamentales existentes?
De forma loable, la nueva constitución garantiza a todos los egipcios el acceso a una sanidad gratuita y de calidad, así como a educación gratuita, incluso a nivel universitario. Si esto se cumpliera de inmediato, el presupuesto egipcio para educación y atención sanitaria tendría que aumentarse entre cuatro y cinco veces para poder satisfacer esas grandes promesas. Además, la nueva constitución garantiza un estipendio mensual a los desempleados (más de 4 millones), a las personas mayores (más de 3,5 millones), a las viudas, a las madres divorciadas, a las amas de casa (innumerables millones) y a los pobres (más de 20 millones de personas están consideradas pobres porque la pobreza se define en Egipto cuando no se superan los 512 dólares por año y por persona). Estas idealizadas pero poco realistas promesas de Estado del bienestar no se han implementado ni siquiera en un país escandinavo. Si se cumpliera la cuarta parte de esas promesas, por ejemplo en cuanto al salario mínimo establecido por los tribunales (200 dólares al mes), Egipto necesitaría entonces aumentar su presupuesto en 24.000 millones de dólares (un déficit de otro 10% en su PIB). Absolutamente imposible.
Es sorprendente que nadie en la arena política esté debatiendo el devastador impacto que tendría lo anterior en el presupuesto si el referéndum llegara a aprobarse. Si, como afirman los redactores de la constitución, el gobierno estuviera constitucionalmente obligado a cumplir estas nobles promesas, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y si no pueden permitírselo, ¿por qué dar estas garantías al pueblo sólo para hacer que se frustren sus esperanzas? Por parte de Mursi fue completamente irresponsable aceptar ese documento sin pensar en sus implicaciones económicas globales. Después de todo, es el presidente quien tiene que encargarse de proteger y cumplir la constitución.
Aunque hay muchos artículos que podrían mejorarse en la nueva redacción, hay varios defectos en la constitución que sorprendentemente han ignorado tanto sus defensores como sus opositores. Con excepción del Dr. Abul Futuh, del Partido por un Egipto Fuerte, y algunos jóvenes activistas, muy pocos se han atrevido a desafiar el papel del ejército en la nueva constitución. Por vez primera, al ejército se le concedería un estatus especial sancionado constitucionalmente en un Estado supuestamente democrático dirigido por civiles. Está claro que el liderazgo civil político del país, dirigido por el PJL pero con la concurrencia también de la mayoría del resto de partidos, incluidos los laicos, ha llegado a un acuerdo con los militares y accedido a sus demandas. Parece que a cambio de su no interferencia en el proceso político, el ejército va a mantener en gran medida su autonomía y privilegios, con muy escaso control civil. Por vez primera, la constitución egipcia ordena ahora que el Ministro de Defensa se nombre entre sus filas, una condición que ni siquiera existía durante las seis últimas décadas cuando en realidad eran los oficiales del ejército quienes gobernaban Egipto. El ejército dominaría también los órganos encargados de las políticas de defensa y seguridad nacional.
Asombrosamente, otra debilidad importante de la constitución es el mismo sistema adoptado de gobierno. Los islamistas alardean de que la constitución reduce el poder de la presidencia mientras que los partidos laicos se quejan de que le otorga poderes dictatoriales aunque tenga su capacidad disminuida. La nueva redacción no adopta ni un sistema parlamentario donde el partido mayoritario domina, ni uno presidencial. Acoge una especie de sistema mixto o híbrido o lo que en ocasiones se denomina sistema pseudo presidencial. Sus defensores afirman que este sistema es similar al de Francia, sin embargo no tienen en cuenta la evolución histórica del sistema francés ni los defectos inherentes a su nuevo diseño.
A nivel histórico, el sistema de gobierno en la quinta República Francesa supuso una mejora frente a los de la tercera y cuarta República, que eran básicamente sistemas parlamentarios dirigidos por un primer ministro. Por lo general, los sistemas parlamentarios sufren de inestabilidad a causa de las inestables alianzas formadas para establecer un gobierno mayoritario. Además, cuando el partido de la mayoría o una coalición forman gobierno, el papel de supervisión o control del parlamento sobre el gobierno disminuye y se debilita mucho, a la vez que el partido mayoritario tiene pocos incentivos para responsabilizarse de sus actuaciones.
Por otra parte, el presidente francés que nombra al primer ministro, por lo general entre el partido mayoritario en el parlamento, ha conservado históricamente la capacidad para elegir libremente a su primer ministro y despedirle a voluntad. A pesar de estas protecciones, el gobierno francés estuvo históricamente en sus niveles más bajos de desempeño, tanto político como económico, cuando el presidente y el primer ministro eran de partidos diferentes. A esos períodos se les denomina cohabitación. Para reducir la posibilidad de tal escenario, los franceses votaron en 2002 para recortar el mandato de su presidente de siete a cinco años para que pudieran celebrarse elecciones parlamentarias dentro del mismo año. Razonaban que celebrar elecciones durante el mismo lapso de tiempo disminuiría la posibilidad de cohabitación.
En efecto, esta lección se aprendió duramente en Irán. En vísperas de la Revolución Islámica de 1979, el país adoptó también el sistema híbrido francés de compartir los poderes ejecutivos entre el presidente y su primer ministro, que había sido designado entre el partido mayoritario en el parlamento. Con el correr de los años, el sistema demostró ser disfuncional incluso cuando el presidente y el primer ministro pertenecían al mismo partido. En 1989, los iraníes enmendaron su constitución y abolieron el puesto de primer ministro.
En la nueva constitución egipcia, el presidente cede esencialmente todas las políticas internas y económicas a su primer ministro, que está facultado para nombrar al gabinete con la excepción de unas pocas carteras, como exteriores y defensa. La principal responsabilidad del presidente en esta constitución es supervisar las áreas de la seguridad nacional, asuntos exteriores y defensa. Ya que el ejército se encarga de la mayoría de las políticas de defensa, la principal responsabilidad del presidente egipcio en la nueva constitución es esencialmente dirigir los asuntos exteriores con aportaciones indirectas sobre otros asuntos nacionales.
Además, el mandato del presidente es de cuatro años mientras que el del parlamento es de cinco. Por tanto, las elecciones presidenciales y parlamentarias coincidirán sólo cada dos décadas. Así pues, no es inverosímil que una vez que la democracia egipcia eche raíces y se haga más dinámica y competitiva, el presidente pueda a menudo proceder de un partido diferente del que representa la mayoría del parlamento, lo que podría llevar a una malsana rivalidad o incluso a la parálisis.
Lo más seguro es que el electorado egipcio tenga un duro despertar al darse cuenta de que cuando eligieron a su presidente, este no tenía el poder suficiente para cumplir cualquiera de los contenidos de la agenda interna o plataforma que defendió y para cuyo cumplimiento recibió un mandato popular, sobre todo si el partido mayoritario representa una ideología diferente o defiende una plataforma opuesta.
Además, la constitución ofrece una forma enrevesada para elegir al primer ministro. En principio, al presidente se le permite proponer a un primer ministro. Pero si el parlamento le rechaza, el presidente está entonces obligado a proponer un candidato del partido mayoritario. Si también se le rechaza, entonces el partido mayoritario puede imponer su propio candidato al presidente. En resumen, la nueva constitución crea una presidencia muy debilitada y frustrada donde un presidente elegido popularmente resulta desbancado en los asuntos internos por un primer ministro que con toda probabilidad ha sido elegido por los jefes del partido mayoritario.
Es lamentable que los funcionarios del Partido por la Justicia y la Libertad, que creen poder conservar su estatus como partido mayoritario en el previsible futuro, hayan optado por su beneficio político a corto plazo por encima del funcionamiento eficiente de la gobernabilidad. La forma adecuada de lidiar con el modelo anterior de presidencia imperial no era despojarlo de su poder ejecutivo eficaz a la hora de dirigir el gobierno, sino fortalecer los otros poderes de gobierno, es decir, el legislativo y el judicial, y diseñar un sistema de controles y contrapesos eficaces.
Otro defecto del borrador es que permite que el presidente disuelva el parlamento a pesar de que ambos hayan sido elegidos popularmente. Este innecesario poder concedido al presidente viola el concepto de separación de poderes consagrado en la constitución. El presidente tiene, por otra parte, poderes limitados para nombrar a muchos funcionarios de alto rango y ninguna autoridad en la selección de un juez o fiscal. En la mayoría de los casos, existen instituciones autónomas del gobierno que proponen y eligen a esos funcionarios y se los imponen al presidente. Su papel se reduce básicamente a firmar las cartas de nombramiento como cualquier otro burócrata del gobierno. Así pues, parece que la naciente democracia egipcia puede necesitar de un tiempo considerable antes de ajustar y calibrar su sistema de gobierno.
Egipto no se convirtió en el pasado siglo en el centro del Mundo Árabe a causa de su considerable población, su situación central o sus grandes riquezas. La razón fundamental de la preeminencia de Egipto en el Mundo Árabe, y de hecho en todo el hemisferio sur durante muchas décadas, se debió a su coraje intelectual, a su diversa y vibrante cultura y a su dinámica sociedad en todos los campos de la civilización humana y el desarrollo, incluyendo el académico, la innovación, la educación, las ciencias, las artes, la literatura, el cine y el teatro.
Durante el período de la descolonización, e incluso a lo largo de las épocas dictatoriales de Nasser y Sadat, Egipto produjo gigantes en todos los ámbitos de la actividad intelectual. Pero, sorprendentemente, el Egipto de hoy es extremadamente pobre no sólo en recursos materiales sino en la producción de pilares y líderes intelectuales capaces de remover el espíritu del país y guiarlo hacia su glorioso destino final en el altar de la historia. Egipto se merece una clase política mucho mejor que los insignificantes actores de hoy en día peleándose para conseguir pequeños y momentáneos triunfos políticos. La nación necesita deshacerse de unas elites siempre perdidas en disputas y crear nuevas generaciones que sean capaces de comprender su gran potencial a la hora de levantar no sólo a su pueblo, no sólo a los árabes, sino de constituirse asimismo en un brillante ejemplo para el mundo entero de cómo, tras décadas de represión, corrupción y desesperación, puede surgir una sociedad auténtica, justa y armoniosa.
Esam Al-Amin es un escritor y periodista independiente que colabora con diversas páginas de Internet. Puede contactarse con él en: alamin1919@gmail.com
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
