Los responsables del centro educativo privado Nuestra Señora de Loreto de València y la Orden de las Escuelas Pías, gestora, entre otros, del centro privado en València, han recurrido ante los tribunales la resolución de la Conselleria de Educación que establece el arreglo escolar para el próximo curso 2017-2018.
Según las notificaciones publicadas ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, ambos centros han recurrido la resolución del 19 de mayo de 2017 de la Conselleria de Educación por la que se estableció el reparto de unidades y por la que pierden dos concertadas en Primero de Bachillerato en el caso de Nuestra Señora de Loreto y una unidad de infantil de 3 años, en el caso del centro de las Escuelas Pías de València.
Según la resolución oficial de mayo, Educación alega que, en el caso de las unidades de Bachillerato, la escolarización «no es obligatoria» y las necesidades que hay en la zona «son atendidas ya por los centros públicos y/o privados concertados».
En el caso de Escuelas Pías, que pierde una unidad de infantil de 3 años y mantiene otras dos, Educación defiende que el motivo de la supresión del concierto para esta tercera unidad es que la demanda de puestos escolares en la zona «solo justifica el concierto para las unidades que se indican» y las necesidades de escolarización de la zona «ya son atendidas».
Ocho recursos
Con estos dos recursos (que se tramitan también en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ya son al menos ocho centros educativos concertados los que han llevado el arreglo escolar de Vicent Marzà ante los tribunales para intentar mantener unidades suprimidas de cara al próximo curso. Seis de estos centros han conseguido mantener las unidades desestimadas en un primer momento a través de otros tantos pronunciamientos del TSJ que han aceptado las medidas cautelares solicitadas permitiendo mantener de esta forma las aulas siempre que los centros hicieran frente a las fianzas que, como garantía, ha establecido la administración.
Así, los tribunales han devuelto unidades concertadas de forma cautelar al centro Domus de Godella, La Purísima de València, La Salle de Alcoi, el centro de educación infantil Saint Patrick de Bétera, La Purísima de Alzira y el colegio El Pilar de València, que mantiene una unidad de bachillerato anulada por Educación de forma cautelar gracias al sexto auto dictado en este sentido por el TSJ a finales del pasado mes de julio.
La mayoría de los recursos se han centrado en la eliminación de unidades concertadas de primero de Bachillerato (27 en total tras la aceptación de alegaciones), ya que este recorte dejaba a siete centros en una difícil posición al perder todas las unidades autorizadas de primero con lo que la continuidad de esta enseñanza estaba en entredicho.
Fianzas obligatorias
El elevado coste de la fianza exigida por el TSJ (y fijada por la conselleria) ha llevado al colegio Domus de Godella, el primero en conseguir las medidas cautelares, a renunciar a su aplicación. Para poder mantener el concierto de su unidad de primero de Bachillerato debían depositar más de 545.000 euros.
El otro colegio que ya conoce el importe del aval, La Purísima de València, estaba pendiente a finales de julio de decidir qué hacer. En su caso, el mantenimiento de dos líneas de primero de Bachillerato suprimidas por el arreglo escolar dependían de aportar 539.000 euros para asegurar la financiación en el caso de que, tras el proceso judicial, se estimara la conveniencia del arreglo.
