La Coalición Argentina por un Estado Laico(CAEL) y la Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP) han enviado al Presidente de la República un escrito exponiendo las razones de ese retroceso en el ordenamiento jurídico de la libertad de conciencia en Argentina.
Nos comunicamos con usted desde la Coalición Argentina por un Estado Laico(CAEL) y desde la Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP), para expresarle nuestra opinión en referencia al Proyecto de “libertad religiosa” que se impulsa desde el ejecutivo nacional.
Según trascendió en diversos medios de comunicación, el ejecutivo Nacional estaría enviando un proyecto de “libertad religiosa” al Congreso de la Nación, cuando comiencen las sesiones ordinarias. De acuerdo con diferentes publicaciones en periódicos y portales, incluso religiosos, el citado documento contendría elementos que significarían un retroceso jurídico en materia de igualdad y libertad de conciencia.
Es de público conocimiento que el anteproyecto tiene la venia de la cúpula de la iglesia católica apostólica romana y de los sectores más reaccionarios del evangelismo local. Justamente, porque proviene del riñón del Opus Dei, representado por el Secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada, ex funcionario de varias dictaduras, y por movimientos evangélicos ”Provida”.
Se promociona como un avance porque vendría a eliminar un decreto de la dictadura de los ´70, pero en realidad por lo trascendido, la intención de la modificación sería perpetuar y profundizar el clericalismo católico y extender algunos de los privilegios a otras confesiones, es decir, ahondar aún más el confesionalismo estatal heredado de cada golpe de Estado.
Pretender introducir como delitos penales elementos derivados de conceptos como profanación y blasfemia, para criminalizar la crítica hacia las religiones, es hacernos retroceder a mediados del siglo XVIII, donde se confundía delito con pecado. Actualmente contamos con una ley antidiscriminatoria y suficientes mecanismos, para garantizar el libre funcionamiento de los cultos y la protección jurídica de sus ministros.
Intentar profundizar el marco jurídico de la objeción de conciencia con bases religiosas para que más médicos y jueces sigan negando derechos a las mujeres, es ciertamente medieval.
Otorgar la inembargabilidad de los bienes de las religiones que se registre y, extender las exenciones impositivas a instituciones religiosas, no son acciones para ampliar derechos, es crear privilegios para los líderes de las religiones institucionalizadas.
Actualmente el sostenimiento de la iglesia católica apostólica romana nos cuesta más de $10mil millones anuales que provienen del erario público, miles de propiedades fiscales y su intromisión permanente en nuestro derecho y la cosa pública. Un camino hacia la igualdad y libertad religiosa sería la eliminación de estos prerrogativas que existen en detrimento de toda la ciudadanía.
Para realmente garantizar más libertad e igualdad, se debe legislar con una visión de progreso, no vulnerando derechos adquiridos en nuestro país. De convertirse el proyecto en ley se estaría contraviniendo la Constitución y derechos reconocidos internacionalmente en tratados de jerarquía constitucional como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si realmente se quiere legislar bajo el principio de igualdad, las instituciones religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles, dándoseles estatus jurídico especial. Otorgar más beneficios a quién manifiesta una creencia sobrenatural transformaría a nuestro Estado, definitivamente, en confesional o multiconfesional. Ubicándonos entre los países más atrasados del orbe. Las exenciones impositivas, subsidios, privilegios aduaneros, facilidad en trámites, donaciones, etc., deben ser otorgados equitativamente bajo el mismo marco jurídico a todas las asociaciones que cumplen roles sociales probados, sin discriminar por la base ideológica que las sustenta y deberán rendir cuentas, algo que nunca hizo la iglesia católica con el dinero de nuestros impuestos.
El único marco jurídico compatible con los valores republicanos para garantizar la igualdad y libertad de consciencia, es el Estado laico, que respeta a creyentes de cualquier culto y no creyentes(15% de la población argentina) sin privilegiar ni perseguir a ninguno.
Por todo lo expuesto creemos que no debería avanzarse en la dirección del anteproyecto que ha trascendido, y que si se pretende legislar respecto a la libertad religiosa, afectando la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, debe consultarse también a creyentes de otros cultos, no solo cristianos, y a no creyentes, ateos y agnósticos.
Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP) Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
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