En numerosos países, ya sea por poner en práctica las buenas intenciones que tanto predican o por miedo a seguir perdiendo fieles, desde las instituciones católicas se ha asumido la responsabilidad que conlleva el haber sido denunciados por abusos sexuales, dando por respuesta la dimisión de obispos involucrados directa o indirectamente en los mismos, indemnizando a las víctimas para compensar los daños causados e incluso, en algunos casos, se han sufragado comisiones independientes para llegar hasta el fondo de dichas investigaciones y delitos cometidos por personal religioso durante las últimas décadas. No es el caso de España, claro.
Que la Iglesia ha cometido miles de abusos sexuales hacia niños y niñas durante muchísimos años es un secreto a voces, voces que son ignoradas cuando no silenciadas. Pero lo cierto es que hay un desinterés general por parte de las instituciones en investigar esta lacra como ocurre también con el silenciado tema de los miles de niños robados, y si hablamos de La Conferencia Episcopal Española, ya no solo es que haya un desinterés en investigarlo, sino que además vemos como se ríe de las víctimas que con tanto esfuerzo y miedo denuncian dichos abusos. Ejemplos hay muchos, como el hecho de que el obispo Juan Antonio Menéndez (fallecido en 2019) fuera nombrado presidente de la comisión antipederastia de la CEE, a pesar de que se tenía constancia de que había cambiado en último momento la pena impuesta, rebajándola, a un sacerdote acusado de pederastia, antes de ser enviada a Roma.
También encontramos que ante el último documento que recientemente se ha enviado incluso al Vaticano con más de 251 casos nuevos de pederastia, la CEE no da crédito suficiente y apunta a que todo forma parte de una campaña de ataque y desprestigio hacia la Iglesia, sin caer en la cuenta que la mejor campaña la han hecho ellos mismos al incumplir incluso sus propias normas canónicas, por no hablar de las conductas antiéticas que llevan realizando desde hace cientos de años mientras predican todo lo contrario.
El Papa Francisco desde el Vaticano, como así le corresponde, ha mandado investigar esos abusos en la Iglesia española, no sabemos si realmente con buenas intenciones o para intentar tapar como el mismo Vaticano ha encubierto durante tantos años esos delitos y tantos otros llevados a cabo por miembros de la Iglesia. Ante ello, distintos responsables católicos españoles se atreven a declarar que no les interesa el tema y que es sucio, o que solo son pequeños casos o se niegan a abrir una investigación canónica. También encontramos falsas buenas palabras, como la proveniente de la Congregación de los Maristas que sin despeinarse dicen que condenan esos terribles hechos, que piden perdón a las víctimas, las cuales son su prioridad, que creen en su palabra y se ponen a su disposición, olvidándose mencionar como años anteriores incluso trasladaron de lugar a un religioso por abusos cuando el caso se hizo público.
Para colmo, la fingida incredulidad de la CEE ante las denuncias de abusos sacadas a la luz en medios de comunicación, la basan en que las víctimas nunca denuncian directamente en la Iglesia, sino que denuncia en otras instituciones o en la presa. Después de saber y de tener constancia de numerosos casos en los que los mismos representantes de la Iglesia han protegido a acusados de estos abusos, no solo puede parecernos una actuación macabra por parte de la CEE, sino que además ellos mismos están incumpliendo numerosos artículos de la carta apostólica que el Papa Francisco mandó en 2019 – y recordemos que es el máximo representante de la Iglesia – donde insistió en que se investigue cualquier caso de abuso del que se tenga constancia, aunque sea a través de medios de comunicación o por un simple rumor. Pero para la CEE no es más que papel mojado.
Y uno de los problemas con los que se encuentran todas esas valientes víctimas que sacan su testimonio a la luz, es que dichos abusos han prescrito ante nuestra justicia, de modo que la única posibilidad de reparación que les queda a todos ellos es que la misma Iglesia quiera reparar dicho daño voluntariamente, dependiendo de ella el reconocer el daño causado y el compensar dicho daño.
Mientras en otros países han reconocido esos abusos e intentan hacer un poco de justicia con las víctimas, como en Francia donde se ha reconocido a 330.000 víctimas tras una comisión de investigación y donde la institución eclesiástica dice incluso estar dispuesta a vender “su” patrimonio inmobiliario para pagar las indemnizaciones, en España la Iglesia dice desconocer el número de casos de pederastia o afirman que es un número muy muy bajo, obviando que algunas diócesis españolas incluso han pagado a las víctimas a cambio de silencio o bajo amenaza, a pesar de que estos acuerdos extrajudiciales también estén prohibido por el Vaticano desde 2019. Aclaran que no van a abrir una investigación general y piden que, si hay víctimas de abusos, estas acudan a sus oficinas de atención; curiosamente en dichas oficinas apenas se han registrado denuncias mientras que estas no paran de llegar a la prensa que han destapado los últimos casos.
Ante la ausencia de datos oficiales en nuestro país, no queda más remedio que contabilizar los casos conocidos a través de los medios de comunicación o por las escasas sentencias judiciales, de las que se sabe que ridículamente son unos dos millones de euros lo que la Iglesia ha tenido que gastar en indemnizaciones a nada más y nada menos que 173 víctimas. Cerca de 200 víctimas de las que oficialmente se tiene constancia, pero se deduce que hay miles más.
Con estas evidencias en las manos, podemos deducir que uno de los miedos que tiene la CEE de sacar la verdad a la luz es el hecho de que tienen que pagar -económicamente- por ello. Y para la Conferencia Episcopal Española eso sí que no es papel mojado.
