La financiación pública de una “escuela católica”, o de cualquier otra escuela confesional o no, en aras de la libertad religiosa o del fomento de la libertad de empresa, erosiona nuestro sistema público educativo y refuerza la desigualdad social e incluso regional.
Durante meses hemos oído, por parte de los partidos, tres palabras por encima de otras: moderación, sensatez y desbloqueo. El discurso del rey, en la apertura solemne de la legislatura, ha significado el desbloqueo institucional. Pero ¿esto es seguro? ¿Acaso Rajoy no ha sugerido que si no pueden aprobar los presupuestos convocaría elecciones de nuevo? La nueva legislatura, todos los comentaristas lo indican, nace inestable, con paso poco firme. Se parece a un flan chino: tiembla mucho.
El peligro que corre la democracia de pacotilla que tenemos es que se intenten emprender reformas que no sean tales. Y esto en todas las cosas: en la educación, en las pensiones o el mercado laboral. Reformas que parezcan reformas y queden las cosas como están o peor, es decir, deteriorándose; no abordándose de verdad los problemas que existen.
El PP ya está preparando, junto con Ciudadanos, un pacto por la educación para esta legislatura pero ¿qué podemos esperar con la correlación de fuerzas existentes? ¿Qué pacto se puede esperar? Pongamos las cosas en orden primero: ¿qué tipo de reformas sería necesario? Todo el mundo tiene ideas pero nadie formula nada claro. El Consejo escolar del Estado, sin embargo, viene proponiendo una serie de medidas que se deberían tener en consideración. Destacaríamos dos: en primer lugar, igualar el gasto en educación no universitaria al gasto medio de la OCDE. Como se sabe la media se sitúa en 5.5% del PIB y España se encuentra en el 4,1%. Este sería un primer objetivo.
En segundo lugar, sería alcanzar los niveles de titulación obligatoria para el 85% o 90% de la población escolar: ese sería un segundo gran objetivo ya que nuestro abandono escolar se sitúa casi en el 30%.
Indudablemente existen otros objetivos a alcanzar en una reforma educativa en profundidad. Por ejemplo abordar una reforma radical en los contenidos y métodos de la enseñanza obligatoria y desarrollar una reforma de la formación profesional de largo aliento. Si se emprendiera la reforma necesaria en la formación profesional se requeriría al menos el doble de gasto que en la actualidad y la implicación de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero en vez de eso lo que se viene haciendo, silenciosamente, es la privatización de la formación profesional a través del cheque escolar. Pero las reformas no serían sólo necesarias en cuanto a los objetivos a formular también lo serían en cuanto al modelo educativo y aquí se encuentra el centro del problema.
Nuestro modelo educativo reproduce la segregación social existente distribuyendo a los niños, no en función de sus capacidades y necesidades, sino de su pertinencia a tal o cual nivel social y para ello utiliza un sistema público y otro privado, financiado públicamente. Esa es la realidad. Y todo esto se hace en nombre de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa. De ahí proviene, en gran medida, el desorden y el desasosiego escolar. El desorden escolar es patente en los resultados ya que nuestros alumnos están calificados entre los más bajos en muchas materias, incluso en el arrogante informe PISA.
La educación privada en España supone el 33% de los alumnos escolarizados cuando la media Europa no alcanza el 10%, es decir España es el primer país europeo donde la enseñanza privada es más fuerte. En algunas áreas metropolitanas, como Madrid o Barcelona, estas cifran superan el 50%. Un pacto escolar que no aborde el problema de los centros privados concertados y la fragmentación en dos sistemas de la financiación pública no avanzará demasiado. Detrás de los centros concentrados, desgraciadamente, existen muchos intereses ya que la educación no sólo es un servicio público, también es un negocio con claras implicaciones ideológicas. Es curioso que casi ningún partido político ponga sobre el tapete la escuela laica. La escuela laica es más que sacar la religión de los colegios públicos: es tener en máxima consideración social la enseñanza primaria y secundaria; considerar la escuela como el elemento central para la emancipación de los ciudadanos de sus pertenencias particulares, sean religiosas, sociales o familiares. La financiación pública de una “escuela católica”, o de cualquier otra escuela confesional o no, en aras de la libertad religiosa o del fomento de la libertad de empresa, erosiona nuestro sistema público educativo y refuerza la desigualdad social e incluso regional. La consideración que se tiene de la enseñanza pública en España es, por parte los últimos gobiernos, muy pobre: con motivo de la crisis económica, España es el país de Europa, junto con Grecia, que más recortes ha realizado en la enseñanza primaria y secundaria. La reforma educativa exige todo lo contrario a la moderación y sensatez. Requiere radicalidad, audacia e incremento del gasto público.
